La realidad muestra que desde distintos frentes, la preocupación sobre la temática es compartida. Pediatras, especialistas en toxicología e incluso el propio Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) han insistido en la necesidad de actualizar el sistema de control relacionado al tema y de hecho en la Legislatura Provincial aún descansa un proyecto que aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados para regular con mayor rigurosidad la comercialización, uso y aplicación de pesticidas, fertilizantes y fungicidas con efectos tóxicos agudos y crónicos en la salud de la población. A nivel mundial los estudios realizados sobre los compuestos dan cuenta del riesgo potencial de desarrollar enfermedades que van desde alergias o complicaciones sobre del sistema endócrino, hasta leucemias, malformaciones o patologías neurológicas -tales como el Parkinson- solo por mencionar algunas.
Pero además, se advirtió gracias a este trabajo, que la población expuesta a los agroquímicos no solo se limita a los agricultores, sino que también involucra a quienes manipulan los productos, tales como el productor propio rural y su familia, el fumigador, los comerciantes, los exportadores y quienes consumen los alimentos fumigados, es decir, la población en general. “Dependiendo del nivel de peligrosidad del producto aplicado, de las dosis, tipo de producto, del grado y tiempo de exposición, del uso o no de elementos de protección personal, los riesgos pueden variar”, se desprende del informe mendocino.
La “plaga que no muere” y el desconocimiento
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y como así también el Iscamen son los órganos a cargo de controlar y efectuar los seguimientos correspondientes relacionados a la distribución, venta y aplicación de los productos de origen artificial que se utilizan en el campo. Desde el Iscamen aseguran que los estudios en los cultivos como así también en los ambientes en los que se usan agroquímicos arrojan resultados alentadores en lo referido a la trazabilidad de los alimentos. Sin embargo, las nuevas tendencias en lo que a seguridad alimentaria se refiere dan cuenta de la necesidad de profundizar los mecanismos que tienen que ver con el manejo de esos productos en las propias fincas de manera que se respeten a raja tabla aspectos clave.
Uno de ellos es el referido al período de carencia (tiempo que debe transcurrir para desde que un pesticida o plaguicida es aplicado en la planta para que esta logre eliminar los vestigios de producto antes de ser consumida. Otro punto fundamental es el relativo a la cantidad y clase de agroquímico a utilizar de acuerdo a las necesidades del cultivo, su época de crecimiento, el tipo de plaga (en el caso de querer minimizar el impacto de alguna de ellas) y aspectos ambientales, tales como la temperatura y humedad del ambiente como así también la intensidad del viento que sopla en el instante de aplicar estos productos. Sobre ello, el informe liderado por Beceyro da cuenta de una realidad, cuando menos preocupante. Es que en las encuestas efectuadas por el equipo de investigación, también se desprendió que algunos productores mencionaron que “ahora utilizan mayor cantidad de agroquímicos que antes, en tanto que siete de cada diez reconoció mezclar productos para ahorrar tiempo o para agilizar la siembra.
Entre los argumentos usados por los propios encuestados surgió, por ejemplo, que estos recursos se aplican en la chacra “porque la plaga no muere” o “para curar las hojas cuando hay más bichos”. En tanto que el 89,8 % dijo utilizar la cantidad de producto indicada en de indicada en los los marbetes de seguridad para evitar dañar o quemar los cultivos. “Sin embargo, en general no hacen referencia a los peligros toxicológicos y ecotoxicológicos de su uso indiscriminado”, advierte el informe inédito en la región oeste argentina e indica que además, la mayoría de los productores poseen un nivel bajo de tecnificación y aún se valen de una mochila para realizar la fumigación en forma manual. Solo 34% utiliza elementos de protección personal para efectuar esas actividades y el 17% reconoce utilizarlos “a veces”.
Escasa protección y conocimientos
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores al relevar los resultados de esta encuesta consistió en que el 84% de los encuestados expresó no tener el hábito de realizar prácticas ecológicas en cuanto al descarte de bidones de agroquímicos: los juntan en la en la propiedad y/o los queman, los reciclan (sin aclarar el destino final) y los tira en un basural o en la vía pública. Un productor, inclusive, mencionó que “se queman para evitar el contacto con la gente”. Sólo un 13 % respondió que los lleva a una planta de reciclado en donde realizan el lavado o los embolsa y lleva a un depósito de agroquímicos.
Gracias a esta investigación se supo, además, que los tipos de agroquímicos más utilizados por los productores del cinturón verde de Mendoza son los insecticidas, herbicidas y fungicidas (en un 88 %). En tanto que una minoría está conformada por fertilizantes y acaricidas. “Entre los productos mencionados se destacan tres agroquímicos por el elevado riesgo de toxicidad aguda que presentan sus principios activos- según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2019)-, así como por las consecuencias ambientales que tienen: éstos son: carbofurano, aldicarb y abamectina (banda roja, clase I)”, detalla textual la investigación y aclara que los dos primeros han sido prohibidos por el Convenio de Rotterdam, vigente desde 2004 y al cual Argentina adhiere.
El equipo a cargo de este exhaustivo estudio también puso el foco en las sustancias activas cuya elaboración, importación y fraccionamiento están prohibidas en el país. Menciona en este sentido una resolución del Senasa, la N°262 que está vigente desde octubre del 2018, en la cual se mencionan las siguientes: carbofurán, carbosulfán, diazinón, aldicarb y dicofol y sus productos formulados.
En tanto que otros productos de uso habitual mencionados por los productores incluidos en la encuesta son de clase II (banda amarilla) e incluyen las siguientes sustancias: clorpirifos, imidacloprid, lambda cyhalotrina, pendimetalina, paraquat, clorfenapir, cyproconazole, sulfentranzone- metribuzina, miclobutanilo, cipermetrina, dimetoato y clomazone. La investigación hace referencia además al uso del glifosato, “agroquímico que se encuentra en el centro de controversias existentes debido al bajo riesgo toxicológico declarado por sus fabricantes vs. los impactos en la salud constatados por investigaciones clínicas y epidemiológicas. Se ha comprobado que los problemas de salud pueden ir desde intoxicaciones leves a graves y se ha constatado el riesgo de que la población se vea afectada por diversas enfermedades”, advierte el trabajo inédito en su tipo hasta ahora.
Incertidumbre que persiste pese a las pruebas científicas
Una de las preocupaciones más fuertes en relación al uso de agroquímicos a la hora de cultivar y cosechar frutas, verduras y hortalizas que luego llegan a la mesa familiar tras pasar por un complejo proceso, tiene que ver justamente con las dudas relativas a si contienen o no sustancias activas que podrían originar problemas en la salud de la población. En este sentido, en el interior de los consultorios pediátricos, las dudas son profundas y de hecho, desde hace años hay profesionales que abogan por ir al fondo de las investigaciones relacionadas al tema.
En 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó una guía en la que emitió su advertencia y fue contundente al explicar que los grupos poblacionales expuestos al modelo agropecuario intensivo son más propensos a desarrollar enfermedades y alertan sobre la urgencia de contar con estadísticas fehacientes sobre el tema al tiempo que solicitan informes epidemiológicos que permitan cuantificar la dimensión del problema. Ese documento fue impulsado por la Comisión de Salud Ambiental de la SAP, para su elaboración contó con la intervención de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, investigadores y científicos involucrados en la temática.
La coordinadora del documento, María Gracia Caletti (pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP), detalló en ese mismo informe que “es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica”. Caletti calificó en este sentido el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Al referirse a la problemática relativa al uso de agroquímicos en Argentina, el documento de la SAP expresa que el riesgo es evidente tanto entre las poblaciones expuestas de manera directa a estos productos como entre la población general que consume frutas y verduras que no cuentan con los debidos controles previos que colaboren a prevenir patologías a corto y largo plazo.
El debate que Mendoza se merece
Sergio Saracco es el Presidente de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y uno de los investigadores que fue consultado por el equipo de investigadores mendocinos. “Una intoxicación de tipo aguda se produce cuando hay un evento de exposición concreta al producto y se vuelve crónica cuando hay una exposición prolongada a través del tiempo. En el caso de las intoxicaciones agudas son las que motivan la consulta de urgencia, en tanto que las crónicas son las que no se manifiestan en el tiempo en que se produce la exposición, pero que se manifiestan con enfermedades complejas a nivel orgánico cuyas causas luego son complejas de determinar, como por ejemplo, el cáncer”, explicó el especialista a MDZ.
Saracco aclaró que en el caso de Mendoza si bien se realizan los controles relacionados a la distribución de los agroquímicos y su comercialización, en lo concreto es fundamental que la Legislatura vuelva a tratar el proyecto que aspira a que los productos agroquímicos que se comercializan sean previamente autorizados y “recetados” por un ingeniero agrónomo especializado, quien deberá establecer las pautas concretas a aplicar por cada uno de los productores que use esas sustancias. “Al igual que un medicamento no se puede llevar de la farmacia sin una receta médica, es preciso que los agroquímicos no se comercialicen sin la debida certificación por parte de un experto”, dijo Saracco al comparar que por ejemplo, en el caso de las carnes, los consumidores cuentan con un sello de calidad que comprueba esos controles, mientras que en el caso de las frutas y verduras, esto no ocurre.
El autor de esa iniciativa que ya cuenta desde hace más de una década con la aprobación del la Cámara de Senadores de Mendoza es el ingeniero Oscar Astorga, quien además es el coordinador del Programa de Agroquímicos y Gestión de Envases del Iscamen. “El objetivo es que cada vez que un productor vaya a comprar el agroquímico que utilizará en su chacra deba presentar una receta agronómica específica emitida por un ingeniero agrónomo matriculado. Este servicio no tendrá un cargo extra para el productor y estará en línea con las buenas prácticas agrícolas que deben intervenir desde la compra del producto hasta la gestión de los residuos que se deriven de éste”, indicó Astorga.
Según los datos del Iscamen en función de las muestras extraídas en frutas y hortalizas, “es muy alto el porcentaje que está libre de residuos de agroquímicos”. Sin embargo, esto no resta importancia a la necesidad de aplicar mecanismos de contralor más concretos en lo que se refiere a la gestión de esos productos en el interior de las fincas. En la provincia se estima que hay unas 60 firmas que se dedican al expendio de agroquímicos. El artículo dentro de la Ley Provincial N! 5665/91 que se busca reformular a partir de este proyecto es el N°13. “Lo que se busca es que la aplicación de esta receta se emita de manera gradual, primero en lo que tiene que ver con el uso de sustancias más peligrosas para luego avanzar con el resto de las bandas toxicológicas”, explicó Astorga.
Las sustancias y su efecto en la salud
(Fuente: Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de las UNCuyo)
Aldicarb. Sumamente peligroso. Toxicología: neurotóxico, disruptor endócrino (inhibidor de la acetilcolinesterasa); efectos crónicos: depresión del sistema inmunológico, nefrotóxico, anemia aplásica; toxicidad dermatológica y muy tóxico por
inhalación e ingestión.
Carbofurano. Muy peligroso. Toxicología: disruptor endócrino y posible efectos sobre el sistema reproductivo y el desarrollo. Mutagénico. Muy tóxico por inhalación e ingestión.
Abamectina: Muy peligroso. Toxicología: teratogénico (paladar hendido), disruptor endócrino, genotóxico (aberraciones cromosómicas); muy tóxico por inhalación e ingestión.
Clorpirifos: Moderadamente peligroso. Toxicología: capacidad irritativa ocular y dérmica. Neurotóxico (inhibidor de la colinesterasa), disruptor endócrino y genotóxico (aberraciones cromosómicas). Evidencias de positividad para Parkinson. Alteraciones reproductivas. Otros efectos crónicos: debilidad, anorexia y malestar general, desorientación, pérdida de memoria, irritabilidad, insomnio, dificultad para hablar, depresión severa. Tóxico por ingestión.
Imidacloprid: Moderadamente peligroso. Toxicología: teratogenicidad no es clara, positivo para mutagenicidad. Se vincula a incrementos de colesterol en sangre y afectación de glándulas tiroides. Nocivo por ingestión.
Paraquat: Moderadamente peligroso”. Toxicología: irritante dérmico (corrosivo severo), ocular (corrosivo severo) y respiratorio. Capacidad alergénica positiva. Teratogénico (anormalidades esqueléticas). Mutagénico, disruptor endócrino, genotóxico. Parkinson: positivo. Antecedentes: exposición de los padres en casos de hijos con leucemia infantil
Glifosato: Poco probable que presenten un peligro agudo. Toxicología: capacidad irritativa ocular y dérmica débil. Probable carcinogenicidad. Disruptor endócrino. Efectos reproductivos: ductos de ADN. Parkinson: positivo. Otros efectos crónicos.
En su testimonio, la mujer hecha luz sobre un “secreto a voces” del que se habla con cautela pero que a la vez genera preocupación. Cuenta que su esposo, quien había llegado desde Bolivia a Mendoza en la adolescencia para trabajar en la chacra, murió como consecuencia de un cáncer fulminante, que en la voz del médico tratante, pudo haber sido causado por los agroquímicos que manipulaba sin la protección adecuada. “Le hacían mal los herbicidas, los venenos. Se enfermaba, se intoxicaba. Él no tomaba, no fumaba. Pero bajaba de peso. Comía bien, saludable”, expresa textual el relato que se destaca como una de las pruebas que forma parte de un informe casi único en su tipo y que fue presentado por un equipo de investigación del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de las UNCuyo.
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