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Limpieza de Sentinas en el Río Paraná

«Izaguirre Miguel Alfredo c/ Prefectura Naval Argentina Resolución DPSJ JS1 324/922 «
Resolución Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal Sala IV del 310894

Buenos Aires, agosto 31 de 1994 Y Vistos: Estos autos caratulados «Izaguirre, Miguel Alfredo c. Prefectura Naval Argentina Resol. DPSJ JS1 N· 324/92», y

Considerando:

  1. Que por disposición DPSJ JS1 N· 324/92 el señor Prefecto Nacional Naval sancionó al maquinista naval de segunda D. Miguel Alfredo Izaguirre con una suspensión de sesenta días y a la armadora Astramar Compañía Argentina de Navegación S.A.C. con una multa de $ 6000,00 por infracción a lo previsto en el artículo 801.0202 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave) y en los términos del artículo 701.9904 del mismo texto.

Para ello tuvo en cuenta las declaraciones del imputado Izaguirre, quien dijo que, encontrándose abordo del B/M «Astrafederico» anclado en el puerto de Ibicuy y como oficial de más alto rango, evacuó las aguas de la sentina de la nave, procediendo a realizar la merma por medio de la válvula de descarga en razón de encontrarse el separador de sustancias oleosas desarmado para su inspección y su reparación; que, por otras tareas que tuvo que realizar a bordo, se descuidó en la atención de la descarga, observando que la mancha oleosa se arrastraba hacia el buque «Astravalentina», cuya tripulación colaboró para limitar su extensión. De dicho evento dejó constancia en el libro diario de máquinas y dio el correspondiente informe a la armadora.

Fundado en el dictamen jurídico producidocon anticipación, la autoridad administrativa desestimó las defensas del maquinista y de la armadora de la nave, disponiendolas sanciones mencionadas más arriba.

  1. Que notificados de la sanción, los imputados dedujeron sendos recursos contra ella, la empresa armadora a fs. 95/98 vta. y el oficial a fs. 104/104 vta.
  2. Que el apoderado de Astramar S.A. sostiene que su mandante fue sancionada sin haber sido probada la materialidad de la supuesta infracción, puesto que no se había demostrado que la descarga hubiera contenido hidrocarburos con un contenido que excediese las quince partes por millón que se exige en el artículo 801.0202 del Reginave. Dice que tanto su mandante como el maquinista han afirmado y probado que la contaminación no esta probada;s ólo se reconoció el achique de la sentina y que la válvula con la que ésta se efectúo fue abierta sin violar los precintos, pero se negó que ello hubiera producido una contaminación penalizada conforme al Reginave. Rechaza las afirmaciones del dictamen jurídico recogido en la resolución atacada en cuanto a la existencia de una distinta naturaleza entre el derecho contravencional y el penal que permitiera al imputado declarar contra sí mismo y, aún más, que con sus declaraciones comprometiera a su empleador.
  3. Que, por su parte, el maquinista Izaguirre manifiesta en su recurso que, ante el reconocimiento que prestó sobre la materialidad del hecho, le resta discutir el monto de la pena, teniendo en cuenta que en el artículo 701.0009 se prevé la posibilidad de la suspensión de la aplicación de la sanción por la primera infracción, decisión que solicita se disponga en el caso. Pero agrega, a su criterio, la pena impuesta de sesenta días de suspensión- es desmesurada frente a la importancia relativa de la infracción, por lo que, en atención a lo previsto en los artículos 599.0101 y 701.0016 del Reginave pide que se reduzca la mencionada pena, imponiéndose la de apercibimiento.
  4. Que está reconocido en autos por ambos sancionados que el 26 de marzo de 1991 Izaguirre procedió a abrir la válvula de achique directo de la sentina y que, por descuido, la succión del líquido fue total, no dejando resto alguno como debía hacerlo para impedir que restos de hidrocarburos se expandieran por el río. Lo discutido por la empresa armadora es si ese acto produjo realmente la contaminación de las aguas como resulta de una capa de materia oleoso extraída de la nave.

Es sede administrativa, el representante de la empresa negó que pudiera haber existido un derrame de tal materia, por cuanto a esa fecha el buque no tenía carga de hidrocarburos, de modo que el derrame sólo pudo haber sido de agua sucia (fs. 42 vta.). Por su parte, su apoderado en juicio niega el derrame de hidrocarburos poniendo de relieve el informe producido a fs. 7 por personal de la Prefectura Naval, según el cual, pese al patrullaje realizado, no pudo ser detectada mancha alguna de hidrocarburos.

  1. Que, en el último punto, cabe relativizar las consecuencias a extraer del aludido informe, toda vez que, tal como resulta de la presentación efectuada por Izaguirre, el evento se produjo en horas de la mañana (8,30 horas) y su presentación ante la autoridad naval se efectuó a las 19,30 horas; es decir, once horas después, de manera que poco tiempo de luz diurna le restaba a la autoridad naval para efectuar debidamente la detección de la supuesta mancha aceitosa. Por otra parte, la corriente de agua en el río bien pudo llevar esa mancha a muchos kilómetros de distancia, o bien difundirla a lo largo de una extensa superficie.

Por lo demás, respecto a lo sostenido por el representante de Astramar a fs. 42/vta. en cuanto a que la nave no tenía existencia de hidrocarburos que hubieran contaminado el río con su derrame, cabe señalar que frente a la circunstancia habitual y corriente de que los buques están cargados de ellos, debió desplegar una diligente actividad procesal para demostrar la verdad de sus dichos, por lo que lo sostenido ulteriormente no pasa de ser más que una afirmación dogmática.

  1. Que el hábitat en el que se desenvuelve la actividad naviera está constituido ocioso es decirlo- por el océano y los ríos navegables que constituyen no sólo el medio más económico de transporte de importantes cantidades de mercaderías, sino una fuente en principio inagotable de recursos alimenticios para la humanidad. Tales características llevaron desde hace un tiempo a la preocupación de los distintos Estados por su preservación frente al acelerado proceso degradador producido por la contaminación ambiental que adquiere, en todo el mundo, una dimensión inusitada (esta sala, 10-5-94, «Juárez, Pedro Alex c. Prefectura Naval Arg.»).

No viene al caso considerar en este fallo la contaminación producida por los desechos provenientes de las zonas urbanas industriales, sino que interesa poner el acento en el proceso de degradación de las aguas por dispersión de los hidrocarburos de los buques que van lanzando al mar y a los ríos sus residuos petrolíferos, provocando un proceso que dificulta la adecuada oxigenación de las aguas e impide la fotosíntesis indispensable para el desarrollo de las especies acuáticas. Ello llevó a los distintos Estados a aunar sus esfuerzos para impedir esas consecuencias perjudiciales, por medio del acuerdo entre los que se puede mencionar el «convenio de cooperación entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación por medio acuático producido por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales», firmado en Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1987 y ratificado por la ley 23.829 (EDLA, 1990-142).

  1. Que tales circunstancias obligan a examinar con mayor severidad la prueba respecto a la inexistencia de los mencionados eventos cuando según el curso normal de los hechos reconocidos, existe la presunción seria de la producción de esa contaminación por imprevisiones de quienes tienen, como beneficiarios en la utilización de las vías acuáticas, la responsabilidad de su preservación.

Adviértase que en el caso ha existido un reconocimiento expreso de la producción del hecho en violación de disposiciones reglamentarias de protección del ambiente. No se trata aquí de una declaración penal forzada en contra del declarante; ha sido la constatación de un hecho y de un reconocimiento de su existencia. Por lo demás, si se quisiera equipararlo a la materia penal, ha de hablarse de una confesión permitida por la ley, en tanto ella estuvo exenta de coerción por parte de la autoridad de investigación. Por otro lado, la armadora no desmiente la efectiva realización del hecho, así como las irregularidades cometidas en la ocasión, de modo que su defensa en punto a una inexistencia no tiene, como se dijo, base probatoria alguna.

  1. Que ante las graves responsabilidades derivadas a las consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de las obligaciones impuestas tanto a la armadora como al responsable del comando de la nave, y ante la falta de prueba que destruya la presunción nacida conforme al curso normal de los acontecimientos, ha de concluirse en que las sanciones impuestas se ajustan a derecho.
  2. Que, en cuanto a la reducción de la pena solicitada por Izaguirre, por encima de la desproporción entre la sanción prevista para el caso al capitán y aquella aplicable a la armadora, la que fue materia de consideración en un precedente de esta sala (caso «Juárez», citado), ello no impide que la gravedad del hecho y la negligencia observada por el oficial de la nave justifiquen por sí misma la pena impuesta.
  3. Que, finalmente y en relación a la ejecución condicional de la sanción al maquinista por entender que se trata de la primera infracción cometida por éste, tal decisión queda reservada a la autoridad de aplicación, la que valorará, según las circunstancias, la procedencia de su pedido.

Para ello, confírmase la disposición recurrida, con costas en la instancia (art. 68, CPCC).

A los fines previstos en el artículo109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que se encuentra vacante el cargo de uno de los jueces de esta sala. Regístrese, notifíquese y devuélvase Guillermo Pablo Galli María Jeanneret de Pérez Cortés (Sec.: Gabriel Del Mazo).

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