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Punto de encuentro entre las Empresas, el Medio Ambiente y la Sustentabilidad

Bustos c/Fabricaciones Militares

Fábrica de Acído Sulfúrico

Juzgado Federal de Primera Instancia deLa Plata de Diciembre 30, 12/86

Sentencia de Primera Instancia

La Plata, 30 de diciembre 1986

Y Vistos:

Este expediente N· 10.330 caraturado «Bustos, Miguel y otros c/Dirección de Fabricaciones Militares s/acción de amparo», del que resulta:

Que a fs. 1/91 los actores se presentan y piden el cese de las actividades de la Dirección General de Fabricaciones Militares (Fábrica de Acido Sulfúrico) en base a los argumentos y consideraciones que desarrollan en su escrito, especialmente en cuanto a que la actividad de la fábrica ocasiona daños a la salud de los vecinos, como así también a las propiedades, para lo cual se acompañan fotos ilustrativas. Reseña las actuaciones de los vecinos así como las actividades administrativas desarrolladas y luego de otras consideraciones y de la procedencia del pedido solicitan se haga lugar al amparo.

Ordenadas las comunicaciones de práctica (fs. 92) y producidas hasta fs. 451 quedan los autos en condiciones de resolver.

Y considerando:

  1. Que, en orden a la acción intentada a fs. 76/91 ya su contestación de fs. 233/37 (segundo cuerpo), corresponde dejar sentado el punto de la posible conducta ilegal o arbitraria,clara y manifiesta, que presupuesta la vía de amparo en la ley 16.986 (art. 1·). En otras palabras, se trata desaber imparcialmente del expediente si hubo daño de contaminación ambiental que aduce el actor. Sólo con esa prueba el suscripto podía estimar el reclamo por alteración y desconocimiento de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las leyes.
  2. Que tal circunstancia, en virtud de pruebas esenciales dela causa, forman convicción de las razones fundadas que asisten a quien se ampara (art. 386, Cód. Proc. Civil y Com. De La Nación). Ello por lo que sigue, a saber: 2.1.Hay contaminación ambiental, al contrario de lo que aduce el demandado en fs. 233 vta., porque, in situ, el suscripto la ha comprobado en el reconocimiento llevado al efecto (fs. 454).Además de otras piezas, como por ejemplo: a) los términos de la solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (fs. 14); b) las constancias de fs. 18/22, 27 y39; c) la certificación del ingeniero Molteni (fs. 38);d) las fotografías de fs. 40/45; e) los recortes periodísticos de fs. 45/74; f) la historia clínica de fs. 74; g) el informe fitopatológico de fs. 129; h) las denuncias de los vecinos ante la Comisión de Higiene y que lucen en las versiones taquigráficas de fs. 247/251.

2.2. El informe de la Comisión de Gestión del Medio Ambiente destaca los agudos problemas de contaminación creados por la producción de la Fábrica Militar de Acido Sulfúrico (fs. 263). La primera solicitóa la segunda una solución de los afluentes, notificando igualmente al Ministerio de Defensa, sin tener respuesta alguna (fs. Citadas). Por lo demás, el fundamento de la clausura que exteriorizó el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Berisso fueron la contaminación y la falta de pedido de radicación (fs. 396); a su vez el intendente municipal hace saber al Ministerio de Salud de la Provincia que se ha constatado, teniendo en cuenta el informe de ese Ministerio, el problema de contaminación ambiental (fs. 433).

2.3. Todo lo anterior se corrobora en los dichos de los testigos d efs. 99/100; fs. 100 vta.; fs. 101 y, especialmente, con el complejo estudio que obra a fs. 137/42 y que realizara el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Allí se verifica la violación palmaria de la ley en cuanto al nivel de calidad de aire (ley 7279 y decr. 7488) como se observa en fs. 141 y vta., y también del promedio límite para el contaminante de que se trate en la legislación internacional (conf.fs. 138 y 131). Situación que resulta agravada en el caso en discusión por el hecho de que hay que sumar dos elementos contaminantes a evaluar: dióxido de azufre y ácido sulfúrico. El daño ecológico por efecto simultáneo de sustancias contaminantes determina, obviamente, una disminución de los valores límites establecidos para la calidad deaire.

2.4. No debe perderse de vista que la accionada impidió el acceso a la fábrica a funcionarios municipales y un inspector (fs. 255), sin fundamento legal frente al art. 26 dela ley 10.100. Sin perjuicio de ello ante la promulgación del Ejecutivo Municipal de la ordenanza de clausura del establecimiento (fs. 415), n o bien se intenta llevar a cabo la ejecución del acto (fs. 417/18), puede verse que fueron «retiradas» luego las fajas de clausura (en violación a la ordenanza 673/81, art. 78), o bien «violadas», según inspección posterior (fs. 420/21).

  1. Que, a tenor de las descriptas circunstancias comprobadas en la causa, no desmentidas por el informe de la accionada (art.8·, ley 16.986) ni por prueba alguna de su parte, que fueron ofrecidas (testimonial, informativa y pericial de fs. 236 vta., 237) y non rendidas, es necesario ahora pasar el encuadre normativo que invoca el actor como fundamento de su pretensión (art.377, Cód. Proc. Civil y Com. De la Nación).

3.1. Es evidente que el daño ecológico tiene sanción legal en derecho positivo porque perjudica irritamente la vida, la salud y la integridad psicofísica de quienes, por obligada proximidad, reciben alguna sustancia contaminante. Esos derechos fundamentales tienen raíz constitucional en el art. 33 de la Ley Fundamental y, en segundo orden de prelación (art. 31) en el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4·, inc. 1·;5·, inc. 1· y 27, inc. 2·). También, por otro lado, que el ejercicio de una industria tiene el límite de los derechos sobre aludidos (CSJN, Fallos 31:273).

3.2. El art. 14 de la Const. Nacional sólo permite el ejercicio de industria lícita o, si se quiere arreglado a las reglamentaciones dictadas en consecuencia del principio. Una forma obviada por la demandada en el permiso de radicación industrial según surge de fs. 259 y 267. Con mayor rigoresa cuestión aflora con claridad en las constancias defs. 403, las cuales aseveran la falta de abono de la tasa por inspección de higiene y la autorización de habilitación y funcionamiento. Probada la contaminación, como antecede (supra 2), si además infringe las ordenanzas municipales n· 614/80, 636/80 y 673/81, m las leyes que prohiben la polución ambiental (v. gr., 676)/58, 5963, 7329, 7488,etc.). ¿Cuál es la razón de clausura del Ejecutivo Municipal en ejercicio de poder de policía? Aquí su conducta subsume en la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que edicta el art. 1· de la ley 16.986. El argumento del establecimiento de utilidad pública (art. 67, inc. 27. Const. Nacional) no es aplicable al caso donde juega, comprobado el envilecimiento ambiental, el valor esencial de la salud y el bienestar público.

3.3. Los antecedentes anteriores confirman mi convicción de que, en forma patente, la empresa demandada cercana los derechos esenciales d elos accionantes y, en consecuencia, corresponde restablecerlas haciendo lugar al amparo o vía procesal más expedita que castigue la omisión del deber de abstenerse en provocar daño ambiental, la salubridad e higiene de la población (art. 188, Const. De la Provincia de Buenos Aires). Por lo mismo, la Dirección General de Fabricaciones Militares debe suspender la producción yhacer cesar los efectos contaminantes en la fábrica de ácido sulfúrico dentro de los tres días de notificada la sentencia, hasta tanto arbitre los medios necesarios para que la producción se realice sin ningún daño ambiental (arts. 33, 14, 18, Const. Nacional; art. 1· y12, ley 16.986; art. 386, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación; leyes 5965, 7279 y decr. Regl. 7488 de la provincia de Buenos Aires, etc.). Costas al vencido (art. 14, ley 16.986).

En consecuencia:

Fallo:

1) Haciendo lugar al amparo promovido por Miguel Bustos, Blanca A. Olivera, Amarantina Candia, Sonia V. Bustos, Roberto A. Damia, Silvia I. Lijo, Luis C. Potulnisky, Antonia Federico, Hermenegildo M. García, María I. Novoa, contra la Dirección General de Fabricaciones Militares (dependiente del Ministerio de Defensa) en su Fábrica de Acído Sulfúrico, con domicilio en Av. Río de Janeiro al 34500 (Puente General Mosconi) de Berisso, provincia de Buenos Aires.

2) Ordenando que la empresa demandada, dentro de los tres días de notificada la sentencia suspenda la producción en forma preventiva hasta que arbitre los medios técnicos necesarios para hacer cesar totalmente las poluciones ambientales, sin perjuicio de poder realizar otras tareas no vinculadas a las que provoquen contaminación conforme a los fundamentos expresados enlos considerandos, especialmente en supra 3.3.

3) Imponer costas al vencido, según la pauta que fija el art. 14 de la ley 16.986.

4) Comunicar la decisión al Ministerio de Salud Pública y Acción Social de la Nación, a los Ministerios de Salud y Obras Pública y Acción Social de la Nación, a los Ministerios de Salud y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, al intendente y al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Berisso, a los efectos que pudieran corresponderen la preservación del medio ambiente, cumplimiento de requisitos para la radicación de industrias y, en suma, el resguardo de la salud y bienestar público en la zona afectada.

5) Regúlanse los honorarios del letrado apoderado dela parte actora, doctor Gabriel R. Machiavello, en la suma de australes trescientos.

6) (Ley 21.339). Notifíquese. Regístrese y oportunamente archívese.

 

Sentencia en Segunda Instancia

La Plata, 7 de marzo de 1987

Autos y vistos:

Para resolver en este expediente N· 4831/87, caratulado «Bustos, Miguel y otros contra Dirección de Fabricaciones Militares sobre acción de amparo», procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia n· 2, de esta ciudad.

Y Considerando:

Que arriban los autos a la alzada en virtud del recurso de nulidad y apelación deducido por la accionada contra la resoluciónd e fs. 457/459 que haciendo lugar al amparo promovido, ordena que la empresa demandada suspenda su producción en forma preventiva, en las condiciones que establece.

Recurso de apelación: se agravia el recurrente del fallo en tanto afirma la insuficiencia de la prueba de que se ha valido el juzgador y la arbitrariedad incurrida al omitir, en cambio, toda apreciación de la documentación traída por su parte, así como de la prueba por ella ofrecida, que no fue siquiera proveída.

Por lo tanto, se destaca la ineficacia de las probanzas que el juez valora y que a su juicio, por ser simples afirmaciones de personas sin idoneidad técnica o bien de fotografías o recortes periodísticos, carecen de entidad para demostrarlos extremos que el juzgador da por probados. Insiste en la falta absoluta de pericia técnica, no obstante, la ofrecida por su parte. Critica el informe producido por la Cátedra de Fitopatología, tratando de desvirtuar sus conclusiones. Imputa inexactitud al fallo al referirse a la contaminación producida por el ácido sulfúrico, afirmando que ello resulta imposible porque el mismo tiene forma líquida.

Al tratar demuestra la arbitrariedad de la sentencia en lo que se refiere a la valoración de la prueba, cabe adelantar que si bien carece de sustento técnico, parte de ella y en consecuencia por sí misma, de fuerza suficiente para dar por probado un hecho que por su naturaleza requiere una opinión científica, no ocurre lo propio, en cambio, respecto de las conclusiones a que arriba el informe de fs. 141 vta./142 yfs. 182 producido por técnicos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Ares, del que también se vale el juzgador y al que en manera alguna se refiere el apelante, no destruyendo en consecuencia ni objetando siquiera sus conclusiones,ya que se limita simplemente a ofrecer una nueva pericia técnica, que conforme se observa de la ya realizada, insume para su producción un dilatado lapso que alongaría en demasía el dictado de la resolución del caso, que por hallarse dirigido aproteger la salud de los accionantes, no admite más demoras frente a que no fue urgida a su tiempo de producción, guardando silencio acerca de la prueba fundamental traída por la accionante, y que pudo haber destruido (la recurrente) de haberse sometido a las inspecciones sanitarias que exige la ley, que de resultar satisfactorias ampararían el derecho de explotación de la ilegalidad del actuar de la fábrica accionada, que al no haberse sujetado a los requisitos que impone la legislación vigente para su funcionamiento, especialmente a aquellas que se refieren a la necesidad de respetar el límite permisible en la eliminación a la atmósfera de efluentes gaseosos y que según surge de las conclusiones del informe respectivo, fueron transgredidas por la accionada, sin que la documentación acompañada por esta permita variar tal criterio pues los informes técnicos de fs. 185/229 no arriban a conclusión alguna, careciendo además de datos elementales que permitan extraer de ellos valoraciones más amplias o precisas, ya que en todos los casos se refieren sólo a muestras extraídas de la chimenea.

Que tal manera de obrar, sin sujeción a norma alguna y en especial a aquellas que imponen recaudos tendientes a garantizar la salud de la población, merece la calificación de manifiestamente ilegal y lesiva de primordiales derechos que nuestra Constitución consagre y garantiza a través del ejercicio del poder de policía sanitaria, lo que da basamento a la procedencia del amparo que nos ocupa por hallarse configurados los requisitos que la ley impone para su admisibilidad (art. 1·, ley 16.986), esto es la conducta manifiestamente ilegal y arbitraria de la empresa demandada, que amenaza la salud de la población y, en suma, de los accionantes.

Que no empece a la conclusión a que se arriba, la circunstancia de que la explotación industrial pertenezca a La Nación, ni que ésta se asiente en territorio cedido por la provincia, ni tampoco que el objetivo de la explotación satisfaga un interés público, ya que el recaudo de salubridad a que nos referimos, es válido y se impone sin distincionesni prerrogativas, a personas individuales, colectivas, privadas o estatales, dado lo prioritario a todo ello que resulta ser la vida y la salud de los habitantes de la Nación, lo que obviamente limita sus atribuciones exclusivas y excluyentes dentro de su territorio federalizado, a que se refiere el art. 67, inc.27, de la Carta Magna.

Por ello, se resuelve:

Desestimar la nulidad planteada, así como la apelación deducida, confirmándose la sentencia en lo que fuera materia de recurso sin perjuicio de que la suspensión dispuestase mantenga hasta tanto la accionada, sometiéndose al poder de policía sanitario, obtenga la certificación que acredita que su explotación halla encuadre dentro de los límites de permisibilidad que la ley que la regula impone.

Costas de alzada al recurrente vencido.

Notifíquese, regístrese y devuélvase, Julio V. Reboredo- Jorge J. Hemmingsen- Gladys N. Vigo de Chiesa (Secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata).

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