Desmonte ilegal en el Chaco: denuncian violación de las medidas cautelares
Noticias
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó pruebas contundentes sobre dos desmontes ilegales realizados los días 25 y 27 de agosto, pese a la prohibición judicial vigente.
En el marco de la megacausa por la mafia del desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de estas acciones en el Chaco.
“A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del Gobierno provincial”, expresaron desde la organización.
Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el tatú carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que éste aporta para su subsistencia y vida digna.
“Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región”, señalaron.
La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.
Este amparo se basa en la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. Según dicha ley, el desmonte es definido como cualquier actividad humana que transforme el bosque en otra forma de uso del suelo, causando graves impactos ambientales y sociales. “La medida es clara: los desmontes están estrictamente prohibidos durante 90 días para permitir una evaluación de los daños y evitar mayores perjuicios”, remarcaron los abogados.
A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo.

This Post Has 0 Comments