La principal causa de la pérdida de bosques, especialmente en la región del Gran Chaco, segundo ecosistema forestal más grande del continente, es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que se exporta sobre todo a Asia y Europa.

“Sacrifican nuestros bosques para satisfacer una demanda extranjera de carne (la soja alimenta a los cerdos que comen en China, por ejemplo) para ganancia de los mismos de siempre”, denuncian a través de un comunicado oficial en su sitio web.

Según el último monitoreo de la superficie de bosque nativo en Argentina, realizado en 2021 por la Dirección Nacional de Bosques, se perdieron más de 200 mil hectáreas ese año y más de 300 mil en 2020, superando las cifras de años anteriores. El 33% de esta pérdida fue consecuencia de incendios forestales.

El presupuesto previsto para este año en “Ecología y Medio Ambiente” fue de $95.400 millones, un 12% menor respecto de 2022. Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explica que esa suma incumple la Ley de Bosques Nativos, que establece que los fondos deben representar el 0,3% del total de gastos y, aún así, no llega al 0,03%.

“La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad”, señaló Giardini.

La consulta popular llevada adelante por la organización desde el 10 de julio, culminó hoy con 258.967 votos a favor de la penalización a los responsables de la deforestación ilegal. Los resultados serán presentados ante el Congreso de la Nación.