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Ley 22428 – Conservación de Suelos

11-escnacional

Conservación de Suelos
Ley 22428
Poder Legislativo Nacional

Buenos Aires, 16 de marzo de 1981

Capitulo I
Objetivos Ámbito De Aplicación

Artículo 1º: Declárase de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.

Art. 2º: El Estado Nacional y la Provincias que se adhieran al régimen de la presente Ley fomentarán la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados en al Artículo 1.

Art. 3º: A los efectos indicados en los artículos 1 y 2, las respectivas autoridades de aplicación podrán declarar Distrito de Conservación de Suelos toda zona donde sea necesario o conveniente emprender programas de conservación o recuperación de suelos y siempre que se cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o regiones similares. Dicha declaración podrá igualmente ser dispuesta a pedido de productores de la zona.

Art. 4º: En los Distritos de Conservación de Suelos se propiciara la constitución de consorcios de conservación, integrados voluntariamente por productores agrarios cuyas explotaciones se encuentren dentro del Distrito, quienes podrán acogerse a los beneficios previstos en esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

Los textos enunciados en esta página no tienen valor legal, sirven solamente a título informativo.

Capitulo II
Régimen De Adhesión Autoridades Provinciales De Aplicación

Art. 5º: Las provincias que se adhieran al régimen de la presente ley deberán:

a. Designar una autoridad provincial de aplicación;

b. Completar el relevamiento de los suelos y el conocimiento agro ecológico de su territorio a una escala de estudio que posibilite el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;

c. Realizar las obras de infraestructura que sean necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del suelo, coordinando, en su caso, la construcción de las mismas con las autoridades nacionales correspondientes según su naturaleza;

d. Promover la investigación y experimentación en los aspectos relacionados con la conservación del suelo, así como difundir las normas conservacionistas que correspondan a toda la población a partir de la enseñanza elemental;

e. Propiciar la formación de técnicos especializados en la materia, pudiendo a tales efectos celebrar convenios con la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, u otros organismos oficiales o privados;

f. Otorgar, a través de los bancos oficiales o mixtos de su jurisdicción, créditos especiales a los productores que integren un consorcio, en las condiciones y a los fines referidos en el Capitulo I de esta ley.

g. Aportar recursos presupuestarios en la medida de su posibilidades para condiciones y a los fines referidos la ejecución de las obras y trabajos que resulten necesarios para el manejo conservacionista de las tierras que, por su magnitud o localización no puedan ser efectuados por los particulares o para integrar a los productores parte del costo de los trabajos y obras que hayan realizado de acuerdo con los planes aprobados, en tanto no resulten cubiertos con el subsidio a que se refiere el artículo 9, inciso c) de esta ley.

Art. 6º: Competerá a las autoridades de aplicación de las provincias que se adhieran al régimen de la presente ley:

a. Crear y organizar los Distritos de Conservación de Suelos conforme a lo prescripto en el artículo 3.

b. Propiciar la constitución de consorcios de conservación de acuerdo al artículo 4.

c. Facilitar y orientar el asesoramiento técnico a los Consorcios de Conservación;

d. Propiciar la constitución de áreas demostrativas del manejo conservacionista de las tierras con productores interesados;

e. Recomendar la adopción de las medidas que estime conveniente a fin de que se apliquen normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de las obras públicas a realizarse en su jurisdicción, como asimismo la de modificar aquellas existentes que perjudiquen la conservación de los suelos;

f. Aprobar los planes y programas de conservación y recuperación de suelos que elaboren los consorcios y elevarlos a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10, así como verificar el cumplimiento de los mismos;

g. Emplazar a los responsables, por el término que al efecto se fije, a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o contratar a costa del incumplimiento la ejecución de los trabajos que correspondan realizar, en caso de incumplimiento de los planes y programas aprobados o en situaciones de emergencia.

Capitulo III
De Los Consorcios Voluntarios De Conservación De Suelos

Art. 7º: Los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y tenedores a cualquier título de inmueble rurales que se encuentren comprendidos en las zonas declaradas distritos de Conservación, podrán solicitar a la autoridad de aplicación la aprobación de la constitución de uno o más consorcios de conservación de conformidad con las reglamentaciones de la presente ley.

En caso de no ser posible la formación de un consorcio y a titulo excepcional, un productor del Distrito podrá solicitar el reconocimiento de su explotación como área demostrativa o como predio conservacionista, con los mismos beneficios y obligaciones que se establezcan para los consorcios de conservación.

También se podrán extender esos beneficios y obligaciones a un productor cuyo predio no se encuentre en un Distrito de Conservación pero que, a juicio de la respectiva autoridad de aplicación, merezca ser considerado como área de experimentación o de recuperación de suelos.

Art. 8º: Los integrantes de los Consorcios de Conservación deberán comprometerse a cumplir las siguientes obligaciones:

a. No realizar prácticas de uso y manejo de tierras que originen o contribuyan a originar una notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos del Distrito;

b. Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo que se consideren imprescindibles para la conservación de la capacidad productiva de los suelos.

Estas obligaciones se establecerán de conformidad con los planes y programas que, a propuestas del Consorcio, apruebe la autoridad de aplicación. Asimismo el Consorcio estará obligado a poner en conocimiento de la respectiva autoridad de aplicación los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas, a efectos que la misma ejercite las atribuciones que le competen.

Capítulo IV
De Los Beneficios

Art. 9º: Los productores agropecuarios integrantes de un Consorcio de Conservación de Suelos constituido de conformidad con las prescripciones de esta ley, que realicen inversiones y gastos directamente vinculados con la conservación o la recuperación de suelo en cumplimiento de los planes y programas que a propuesta del Consorcio, aprueben las autoridades de aplicación, tendrán derecho a:

a. Participar de los estímulos que dispongan las provincias a los efectos de propender a la conservación o recuperación de los suelos, en cumplimiento de lo establecido en los inciso f) y g) del artículo 5.

b. Gozar de los créditos d fomento que otorgue el Banco de la Nación Argentina para financiar aquellas inversiones que no estén cubiertas por los subsidios nacionales o provinciales;

c. Recibir subsidios para el cumplimiento de los mencionados planes, cuyo monto establecerá anualmente el Ministerio de Economía de la Nación en la forma prevista en el Artículo 10. La percepción de este beneficio importará para el productor la obligación de efectuar todas las prácticas conservacionistas dispuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 12, aún aquellas que no fuesen subsidiadas.

Art. 10º: A los efectos previstos en el artículo anterior, las autoridades de aplicación deberán elevar anualmente a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación y dentro del término que establezca la reglamentación, los planes y programas conservacionistas, que se aprueben para los Distritos de sus respectivas jurisdicciones, acompañando un cálculo estimativo de las inversiones, así como también de los costos cuyos reintegros se hayan previsto de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 5, inciso g)

En función de esta información el Ministerio de Economía, a propuesta de las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda, elaborará el Programa Anual de Promoción a la Conservación y Recuperación de los Suelos, documento que deberá contener el monto del subsidio que se afecte a los planes aprobados de conservación de suelos, que se expresará mediante un crédito global que será incorporado a la Ley de Presupuesto.

Art. 11º: La secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería determinará los costos de las obras y trabajos a realizar en cada Distrito de Conservación, de conformidad con los planes y programas que se aprueben, para lo cual solamente serán consideradas las inversiones vinculadas directamente con las prácticas y manejos conservacionistas.

Igualmente establecerá el porcentaje a subsidiar, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el Programa Anual de Promoción y la naturaleza y características de las alteraciones existentes en cada Distrito, pudiendo oscilar el monto del subsidio entre el treinta por ciento (30%) y el setenta por ciento (70%) de los costos actualizados de las inversiones y gastos previstos en cada plan.
Dicho monto podrá llegar el cien por ciento (100%) de los Distritos de Conservación sin riego ubicados al sur del Río Colorado.

Art. 12º: Los productores que se beneficien con el subsidio previsto en esta ley deberán presentase ante la autoridad de aplicación que corresponda detallando el plan de inversiones y gastos que habrán de efectuar de conformidad con el programa que se apruebe para su Consorcio, indicando los períodos anuales en que realizarán. El plan incluirá la información básica suficiente de suelos y, en su caso, de la vegetación y una planificación de uso y manejo de los mismos con especificación de las prácticas conservacionistas.

Posteriormente deberán certificar las obras que se hallan realizado de acuerdo al plan. La presentación y los certificados de obras deberán ser suscriptos por profesiones responsables en la forma que determine la reglamentación.

Art. 13
º: La resolución que acuerde el beneficio se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda, en la forma que determine la reglamentación con la conformidad del propietario en el supuesto que el beneficiario realice las inversiones y gastos en campo ajeno.

En los caos que corresponda no se autorizará la entrega de fondos a los beneficiarios sin que previamente se acredite el cumplimiento de esa obligación.

El monto del subsidio previsto en el artículo 10 será entregado a los beneficiarios por la secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, en la forma que prevea la reglamentación.

Capítulo V
Incumplimiento – Reintegro

Art. 14º: Sin perjuicio de las responsabilidades penales que corresponda, los productores que se beneficien con los subsidios previstos en la presente ley deberán reintegrar los importes que reciban, cuando hubieren transcurrido seis (6) meses, a partir de las fechas establecidas para el retiro de los fondos, sin que hubieren presentado los certificados de obra que acrediten la realización de las inversiones dispuestas en el plan que aprueben la autoridad de aplicación o sí los hubieren falseado. La misma sanción se aplicará a los productores que hayan destruido las obras subsidiadas, sin autorización de la autoridad de aplicación.

Los montos a reintegrar se reajustarán mediante la aplicación del Índice de Precios al por Mayor, Nivel General, que publique el Instituto Nacional de Estadística y censos o el organismo que lo sustituyere, teniendo en cuenta la variación que se opere en el mismo desde el segundo mes anterior a aquel al que corresponda la fecha de la puesta de los fondos a disposición del beneficiario, hasta el segundo mes anterior a la fecha de reintegro. Sobre el monto actualizado se aplicará un interés compensatorio del seis por ciento (6%) anual por el período comprendido entre ambas fechas.

Art. 15º: En el supuesto de que el beneficiario no efectúe el reintegro referido en el artículo precedente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería procederá a intimarle el pago por el plazo de treinta días (30), vencido el cual se aplicará un interés punitorio del dieciséis por ciento (16%) anual hasta el efectivo pago de lo adeudado.

Contra la resolución que disponga la intimación de pago procederán los recursos previstos en la Ley 19.549.

Art. 16º: El cobro judicial de los importes que se intimen de conformidad con lo establecido en el artículo 15, se hará por la vía de ejecución fiscal prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida por la secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. 17º: Los reintegros previstos en el artículo 14 no serán exigibles cuando las obras e inversiones cuya realización se previera no hayan podido efectuarse o lo hayan sido sólo parcialmente, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, puedan justificar, por su gravedad, la demora producida, en cuyo caso podrá acordar plazos supletorios para la realización de los trabajos incumplidos.

Art. 18º: La obligación de reintegrar establecida en el artículo 14 se transferirá el adquirente o cesionario, en el supuesto que el beneficiario hubiere transmitido el dominio del inmueble o cedido su derecho de uso sobre el mismo sin haber acreditado la realización de las inversiones y obras en la forma y en los plazos previstos en el artículo citado. Sin perjuicio de ello, el adquirente o cesionario podrá repetir el enajenante o cedente los importes abonados.

Art. 19º: Los profesionales que hubiesen falseado u ocultado la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en las certificaciones de obras e inversiones o en cualquier otra presentación, serán solidarias e ilimitadamente responsables con los titulares de los respectivos planes por las obligaciones que correspondan al mismo de acuerdo con lo prescripto en los artículos 14,15 y 16 de esta ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y de acuerdo con la naturaleza e importancia de la trasgresión, los profesionales intervinientes serán inhabilitados para actuar en trabajos técnicos ante la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería y entidades autárquicas de su jurisdicción, por hasta un máximo de diez (10) años.

La inhabilitación será impuesta por la mencionada Secretaría de Estado, previa sustanciación de un sumario que asegure el derecho de defensa.

Contra la decisión administrativa que imponga la sanción podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dentro de los cinco (5) días de notificada. El recurso deberá presentarse y fundarse ante la precitada Secretaría de Estado.

Art. 20
º: Los beneficiarios podrán sustituir al profesional actuante, pero aquel que lo sustituya estará obligado a poner en conocimiento de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería las irregularidades que pudieran existir en cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los titulares de subsidio, especialmente respecto de las certificaciones que se hubieren extendido hasta la fecha de la sustitución. En caso de no formular esta denuncia será asimismo solidaria e ilimitadamente responsable con el titular y con el profesional sustituido, en la forma y con los alcances previstos en el artículo anterior.

Capítulo VI
Exenciones Impositivas – Disposiciones Generales

Art. 21º: Los montos que se perciban por aplicación de esta ley no estarán alcanzados por ningún impuesto nacional presente o a crearse. No será tampoco de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1977, o en la norma similar que lo sustituya, sobre los importes percibidos.

Estará exento del impuesto sobre el capital de las empresas (Ley 21.287 y sus modificatorias) o de los impuestos que los complementen o sustituyan, el valor impositivo correspondiente a las inversiones que se realicen en virtud de esta ley, durante un período máximo de cinco (5) años a contar de la fecha en que se aprueben los planes previstos en el artículo 9.

Esta exención se extenderá a diez (10) años en los casos en que los predios se encuentren ubicados en Zona de Frontera (Ley 18.575 y sus decretos reglamentarios) o al sur del Río Colorado (Zona Patagónica).

Art. 22º: Los beneficios previstos en los artículos 9 y siguientes de la presente Ley no podrán acumularse a los del régimen promocional establecido por la Ley nÜ 22.211 o por la que la sustituya o complemente.

Art. 23º: Cuando sea necesario declarar Distrito de Conservación una región lindera con otra u otras provincias, podrán convenirse entre las mismas declaraciones similares respecto de zonas vecinas que presenten análogas alteraciones en su suelo.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería podrá coordinar con las provincias las medidas conservacionistas que deban adoptarse con respecto a suelos degradados o en procesos de degradación ubicados en zonas limítrofes interprovinciales.

Art. 24º: Crease la Comisión Nacional de Conservación de Suelos, que será presidida por el Subsecretario de Recursos Naturales Renovables y Ecología de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación y que se integrará con representantes de las provincia que se adhieran al régimen de la presente ley, de organismos nacionales vinculados y de productores, en la forma que determine la reglamentación la que también establecerá las normas que regirán su funcionamiento.

Esta Comisión que tendrá carácter de organismo asesor, procurará asegurar la compatibilización de los esfuerzos nacionales, provinciales y privados, en todos los aspectos vinculados a los problemas del uso, conservación y mejoramiento del recurso.

Los integrantes de la misma desempeñarán sus cargos en forma honoraria.

Art. 25º: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del registro oficial y archívese.

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