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Aves Argentinas pidió revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales

Noticias

En un crítico y controvertido documento, dejaron expresado la posición institucional de la organización ambiental Aves Argentinas (Asociación Ornitológica del Plata) -integrada por biólogos, agrónomos y naturalistas -respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.

“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas (Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales.

Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.

De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.

La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.

Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión  de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.

Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud. En primer lugar, es muy general el planteo y, además, confuso. Desconozco el sustento técnico o científico que lleve a determinadas aseveraciones a la ONG,  pero a mi criterio, lo que se plantea en el documento en varios aspectos es información errónea. Por ejemplo, no hay reconversión de suelo sobre áreas de bosques nativos en Corrientes. Los planes forestales son autorizados sobre ambientes que ya fueron modificados con anterioridad a la forestación”, aclaró en primer lugar el funcionario.

De igual forma, agregó que “toda preocupación ambiental es atendible, y en algún momento dialogaremos con la organización para brindarles mejor información o revisar sus puntos de vista respecto de la actividad para clarificar las dudas que se presenten y se revise lo que sea pertinente.  Ahora, los proyectos forestales que se aprobaron fueron en permitidas para ello, como también hay ganadería, arroceras, y otras actividades productivas que sin dudas transforman el ambiente, pero no está prohibido. Las forestaciones ocupan hoy sólo 500 mil hectáreas, sobre una disponibilidad de extensión de más de 4 millones de hectáreas de superficie que puede ser destinada a una actividad productiva en la provincia, según el Ordenamiento Territorial de la provincia. Aún no hay una regulación sobre humedales y pastizales, y puede ser ese en todo caso el tema pendiente a resolver para clarificar cuáles son estas áreas de mayor o menor riesgo de impacto ambiental”, precisó el funcionario.

En esa línea, indicó que también las operaciones forestales aprobadas en las áreas mencionadas se ajustan al marco legal vigente, nacional y provincial. “Corrientes tiene un ordenamiento territorial y normativas ambientales vigentes que permiten el desarrollo de estas actividades productivas bajo ciertos requerimientos y estudios de evaluación ambiental. El productor busca una actividad sostenible, convivir con la conservación debe ser por medio de alternativas que también generen rentabilidad en el campo. En ese desafío estamos trabajando”, apuntó Rojas.

Las perspectivas de crecimiento, según quien lo analice, son disímiles. Mientras la Provincia señala como una noticia positiva para la economía y el bienestar de los correntinos el aumento de la superficie forestada en el período 1998-2018 de 120.000 a 500.000 hectáreas, y consideran que tienen disponibilidad potencial para actividades productivas por más de 4 millones de hectáreas, para la ONG Aves Argentinas este “desarrollo no puede ser a través de un sistema de promoción forestal en la que el Estado Nacional promueva avanzar por sobre ecosistemas de pastizales y humedales naturales”.

De formas, la discusión ambiental estaría incluida en las modificaciones que se aprobaron para la prórroga de la Ley 25.080,  ya que distintas fuentes que participan de la reglamentación de la prórroga de la normativa adelantaron que “hay cambios, con una interpretación más restrictiva para el sector productivo. En la actualidad se discute en comisiones los artículos de la reglamentación de la normativa con una mirada desde lo social, económico y ambiental en su aplicación, y se está analizando incorporar criterios ambientales para los nuevos proyectos a presentarse en el marco del sistema de promoción forestal, que incluso exigirán una gestión ambiental integral para otorgar los beneficios de la operatoria de la 25.080”, aseveraron.

La controversia expone de alguna manera la falta de información necesaria, participación, comunicación y difusión de los aspectos que se están discutiendo desde la prórroga de la Ley 25.080 y que aún no fueron socializados desde Agricultura. Los especialistas consultados remarcan que la cuestión de fondo no estaría en la Ley forestal sino en lograr avanzar en legislaciones específicas que regulen áreas de valor de conservación en campos de pastizales y humedales que van desde la zona Sur de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Formosa.

Preocupaciones y observaciones

  • Preocupación por la pérdida de biodiversidad en la provincia de Corrientes durante el período precedente de vigencia de la Ley 25.080 (1998-2018)

Los estudios realizados sobre la biodiversidad en las plantaciones forestales en el cono sur de Sudamérica y en la región Noreste de Argentina, indican que la abundancia, diversidad y composición de especies de aves de los bosques y pastizales nativos sustituidos por forestaciones se reduce de manera significativa. Este tipo de reducción de la avifauna produce un impacto mayor en las especies amenazadas debido a que generalmente presentan poblaciones pequeñas, y muchas veces fragmentadas, aumentando significativamente su probabilidad de extinción por la pérdida de su hábitat. En este contexto, la capacidad de recuperación de las pequeñas poblaciones de especies amenazadas en los ecosistemas naturales intervenidos dependerá de las medidas de conservación a diferentes escalas geográficas que sean implementadas durante el período de operación forestal. En la provincia de Corrientes se produjo un gran aumento de forestaciones durante el período de vigencia de la Ley 25.080 (1998-2018), donde la cobertura de plantaciones aumentó de 120.000 a 500.000 hectáreas. 

“Durante el mismo período, las poblaciones de especies amenazadas de aves y disminuyeron drásticamente (80-90%). Por ejemplo, se han detectado extinciones locales de poblaciones de venado (Ozotoceros bezoarticus) de las pampas, tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y yetapá de collar (Alectrurus risora)”, indicaron en el documento.

En otras localidades también se han detectado disminuciones significativas de poblaciones de estas especies, así como de otras especies amenazadas como el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), monjita dominica (Xolmis dominicanus) y distintos capuchinos del género Sporophila. El caso de los capuchinos es más preocupante, ya que se trata de aves migratorias y amenazadas cuya principal área de reproducción a nivel global se encuentra en los pastizales de la provincia de Corrientes .

Cabe destacar que en el recientemente (https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-del-estado-del-ambiente) se establece la prioridad para acciones de conservación y monitoreo de tordo amarillo y yetapá de collar, junto con el venado de las pampas y el aguará guazú, debido que son considerados indicadores del estado del ambiente a nivel nacional.

En ese contexto, para la ONG la “intensificación y el aumento de la actividad forestal que se propone alcanzar durante los próximos años en la región NEA, representa una seria amenaza para las poblaciones remanentes de estas especies”.

  • Preocupación por la pérdida de áreas de alto valor de conservación y el incumplimiento de las medidas de protección ambiental por parte de los organismos provinciales responsables.

Las plantaciones forestales producidas en el período 1998-2018 han avanzado sobre numerosas áreas de alto valor de conservación (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, Áreas Valiosas de Pastizal) que fueron identificadas por diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales. En algunos casos, las plantaciones fueron autorizadas para emplazarse dentro de áreas protegidas como es el caso de la Reserva Provincial del Iberá.

Esto implica que las plantaciones forestales que fueron favorecidas por los incentivos de la Ley 25.080 obtuvieron la aprobación de los organismos provinciales de aplicación. Es decir, se evaluaron los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados por los mismos beneficiarios de los incentivos. Por otro lado, en los EIA generalmente se requiere la identificación de sitios, comunidades o especies de importancia para la conservación en las áreas afectadas y se determina un Plan de Gestión para mitigar o compensar los impactos negativos de los proyectos productivos. El adecuado cumplimiento de dichos planes por parte de los beneficiarios, y su correspondiente fiscalización por parte de los organismos públicos que aplican la ley en las provincias, hubiesen evitado la extinción local y la drástica disminución de las poblaciones de las especies globalmente amenazadas antes mencionadas junto con la pérdida de ambientes de alto valor de conservación que podrían haberse preservado.

 

  •  Preocupación por la falta de cumplimiento de las medidas de protección ambiental por parte de los organismos internacionales de certificación forestal.

Durante los últimos años de este período de vigencia de la Ley 25.080 (2008-2018), gran parte de las plantaciones forestales del país han obtenido certificaciones internacionales del Forest Stewardship Council (FSC). Estas certificaciones deben basarse, fundamentalmente, en garantizar que las nuevas plantaciones se establezcan sin la sustitución de ambientes naturales, sin la pérdida de poblaciones de especies amenazadas o endémicas, o la afectación de áreas de alto valor de conservación. “En el caso de la provincia de Corrientes, las entidades internacionales de certificación forestal como FSC, han avalado las forestaciones emplazadas en áreas de alto valor de conservación antes mencionadas (AICAs, AVPs y áreas protegidas).

  • Preocupación por la nueva instrumentación de la Ley 25.080 a nivel de cuencas forestales y la interpretación de los resultados de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE)

Tal como hemos indicado arriba, la implementación de los procesos de evaluación de los impactos previstos por la actividad forestal, así como su instrumentación por parte de los organismos nacionales competentes, e internacionales privados que avalan las certificaciones ambientales, merecen una fuerte revisión. La crisis de la biodiversidad en el NEA es evidenciada por la pérdida de áreas de alto valor para la conservación por el crecimiento de la actividad forestal. Sin embargo, existen otros aspectos que tampoco han sido tenidos en cuenta en las EAE y que son de gran importancia para la planificación estratégica actual y las posibilidades de desarrollo futuro de las regiones implicadas. Por ejemplo, los servicios ecológicos (o ecosistémicos) son aquellas funciones esenciales de los ecosistemas que dependen de la biodiversidad, y que cuando son afectadas o destruidas, afectan la calidad de vida de la gente .

Los servicios ecológicos incluyen tanto la provisión de materias primas (alimentos, maderas, agua potable) que tienen valor de mercado, como así también los procesos naturales que no son tangibles y no tienen valor de mercado, pero que tienen un alto valor para el sostenimiento y bienestar de las sociedades humanas, tales como son el control de la erosión de suelo, el control de plagas, la polinización, el ciclo de los nutrientes, la purificación del agua, la regulación de las inundaciones, el control del clima y hasta las áreas de recreación o turísticas.

Resulta preocupante la superposición de las cuencas forestales identificadas en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas para el NEA, NOA y Patagonia, con las ecorregiones que concentran aproximadamente el 87% del total de los servicios ecológicos de nuestro país: Esteros del Iberá, Campos y Malezales, Delta e Islas de la Mesopotamia, Yungas, Selva Paranaense y Bosque Andino Patagónico.

Esto indica que los servicios ecológicos que brindan los ecosistemas de estas ecorregiones son los más valiosos del país y observamos que en dichos ecosistemas será priorizada la provisión de madera con especies exóticas por sobre otros usos que permitan mantener una mayor integridad de los servicios ecológicos, lo cual tendrá un gran impacto a nivel social. Es decir, en las EAE elaboradas para las cuencas forestales no se han evaluado los servicios ecológicos ni los aspectos sociales que estarán afectados por el reemplazo de los ambientes naturales debido a la actividad forestal, y así poder ponderar el costo socio-ambiental de la promoción de la actividad forestal a escala regional.

  • Importancia de asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080. Si bien en las EAEs se ha utilizado información sobre especies amenazadas y áreas protegidas, no se han elaborado mapas que presenten la superposición de las cuencas forestales propuestas con todas las áreas protegidas existentes (estatales y privadas), y con todas las áreas de alto valor de conservación que han sido identificada por organismos nacionales e internacionales antes mencionados. Es por ello que en los mapas de las cuencas evaluadas no se han destacado áreas que son consideradas irreemplazables para la conservación de la biodiversidad a nivel global por una alianza de organizaciones conservacionistas internacionales (KBAs, Key Biodiversity Areas). Por ejemplo, en la región NEA se mapean zonas para forestar cubriendo sitios de alto valor de conservación como los remanentes de las Selvas de Montiel , las Islas de Victoria, el Sur de Ramallo, Parque Nacional (Pre-Delta) en la provincia de Entre Ríos. También se indican con aptitud forestal los remanentes del Espinal de Mercedes, y el Parque Nacional y Reserva y Parque Provincial Iberá en la provincia de Corrientes, y amplios sectores de la Reserva de Biósfera Yabotí en la provincia de Misiones.

Por las preocupaciones antes expuestas recomendamos incluir en todas las EAE toda la información disponible tanto sobre áreas protegidas estatales y privadas, como de las áreas identificadas en los ejercicios de planificación de la conservación de la biodiversidad que están disponibles como AICA y AVPs, y otros sitios que cumplan los criterios para ser declarados como KBAs a nivel global.

Asimismo, recomendamos incluir en las EAE el diseño y planificación para la creación de nuevas áreas protegidas y de corredores biológicos basados en los ejercicios de planificación existentes, para compensar los impactos de esta actividad productiva y garantizar la conservación de la biodiversidad remanente de los ecosistemas naturales dentro de la matriz forestal. Estas acciones de planificación para la conservación son claves para evitar las extinciones de poblaciones de especies amenazadas, el mantenimiento de procesos ecológicos en los paisajes productivos, y para permitir la restauración de las áreas degradadas en el futuro.

  • Importancia de contemplar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad más amenazada con la incorporación de planes de conservación de especies amenazadas en cada cuenca forestal designada por la Ley 25.080. La recuperación actual de las poblaciones de especies amenazadas que han disminuido su tamaño poblacional debido al incremento de la superficie forestal durante las últimas décadas sólo será posible mediante la implementación de planes de acción enfocados en especies. Se debe considerar que las acciones para la conservación de especies amenazadas en este escenario ambiental se deberán desarrollar tanto en áreas productivas como en áreas protegidas. Se recomienda establecer y monitorear el cumplimiento de planes de conservación para cada una de las especies amenazadas de cada cuenca forestal, especialmente aquellas que han sido identificadas como especies indicadoras del estado del ambiente por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Importancia de contemplar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la evaluación de otros usos de la tierra y su impacto socio-ambiental en la provisión de servicios ecológicos. La actividad forestal no es el único uso de la tierra que debe fomentarse en las denominadas cuencas forestales. En las EAE se debería incluir la evaluación de los servicios ecológicos afectados por las forestaciones y la comparación con distintas alternativas de intervenciones territoriales, con el estado actual de uso del suelo y recomendando la promoción de las actividades más sustentables social y ambientalmente. Estas alternativas deberían incluir, en principio, las forestaciones, la agricultura, la ganadería sobre pastizales naturales, el manejo de selvas y bosques nativos y el turismo en sus distintas modalidades.

 

Autora: Patricia Escobar
Fuente: argentinaforestal.com

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