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Speroni c/Fevi SA 
(Plomo)

«SPERONI Jorge Oscar c/ Fevi S.A. sobreDaños y Perjuicios»

Suprema Corte de Buenos Aires de Agosto24, 1993

En la ciudad de La Plata, a los 24 díasa los 24 días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, reunidas en acuerdo ordinarios las Señoras Jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctoras Nelly Norma Suárez y Patricia Ferrer, para dictar sentencia en la causa B-70.903, caratulada «SPERONI Jorge Oscar y ots-c/FEVI SA. s/daños y perjuicios», se procedió a practicar el sorteo que proscriben los arts. 156 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal, resultando delmismo que debía votar en primer término la doctora SUAREZ.

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1ª.) Es justa la sentencia apeladade fs, 373/3837.

2ª.) Qué pronunciamiento corresponda dictar?

A la primera cuestión la señora Juez doctora Suárez dijo:

I.- El Sr. Juez de Primera Instancia pronunció sentencia a fs. 378/383, en este juicio promovido por Jorge Oscar Speroni y otros contra Fevi S.A., por daños y perjuicios, desestimando, tanto la defensa de prescripción incoada por la accionada, como la demanda que se dedujera, y considerando para esto último, que en las actuaciones que por amparo instó la accionada, hubo recaído cosa juzgada lo que impediría su revisión en este pleito.

II.- Dicho pronunciamiento, sufre el ataque de la parte actora, quien manifiesta sus agravios a fs. 437/439, fundados en la inoponibilidad de las conclusiones recaídas en la sentencia del citado juicio de amparo, a su respecto, ya que no fue parte en aquellos obrados, así como que los asertos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal, tienen el carácter de incidentales. Agrega que no es realque el aludido Tribunal hubiera arribado a su fallo, por la descalificación que hiciera de la prueba producida en sede Administrativa, sino que, tal alusión, insiste, fue incidental, y los aportes acreditantes, han demostrado el nexo de casualidad entre el daño y la actividad contaminante de la accionada.-

III.- Como tema preliminar, cabe desbrozar pues, lo atinento a la conclusión a que arribara el sentenciante de grado, en el sentido de alzarse, impidiendo nuevas consideraciones sobre la materia litigiosa, la cosa juzgada recaída enel juicio de amparo, finalmente decidido en forma favorable a Febi S.A., por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal.-No comparto tal opinión, y de tal modo, adelanto mi criterio que, en este aspecto, el fallo en recurso debe ser revocado.

En efecto, no cabe duda que la sentencia recaída en el juicio de amparo, resulta susceptible de producir efectos de cosa juzgada, tanto formal cuanto material, según la hipótesis que se plantea en cada caso particular. Más, sin perjuicio de ello y antes de acometer este análisis, importa previamente, como presupuesto básico, determinar si concurren en la especie los requisitos generales para su configuración.

El instituto de la cosa juzgada, inspirado por la necesidad de evitar la reedicción de los pleitos y asegurar la inmutabilidad de las decisiones judiciales –extinción de la acción con su ejercicio y seguridad jurídica-, se delimita con la exigencia que la acción a cuyo progreso se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento. «El proceso de identificación de ambos juicios se realiza, tradicionalmente sobre la identidad de los sujetos, el objeto y la causa. Bastaría que uno solo de estos elementos no fuera idéntico para que la cosa juzgada no se pudiera oponer» (Lazzarini, J.L., El juicio de amparo, 2da. Ed. act. Y ampliada, Ed. La Ley, pag. 353).-

Es evidente que las partes de esta contienda resultan diversas de las que litigaron en sede penal al menos una de ellas-, y que el objeto perseguido a través del amparo que allí se impetrara levantamiento de clausura-,debe ser claramente diferenciado de la indemnización por daños requerida en este expediente. Surge con igual evidencia, que las citas de distintos autores contenidas en el fallo en crisis, contienen afirmaciones, en torno a los efectos de la «resjudicata», que han sido expresadas con la sobre entendida base de la concurrencia de la triple identidad a que me hube referido.

Debo agregar aún que, en mi opinión, asiste razón a los recurrentes, en cuanto hubieron expresado estos que las manifestaciones referidas a las actuaciones administrativas sobre comprobación de la contaminación ambiental producidas por la empresa demandada, han sido vertidas incidentalmente. En efecto, en la sentencia pronunciada en el ámbito penal con fecha 28-8-87, luego de efectuar las aludidas referencias, se hubo consignado: «Empero, lo expuesto no configura el argumento fundamental en que se debe fincar la «ratio decidendi» del fallo…», exponiendo a continuación las razones para proveer al levantamiento de la clausura, con la prohibición de «procesamiento de plomo, sus combinaciones o derivados, si ello puede originar efluentes o residuos susceptibles de dañar el medio ambiente». Debe inferirse de esto último, que el tribunal no hubo formulado un juicio categórico en el sentido que la amparada, con su actividad anterior no había producido agresión ambiental. Máxime cuando de la frase también contenida en el fallo: «con el desarme de los hornos ha cesado toda posible actividad contaminante» cabe inferir que tampoco abre juicio en el sentido que dicha actividad no pudo haber ocurrido, y debe tenerse en cuenta, para esto, que el amparo promovido, lo fue con posteridad a la iniciación de este juicio. En cuanto a esto, también interesa poner relieve, que la propia amparada había aceptado la realidad del hallazgo de plomo, al menos en una de las calles adyacentes al emplazamiento de su industria (calle 2), y la necesidad del retiro de algunos hornos e instalación de sistemas de purificación (v. fs. 23 vta. de esas actuaciones) y que también a fs.16 vta de las mismas, consta su pedido, formulado a la Administración y concebido según los términos que siguen: «deje sin efecto la clausura, ante la total modificación de las circunstancias de hecho que en su momento la impusieron»»-

El sentenciante de grado ha expresado que la conclusión de la Cámara del Crimen en relación a la falta de certeza de las comprobaciones administrativas, «no pueden ser variada sin conculcar el principio de las «resjudicata», habida cuenta que no se ha especificado situaciones sobrevivientes que hayan variado la cuestión y que autoricen a entablar una » nueva acción» en torno al mismo tema», no obstante lo cual afirma más adelante que «la accionante tenía la carga probatoria en torno a la demostración de la relación de causalidad material, o sea, que el hecho atribuido a la demandada por si, haya tenido virtualidad para producir el resultado dañoso…». Ello, mi modo de ver, implica una incita contradicción, pues, o existió sobre la materia la cosa juzgada que impedía toda reconsideración respecto del asunto controvertido, así como sobre nuevos aportes probatorios, o no procedía invocar tal instituto y se acometía el análisis de toda la actividad probatoria que debía desplegar el accionante estando facultado para ello.

Como según mi anticipada opinión, no procede atarse a sujeción alguna dada por el anterior fallo recaído en el juicio de amparo, debe emprenderse sin más el estudio de los temas litigiosos.-

IV.- El tratamiento que se debe a la responsabilidad por daños ambiental es el que emana del principio de la responsabilidad objetiva por riesgo creado que legisla el art.1113, 2da. Parte, últ. Párr. del Código Civil.

No cabe duda que, desde tal perspectiva, el accionado no se exonera de su obligación de resarcir, si no lo es acreditando que el accionar de la propia víctima del daño o el de un tercero, ha intervenido en calidad de participación causativa en forma total o parcial-, en la producción del mismo. Al accionante, por su parte incumbe demostrar el daño, la actividad riesgosa, su atribución a la demandada, y el nexo de causalidad existente entre el daño y la acción u omisión del agente.-

Ha de convenirse que la especial naturaleza del tema en debate, torna compleja la justificación dela relación causal reseñada. En el perjuicio sufrido a raíz de la agresión ambiental, aparece una falta de inmediación espacial y temporal entre la fuente del daño y quien lo sufre, los elementos productores de la contaminación fluyen con cierta continuidad, aunque casi en forma imperceptible y existe la posibilidad de manejo del accionar contaminante que provoca dificultades en su control al menos en la faz interna de la producción-. Además, la aparición de los efectos nocivos es lenta.-

No obstante, aprehendidas convenientemente las particularidades consignadas, no han de resultar óbice para un adecuado análisis de los elementos de juicio aportados a la causa que se trate, pues de su compresión global resultará, sin duda, la convicción de judicante acerca de la imputabilidad de determinado hecho a la acción que se atribuye al agente.-

Con palabras del más alto Tribunal de esta provincia, he de decir: «Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad, determinando que aquél se halla en conexión causa la decuada con el acto ilícito. O sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.) (S.C.B.A., Ac. 43.168, del 23-lV-90, L. 39.664, del 30-5-89; Ac. 37.535, del 9-8-88; entre otros).

En el supuesto que nos convoca, considero acreditado que la firma Fevi S.A., desplegó una actividad nociva para la vecindad del lugar donde se hallaba emplazada. Las comprobaciones de la autoridad de aplicación (fs. 8/10, v. fs. 268, 293/ 295), que gozan de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, dan cuenta de ello, a lo que cabe sumar lo que surge de los aportes probatorios producidos en esta Alzada (arts. 255 inc. 3, y ssgtes. del C.P.C.C.). En efecto, a fs. 467/495, constan en copia certificada las actuaciones llevadas a cabo en el año 1988, por el Ministerio de Salud y Acción Social de esta Provincia, entre las que obran, un acta de inspección, la extracción de muestra de tierra de los alrededores dela planta, a diversas distancias del establecimiento, y a distintas profundidades, así como los resultados del estudio de concentración de plomo habidos. El informe respectivo, obrante a fs. 486/490, de cuenta que en los terrenos adyacentes a la fábrica se verificó: 1) «la presencia de plomo, con contenidos que según las normas de OMS, se consideran como muy altos, reduciéndose el contenido a medida que se aleja del establecimiento…», 2) «aumento del contenido de plomo entre las muestras tomadas el 15-6-88… y el 28-9-88…». 3) «aguas arriba de la empresa Fevi, en el arroyo Giménez, no se detectó presencia de plomo», en tanto que, «del efluente de Fevi al brazo arroyo Giménez se determina la presencia de plomo en una concentración de 0,50 mg/lt». Se concluye, a fs, 489, que «la empresa elimina por sus efluentes gaseosos y líquidos, plomo. La materia prima, productos intermedios y finales, contienen plomo».

Se advierte de las referidas constataciones, que la demandada, en infracción a las disposiciones delDec. Ley 7229/66 y su Dec. reglamentario 7400/72, y a pesar del mandato judicial recaído en el comentado juicio de amparo, hubo continuado con su actividad agresora del medio ambiente circunvecino.

No cabe duda pues, que acreditado ello, y justificado asimismo que en la mayoría de los integrantes de las familias que accionaron, y se domicilian en la cercanías de la planta (circunstancia admitida por la accionada), se verificó la contaminación, pues presentaron coeficientes que superan los limites normales de plombemia, debe entenderse suficientemente demostrada la relación causal adecuada entre el daño y la actividad riesgosa.-

A fin de detectar la adecuación objetiva entre el hecho y el daño, resulta relevante atender, dado aquél, a la visibilidad de las consecuencias dañosas que pudiera ocasional, según las reglas de la experiencia y el normal cálculo de posibilidades (arts. 901, 903 yccdtes. Del Código Civil).-

Producido pues el daño previsible, el nexo causal adecuado se presume «juris tantum», incumbiendo al interesado demostrar lo contrario (conf. Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por Daños, I, Parte Gral. pag. 205).-

En igual sentido se ha dicho: «Estejuicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre, y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente la cosas» (Isidoro H. Goldenberg «La relación de causalidad en la responsabilidad civil», ed. Astrea, pág.34).

En la especie, no obstante haber esgrimido, la demandada, la circunstancia de existir de las proximidades, otros establecimientos que utilizan en su fase productiva el componente plomo, lo que implicó la invocación del hecho causativo de un tercero como determinante del daño (art. Lll3, 2do.párr., ya citado), no hubo aportado elementos de juicio idóneos a fin de acreditar lo expuesto, dado lo cual, yanta la ausencia de demostración de la eximente argüida, corresponde, sin más, considerar comprometida la responsabilidad de Fevi S.A. por las derivaciones dañosas producidas, habida cuenta que la misma lo es a título de riesgo y no de culpa.-

V.- En lo que respecta al daño resarcible, se observa que algunos de los peticionantes han demostrado haber padecido, aunque con distinta intensidad, los efectos de un índice de plombemia superior a los valores normales (v. fs. 261/266:311/331; 344) , y que fueron sometidos a tratamiento.-

Las pericias médica y química, que tuvieron lugar en estos actuados (fs. 355; 356/358) y las satisfactorias explicaciones dadas a los requerimientos de lademandada (364 y 370), arrojaron como resultado que padecieron contaminación Luis Gette, María L. De Gette, Pedro Gette, Diego Gette, Silvia Gette, Verónica Speroni y María Eugenia Speroni, en tanto que «Leonardo Speroni presentó plombemia en el límite superior considerado normal por la UBA y Jorge Speroni presentó plombemia dentro de límites normales» (fs. 358). También informó el experto médico que «el mejoramiento de algunos integrantes de la familia Speroni y Gette es compatible con el tratamiento realizado en la Cátedra de Toxicología del Hospital de Niños. Asimismo la edad y la ausencia del hogar por razones laborales o de estudio diferencian los cuadros sintomatológicos por la distinta exposición» (fs. 364).-

Los accionantes reclamaron el resarcimiento por los conceptos de daño físico, moral y desvalorización de sus propiedades.

VI.- Corresponde indemnizar el denominado daño físico cuando se constata la ocurrencia deun daño de jerarquía patrimonial que se traduce en el desmedro de la potencialidad económica del damnificado por afectar sus aptitudes plenas.

Ello que dicho, pues, sin desconocer quela vulneración a la integridad física constituye, sin duda, un daño resarcible, resulta de todo interés metodológico para el debido análisis de la reparación pertinente, su ubicación y encuadre jurídico, habida cuenta que, de no ser esto convenientemente avizorado, podría incurrirse en inadmisibles duplicaciones resarcitorias sobre rubros que por su naturaleza no difieren.-

Cuando los daños a la incolumidad física, no dejan secuelas computables, no corresponde el resarcimiento autónomo del perjuicio descripto, lo que no significa que en tales casos, no proceda categorizar dichos daños como extrapatrimoniales, es decir, participando dela naturaleza del daño moral y de tal modo ser ponderados.-

Se hubo constatado que el nivel de afectación de los distintos miembros de las familias Speroni y Gette, fue diverso. De ellos, según surge de la pericia ya reseñada,» la Srta. Silvia Gette presenta como secuela polineuropatía en miembros inferiores, confirmado con electromio grama del Hospital de Niños». Los demás componentes, a excepción de Jorge Speroni (fs. 321, 358, 370), padecieron intoxicación, más a su respecto no se produjo acreditación de secuelas incapacitantes.-

Corresponderá pues, y así lo propongo, se declare procedente el resarcimiento que analizo, con referencia a la menor Silvia Esther Gette (arts. 1068, 1086 del Cod. Civil), quien al tiempo de estimarse los mismos (A 5.000a Nov./86). lo encuentro razonable, habida cuenta que su actualización al mes de marzo de 1991 (ley 23.928), arroja la suma de $ 7.732,10.- y toda vez que, habiéndose deferido la posibilidad de fijar una suma mayor a la prueba que se produjere, no se hubieron aportado elementos de juicio que indiquen la razonabilidad de determinar una cantidad superior (arts. 163 inc. 6· 330 del CPC.).

VII.- Con excepción de don Jorge Speroni, con respecto a quien, como se vio, no fue detectado ningún grado de afectación, opino que los demás integrantes de las familias que accionaron deben ser indemnizados por las zozobras que deben presumirse padecidas a raíz de la contaminación sufrida, que en algunos casos se tradujeron en trastornos físicos y malestares, en otros alteraciones, consultas médicas, sometimiento a análisis, estudios, temor por las consecuencias perjudiciales de la contaminación y, en general, el riesgo que con llevan los índices de plombemia habidos.

Como las sumas peticionadas por este ítem, operan como limite de este recurso (arts. 163, inc. B y 272 CPC.) ya que la mayor o menor afectación de cada uno, con suconsecuente grado de incidencia en la tranquilidad anímica de los mismos resulta circunstancia que debió ser conocida y esgrimida por los peticionantes al tiempo de demandar, no cabea este Tribunal, ponderar prueba alguna a efectos de traspasarese tope del requerimiento.

Diré sin embargo que la cantidad de A 1.000 reclamada por cada accionante (nov./86) y cuya repotenciación al 31-3-91 (ley 23.928 cit.) arroja la de $ 1.546,42, resulta adecuada, a mi modo de ver para restañar las alteraciones sufridas por aquellos que en menor medida las padecieron, porlo que no cabe menos por lo dicho en el párrafo precedente, que declarar su procedencia para la integridad del litis consorcio activo, con excepción, como se dijo, de don Jorge Speroni (art. 1078 del Código Civil).

VIII.- En punto a la solicitada indemnización por la desvalorización de los inmuebles cuya propiedad invoca la parte actora, advierto que ningún elemento de información ha arrimado esta a la causa, tanto en lo atinentea la ocurrencia misma del perjuicio, cuanto a los valores computables,

En el régimen de nuestro código Civil, no hay ilícito punible si no hubiera daño causado (art. 1067). En formar reiterada ha difundido la Suprema Corte Bonaerense que «Para que el daño sea resarcible es necesario que sea cierto y no puramente eventual o hipotético, es decir, que debe darse certidumbre en cuanto a su existencia ya sea presente o futura…» (Ac. 33.797, del 18-Vl-85).-Por ello es que, según juzgo, la pretensión que analizo debe ser desestimada.-

Por las motivaciones que anteceden, voto por la negativa.

La Señora Juez doctora Ferrer, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A la segunda cuestión la señora Juez doctora Suárez dijo:

Alcanzando el necesario acuerdo de opiniones, corresponde revocar la sentencia apelada, y hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por María Eugenia Gette de Speroni, Leonardo Gabriel Speroni, Verónica Paola Speroni, Pedro Gette, María Luisa Hernández, Silvia Esther Gette, Diego Mariano Gette y Luis Alberto Gette, contra Fevi S.A., y en consecuencia, condenar a esta última apagar a los primeros, dentro del término de 10 días. La suma total de $ 21.647,88, discriminada del siguiente modo: para Silvia Speroni $ 9.278,52 y para los demás nombrados $ 1.546,42 a cada uno.- Con costas a la demandada vencida (art.68 del C.P.C.). – Rechazar igual demanda promovida por don Jorge Speroni, con costas a su cargo en ambas instancias (art. 68 citado).-

ASI LO VOTO.

La Señora Juez doctora Ferrer, por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente SENTENCIA:

Por ello, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca la sentencia apelada, y se hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por María Eugenia Gette de Speroni, Leonardo Gabriel Speroni,Verónica Paola Speroni, Pedro Gette, María Luisa Hernandez, Silvia Esther Gette, Diego Mariano Gette y Luis Alberto Gette, contra Fevi S.A., y en consecuencia, se condena a esta última a pagar a los primeros, dentro del término de 10 días, la suma total de $ 21.647,88, discriminada del siguiente modo: para Silvia Speroni $ 9.278,52 y para los demás nombrados $ 1.546,42 a cada uno.- Con costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.).- Se rechaza igual demanda promovida por don Jorge Speroni, con costas a su cargo en ambas instancias (art. 68 citado). Notifíquese. Devuélvase.-

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