En solo cuatro meses, Bolsonaro ya ha promovido el desmantelamiento del sistema de protección ambiental construido durante décadas. Antes de ser investido, pretendía eliminar el Ministerio de Medio Ambiente. Ante la repercusión negativa, cambió de estrategia. Mantuvo el ministerio, pero puso al mando un ministro que tiene como principal misión debilitar la red de protección y desautorizar los controles. Ricardo Salles fue condenado por falsificar mapas y documentos, además de intimidar a empleados, para favorecer a empresas mineras en detrimento de la protección ambiental. Empezó su gestión afirmando que el debate sobre el calentamiento global es “secundario”. Cada semana se producen nuevos actos arbitrarios.
Abrir las áreas protegidas al ganado, la soja, la extracción minera y las grandes obras es uno de los principales objetivos del Gobierno de Bolsonaro. La mayoría de las áreas protegidas son tierras indígenas. El Ejecutivo ya ha suspendido en la práctica la demarcación de nuevas tierras indígenas y quiere revisar las que ya existen. También quiere cambiar la Constitución para permitir que puedan arrendarse y comercializarse. La Fundación Nacional del Indígena ha sido trasladada del Ministerio de Justicia al de la Mujer, Derechos Humanos y Ciudadanía, dirigido por la evangélica fundamentalista Damares Alves. El presidente del órgano es el general Franklimberg de Freitas. Hasta el año pasado, era consultor de la empresa minera canadiense Belo Sun, que quiere implantar un desastroso proyecto de extracción de oro en la Vuelta Grande del Xingú, una de las regiones más afectadas de la Amazonia.
La única lengua que el Gobierno de Bolsonaro todavía entiende es la de la economía. Estudios recientes muestran que naciones y bloques económicos deberían cargar en cuenta las emisiones causadas por la deforestación que contienen los productos tropicales que compran de países como Brasil. En algunos casos, estas emisiones “importadas” sobrepasan las emisiones producidas por los países compradores.
La UE tiene que posicionarse y asumir su responsabilidad. De los ciudadanos europeos, además de criterio a la hora de comprar productos brasileños, se espera que presionen a sus gobiernos y órganos de decisión. Si no es por principios éticos fundamentales, que sea por supervivencia.
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