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Punto de encuentro entre las Empresas, el Medio Ambiente y la Sustentabilidad

Pescando Subsidios

Los principales países desarrollados intentaron incluir consideraciones ambientales, en la agenda de la malograda Nueva Ronda de negociaciones comerciales.

Por Héctor Rogelio Torres (*)

La posición de esos gobiernos se explica por la convergencia de tres intereses. La preocupación de sus ciudadanos por elevar los estándares ambientales, el temor de sus empresas de que esto los ponga en desventaja frente a competidores relativamente más «sucios» y la creciente importancia de la industria de bienes y servicios ambientales (453 mil millones de dólares de facturación en 1996).

El fracaso de Seattle no quiere decir que el tema se haya eclipsado para siempre. Hasta el momento, los países en desarrollo resisten esta iniciativa. Esta posición merece una segunda reflexión, pues incluir consideraciones ambientales en una futura negociación comercial, implica no sólo un desafío, sino también una nueva oportunidad para luchar contra el proteccionismo.

Proteger el ambiente exige optar entre el corto y el largo plazo: ¿tomamos ganancias hoy o protegemos para tener más mañana?. Esta opción esta claramente vinculada con el costo del tiempo. En una economía de mercado el «precio» del tiempo puede ser medido en función de la tasa de descuento del capital: cuando el capital es escaso la tasa de descuento es alta y en consecuencia invertir en el largo plazo resulta muy costoso.

Los países en desarrollo, donde el capital es endémicamente escaso, hemos sido, por ello, empujados hacia el banquillo de los acusados. Más por pobres que por sucios.

Así, nos hemos negado a aceptar que los llamados «Métodos y Procesos de Producción», puedan ser utilizados para diferenciar dos productos análogos, vale decir, esencialmente iguales, aunque uno producido más «limpiamente» que el otro. La razón es simple, si dos bienes similares pudieran diferenciarse en base a la forma en la cual fueron producidos, muy probablemente los más «sucios» terminarían pagando mayores aranceles.

La forma de producir un bien depende de la tecnología utilizada y las de última generación suelen tener un menor impacto ambiental. Evidentemente estas tecnologías cuestan dinero y si bien para el ambiente es «mejor prevenir que curar», prevenir exige tener plata hoy, mientras que curar permite postergar el desembolso.

Curiosamente, las consecuencias ambientales de los exuberantes patrones de consumo de las sociedades más desarrolladas, han pasado casi inadvertidos, en comparación a las críticas que reciben los métodos de producción sucios. Esto no se debe a un plan concebido para perjudicar a los países en desarrollo, sino a la implacable lógica del mercado: las conductas ambientalmente extravagantes no están prohibidas, simplemente deben pagarse. Esta lógica fue pulcramente traducida en uno de los postulados máximos del movimiento ambiental: «el que contamina paga». Lamentablemente, esta regla también quiere decir, que si no se tiene con que pagar, tampoco se puede contaminar.

Lo cierto es que nuestros métodos de producción son relativamente más «sucios» y que ello nos genera desprestigio en nuestros mercados de exportación. Esto debe preocuparnos, particularmente si estamos incumpliendo con nuestros propios estándares de protección ambiental.

Hay quienes argumentan que un estándar ambiental bajo, equivale a un subsidio a la producción. Esto normalmente se rebate, diciendo que cada sociedad tiene el derecho de fijar los niveles de contaminación que esta dispuesta a tolerar. Sin embargo, el argumento se cae, cuando un gobierno tolera el incumplimiento de su propia legislación ambiental.

El caso de los subsidios es, por el contrario, un buen ejemplo de la posibilidad de aprovechar el interés por preservar el ambiente, para combatir al proteccionismo. En efecto, una producción sustentable requiere que los precios de los bienes reflejen los costos de reproducción o de sustitución, de los recursos naturales utilizados.

Determinar ese precio es una tarea difícil, pues como el mercado toma en cuenta solo los costos privados, cuantificar externalidades ambientales, tales como el extinción de una especie o el derecho de las futuras generaciones a un ambiente limpio, termina invariablemente requiriendo una decisión política. Sin embargo, una cosa es clara, cuando un subsidio esconde un costo de producción, se promueve la sobre explotación de un recurso natural. Este es el caso de dos temas muy sensibles para nuestro país: la pesca y la agricultura.

Los subsidios a la pesca fueron estimados por la FAO en 54 mil millones de dólares anuales. El cálculo fue relativamente simple. Los costos del esfuerzo pesquero mundial equivalen a 124 mil millones de dólares anuales, pero las ventas son de sólo 70 mil millones. La diferencia la cubren los subsidios. En otras palabras, los contribuyentes de los países que subsidian (la U.E. y Japón son dos buenos ejemplos), terminan pagando para que sus flotas pesquen subsidios. El resultado es la sobre dimensión de las flotas y la depredación de nuestros recursos.

En la agricultura pasa otro tanto. Los países de la OCDE dedican aproximadamente 360 mil millones de dólares para subsidiar a su agricultura. Ello, además de sacarnos del mercado, genera dos claras consecuencias ambientales. Promueve la intensificación de la producción en el país subsidiado y genera montañas de excedentes que son luego volcadas, con más subsidios, al mercado internacional. En otras palabras, el ciudadano europeo, como consumidor compra caro, como contribuyente paga la exportación de lo que no come y el saldo es un uso de pesticidas, agua de riego y fertilizantes, mayor de lo que el ambiente puede absorber. Más allá de esta irracionalidad ambiental y económica, nuestros productores son puestos ante una alternativa de hierro: bajar costos a como dé lugar o quebrar. Esto impide introducir las mejoras o los plazos necesarios, para permitir una explotación sustentable del agro y además genera pobreza, éxodo rural, hacinamiento urbano y degradación ambiental.

En síntesis, cuando un subsidio esconde un costo de producción, se termina produciendo donde no se debe, como no se debe y más de lo que se debe.

Por ello, si finalmente se incluyen consideraciones ambientales en una futura negociación comercial, tendremos un nuevo desafío y una nueva oportunidad. El cumplimiento de nuestros estándares ambientales dejará de ser «un problema interno» librado a nuestra capacidad de hacer respetar la ley. A su vez, la defensa del ambiente nos ofrecerá una nueva oportunidad para combatir al viejo proteccionismo.

(*) – El autor es miembro del Servicio Exterior Argentino, pero sus opiniones son personales.

©ecopuerto.com

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