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$10,30: el dinero destinado para cuidar cada hectárea de bosque nativo según el presupuesto 2020

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Desde que se sancionó en 2007, ningún gobierno cumplió con el porcentaje mínimo estipulado por ley de Bosques para conservar las zonas protegidas del país.

Antes de viajar, se suele esbozar un gasto potencial, cosa de no quedarse corto. Igualmente, los gobiernos estiman el presupuesto nacional para el año entrante, y envían ese plan a Diputados y al Senado, de modo que aprueben o rediscutan los números. De la tajada que le toca al medio ambiente, una de las áreas históricamente ninguneadas fue la protección de bosques nativos, acostumbrada a recibir montos irrisorios. Sin embargo, a quienes crean que ya lo han visto todo en materia de desfinanciamiento, acá va una sorprendente: el Ejecutivo nacional envió al cuerpo legislativo un proyecto para 2020 que destina, a cada hectárea de bosque nativo, una suma inferior a la de un boleto de colectivo.

¿Cuánto? Sólo 10,30 pesos por hectárea. Según denunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “ya es una triste costumbre que la partida destinada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos no se condiga con lo que establece la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental”.

Se refieren a la ley de Bosques. Sancionada en 2007, el texto establece que el fondo de conservación deberá integrarse con partidas presupuestarias asignadas anualmente “no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, más el “2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal”.

Sumados, esos dos montos dan un 100% que varía cada año. Pero, según advirtió FARN, en 2010 se destinó sólo el 24%. En 2013, el 10%. En 2017, el 8%. En 2019, el 4,6%. Y para 2020 se proyecta el 3,25%. En pesos, $ 609.829.000.

María Marta Di Paola, directora del área de Investigación de FARN, opinó que, “más allá del signo político, la ley siempre estuvo desfinanciada. Desde el seno político, siempre surgen prioridades que se consideran ‘más urgentes’. La materia ambiental necesita un horizonte a largo plazo y acá se suele responder a los problemas coyunturales. Se necesitan acciones activas, no reactivas”.

Clarín dialogó sobre estos temas con Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien admitió (con pesar) la insuficiencia histórica de las partidas destinadas a su área: “Es cierto que el fondo de la ley de Bosques nunca se constituyó al 100%. Desde la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Bosques siempre informa cuál es el número adecuado de acuerdo a la ley, pero el presupuesto que pretenden los ministerios es siempre más alto que lo que después se consolida en el Ministerio de Hacienda».

Para Moreno, «de todos modos eso se somete a discusión en el Congreso, donde tampoco es un tema prioritario. Gobernadores, provincias y Nación deberían terminar de definir la prioridad que se le da a la cuestión ambiental”.

Prohibido tocar

Por ley, el Estado debe destinar partidas a las provincias con bosque nativo, las cuales girarán el dinero a los “beneficiarios” (los dueños de esos territorios, sea el estado nacional, el provincial o un privado) para que puedan, por fin, concretar sus planes de ejecución. Luego deberán rendir esos gastos. ¿Por qué el Estado les da dinero a los dueños de bosques nativos y por qué es importante si se destinan 10 pesos o, en cambio, millones?

Los bosques se dividen en zonas “rojas” (no se pueden alterar) y “amarillas” (se pueden alterar mínimamente). Di Paola explicó que “el Estado busca la conservación de este tipo de ecosistemas (por los cursos de agua, por ser fuentes de absorción de C02, elemental para combatir el calentamiento global…), de modo que compensa a los tenedores por el servicio ambiental que están proveyendo al no tocar esas zonas protegidas”.

Para recibir el dinero, el beneficiario presenta un plan. Según Di Paola, “el dinero se usa para hacer corta-fuegos o mejorar alambrados, por ejemplo”. Además, agregó Moreno, “algunos se dedican al turismo y usan el financiamiento para sus actividades, para el trabajo de guardaparques, infraestructura, creación de senderos…”. Di Paola insistió en la importancia de entregar estas partidas, ya que comprometen a los tenedores a conservar los bosques.

Por cierto, la Argentina manejó cifras preocupantes de desmonte. Pero, si bien las 31,4 millones de hectáreas de bosques nativos contabilizadas en 1998 bajaron a 27,3 millones en 2015, Moreno aseguró que “la deforestación bajó mucho en los últimos cinco años: está en menos de la mitad de lo que había sido históricamente, con un 0,4% anual”.

Capítulo 2020

Como el proyecto de partidas presupuestarias para 2020 se discutirá tras la elección presidencial, Di Paola insistió en «pedir que los legisladores revisen el presupuesto y revean que se cumpla la ley de Bosques».

Moreno prefirió defender el trabajo que vinieron haciendo. Remarcó que desde 2018 se enfocaron en paliar un engorroso circuito burocrático-administrativo que provocaba grandes demoras en los tiempos desde que se otorgaban las partidas, se ejecutaban y se presentaban las rendiciones.

«Todo eso tardaba no menos de dos o tres años», dijo, y explicó: «El tema es que no se pueden asignar nuevas partidas si no se presentó la rendición anterior. Así es como empiezan los pedidos de prorrateos de las presentaciones…»

Para paliar esa situación, en 2018 se creó un fideicomiso que permite que la Nación entregue las partidas a los beneficiarios directamente, sin pasar por la posta burocrática de la gestión provincial (más allá de que la aprobación de los planes se hace en cada jurisdicción). “De todas las partidas asignadas entre 2009 y 2015, sólo el 80% de ese dinero había sido rendido”, recordó Moreno.

“El cambio está funcionando. Vemos mejoras y ya hay varias provincias que están al día, como Jujuy, Tierra del Fuego, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Misiones está por sumarse».

«Otras diez hicieron un gran esfuerzo para terminar sus rendiciones, aunque no lo lograron todavía. Y las cinco más atrasadas son Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Chubut”, detalló el funcionario, y remarcó: «Mejorar el circuito de gestión de las partidas es tan importante como aumentar el presupuesto».

 

Autora: Irene Hartmann
Foto: Greenpeace
Fuente: clarin.com

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