La disputa por un predio pone en duda la reconversión del basural a cielo abierto más grande del país

Allí se depositan más de 100 toneladas de residuos por día; el municipio avanza en instalar un Centro Ambiental y planta de reciclado; la oposición vecinal y la intervención judicial, los mayores obstáculos

El destino de la basura en el partido de Luján alimenta desde hace meses un enfrentamiento entre vecinos y el municipio. De un lado hay resistencia por el lugar elegido para la disposición final de residuos, en un nuevo Centro Ambiental que se está construyendo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Del otro, la convicción de que el proyecto cumple con todos los estándares internacionales de calidad para continuar la obra que lleva el impulso del gobierno de la Nación.

Con un presupuesto estimado en U$S10.000.000 Luján avanza en la construcción de la planta de tratamiento que tendrá sectores de separación y disposición final de residuos, zonas de tratamiento diferenciado de áridos, vidrios y neumáticos, área de acopio de poda, de control y balanza, administración, vestuarios y guardería, todo cerca de la estación Sucre, ubicada a unos 10 kilómetros de la basílica de Luján. El proyecto incluye, en simultáneo, los trabajos de saneamiento y remediación ambiental del actual basural -conocido como La Quema- que a largo plazo se convertiría en un ecoparque.

Son precisamente los vecinos autoconvocados de Sucre quienes denunciaron en la Justicia que el municipio lleva varios meses sin cumplir una medida cautelar del fuero federal. La misma insta a cerrar el basural a cielo abierto, trasladar los residuos sólidos al Ceamse y a tratar los residuos peligrosos y patogénicos que se depositan en el basural a cielo abierto.

Para el municipio se trata de un nuevo intento de detener el proceso de saneamiento y sustentabilidad ambiental en Luján. “Un flagelo que lleva más de medio siglo”, según contó el intendente, Leonardo Boto, meses atrás. La defensa municipal se sostiene en un fallo de julio pasado de la Cámara Federal de San Martín que avaló la continuidad de las obras al considerar que “no existe, al menos por ahora, la necesaria verosimilitud que torne viable la medida cautelar en cuanto a la pretendida suspensión de los trabajos, obras y servicios objeto de la licitación para la construcción del Centro Ambiental Luján y el saneamiento del basural a cielo abierto sito en ese partido”. La Sala II resolvió revocar la medida cautelar que había impedido la continuidad de las obras de reconversión del basural donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, conducido por Juan Cabandié, impulsa la construcción de la planta de reciclaje.

En mayo de 2021 se había anunciado la construcción del Centro Ambiental como parte del proyecto de saneamiento que incluyó la incorporación de tecnología para la gestión de residuos sólidos urbanos y la inclusión laboral de los 160 recolectores informales que trabajan en el basural.

Según la información oficial, las nuevas instalaciones fueron planificadas con criterios integrales de sustentabilidad, con paneles y colectores de energía solar, espacios de transición interior -exterior para regulación térmica, protección solar y de lluvias, bloques y placas de tetrabrick recuperado para cielorrasos, recolección de agua de lluvia, forestación con especies nativas e iluminación LED.

Nuevas instalaciones

En total, el proyecto abarca 18.892 metros cúbicos para el nuevo relleno sanitario, 2.805 metros cuadrados de superficie cubierta, 582 metros cuadrados de superficie semicubierta y 10.167 metros cuadrados de pavimentos, playones y veredas. La planta de separación, por su parte, tendrá una capacidad de procesamiento diaria de 90 toneladas de residuos, 32 toneladas de residuos recuperables y 25 toneladas de otros residuos recuperables. Los sectores de áridos y playón de poda se extenderán en una superficie de 2.937 metros cuadrados.

“Pedimos a la Justicia que el municipio actúe ya y efectúe la disposición de los residuos sólidos urbanos de Luján en el Complejo Ambiental de Ceamse”, pidieron los vecinos de Sucre, una pequeña comunidad de 6000 habitantes junto a los habitantes de Open Door. “El basural está descontrolado: nadie regula el ingreso de los camiones que acceden al predio, la contaminación de residuos peligrosos se sigue amplificando, los vecinos se enferman, los recuperadores aspiran el humo de la quema, el intendente está incumpliendo sus deberes de funcionario público”, alertaron.

Los vecinos autoconvocados sostienen que el municipio no acreditó ninguna acción “tendiente al cumplimiento de la orden dispuesta por la Justicia Federal de Mercedes y confirmada por la Cámara Federal de San Martín de disponer los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento”.

Según advierten, la existencia de residuos peligrosos “fue confirmada por informes de peritos altamente calificados e incluso estudios del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, obtenidos luego de un allanamiento ordenado por la Justicia”.

En esta puja judicial, el juzgado federal de Mercedes había ratificado la vigencia de la cautelar que ordenaba la suspensión de las obras para la construcción del relleno sanitario y la planta de reciclado. Los vecinos sostienen que podrían llevar la causa hasta la Corte Suprema de la Nación.

Desde el Municipio de Luján sostienen que el fallo de la Cámara Federal de San Martín les permite continuar con las obras. De hecho, en agosto pasado el intendente Boto y Cabandié recorrieron las obras del nuevo Centro Ambiental de Luján. Pudieron observar de primera mano los avances en la construcción de la estructura metálica del galpón principal, donde se llevará adelante el procesamiento de residuos, y los trabajos en ejecución en el futuro relleno sanitario.

La disputa no se detendrá aquí. “Todos quieren sacar la basura de su casa, pero nadie quiere que la depositen cerca de su casa”, sintetizó una fuente ligada al tratamiento de residuos durante varios años. Mientras las obras continúan, la última palabra la tendrá la Justicia.