La protección ambiental en América Latina, en caída libre

Durante las últimas dos décadas, América latina ha contribuido con iniciativas novedosas al marco internacional de protección ambiental.

Allí están, por ejemplo, los derechos de la naturaleza garantizados por primera vez en la Constitución ecuatoriana de 2008, hoy copiados en muchos países, o el acuerdo regional de Escazú, de 2021, para proteger a los ambientalistas y garantizar el acceso, transparencia y participación ciudadana en megaproyectos.

Sin embargo, en los últimos meses y aupados por un movimiento global de ultraderecha negacionista, una avalancha de iniciativas desmantelan desde El Salvador hasta Argentina, pasando por Brasil, los logros de arduas luchas ambientales.

En muchos casos, Gobiernos cada vez más autoritarios no respetan los resultados de plebiscitos y Constituciones, arrinconando a la ciudadanía, como relatan ambientalistas a DW.

Privatizar áreas protegidas en Ecuador

“En Ecuador, el presidente Daniel Noboa está avanzando en una reforma constitucional velada a través de leyes marcadas de urgencia económica, atropellando la Constitución”, comenta a DW el economista y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta.

La iniciativa más controversial trata las áreas protegidas, porque prevé abrirlas para la inversión privada y el turismo. “El pretexto es el combate al crimen organizado, argumentando que el Estado no tiene suficiente dinero para proteger las áreas de la extracción de oro, tráfico de especies, tala indiscriminada etc.”, dice Acosta.

Los ambientalistas, sin negar la problemática, advierten que la propuesta tiene varios riesgos. “Se transforma un patrimonio en un activo para atraer inversión nacional y extranjera”, dice Acosta, exministro de Energía y Petróleo.

Así se abre la puerta para la privatización de las áreas protegidas a través de concesiones. Y, si se da una concesión, el Estado está obligado a proteger esa concesión con la fuerza pública”, advierte Acosta.

Esto enciende las alarmas en el movimiento indígena, ya que la mayoría de las áreas protegidas son también tierras indígenas, aunque muchas de ellas no tienen título. Su temor es que las concesiones puedan transformarse en una herramienta para el despojo y la criminalización, como ha sido el caso en los últimos 500 años, desde la Conquista española.

Facilitar el cambio de uso de suelo en el Perú

En el Perú, el retroceso en la gestión ambiental empezó desde hace varios años, con cambios reglamentarios que hacen más complejas la participación y vigilancia ciudadana, según la Ana Leyva subdirectora de la ONG Cooperacción.

Como ejemplo, pone la introducción de informes técnicos sustentatorios (ITS), una especie de licencia ambiental exprés parcial, y la posibilidad para las empresas de cambiar el examen de impacto ambiental durante el proceso.

“Recientemente, se ha modificado la ley forestal para facilitar el cambio de uso de suelo, favoreciendo la deforestación y el tráfico de tierras”, añade Leyva en entrevista con DW.

En algunos casos, los cambios fueron impulsados por el Ejecutivo, en otros, por el Legislativo, con el argumento de combatir la burocracia y facilitar trámites. “Se piensa que la inversión privada siempre es buena y que no debe tener límites, porque poner límites es anti-desarrollo”, observa Leyva, abogada ambientalista.

Licencias ambientales exprés en Brasil

En Brasil, el Congreso sancionó la semana pasada una ley que facilita las licencias ambientales, permitiendo en muchos casos que los empresarios puedan prácticamente autootorgarse una licencia por vía digital.

Bastaría que declaren que su proyecto no tendrá ningún impacto ambiental o que es de interés estratégico nacional.”Es un desastre total, que solo beneficiaría a los empresarios que quieren hacer las cosas mal”, comenta Marcelo Salazar, director de la organización ambiental brasileña A Mazo Maná.

Más de 350 organizaciones firmaron una carta pidiendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar el proyecto, que fue tildado por los medios como “ley de la devastación”.

Esa ley no solamente daña la imagen de Brasil, que dentro de cuatro meses recibirá la cumbre climática COP30 (Conferencia de las Partes de Naciones Unidas 2025, sobre el Cambio Climático). También puede causar daño a la economía y ser contraproducente hasta para sus impulsores, advierte Salazar. “Puede generar inseguridad jurídica y enlentecer las inversiones, ya que, seguramente, habrá muchos pleitos judiciales”.

Bioeconomía en lugar de extractivismo

Para Leyva, el problema de fondo es la ausencia de una visión clara del futuro en las élites latinomericanas y la falsa idea que la naturaleza es infinita. “Por eso hay mucha resistencia a aceptar límites”.

Acosta cree que los gobernantes apuestan nuevamente a las materias primas para salir de crisis económicas. Algo que ve como un modelo extractivista muy arraigado, pero, hoy en día, rebasado por la crisis ambiental y climática mundial.

“En Ecuador, vemos que el petróleo empieza a declinar y no pensamos en una salida post extractivista, sino en la minería”, cuestiona.

“Tenemos élites en el poder que son viejas, muchos son hombres blancos que tienen en la cabeza un modelo de desarrollo basado en monocultivos, megaproyectos y minería”, describe Marcelo Salazar, por su parte, el fenómeno que llama “monocultivo mental”.

En contraste, su organización está promoviendo la bioeconomía en la Amazonía, un sistema que apuesta a un desarrollo más armónico y respetuoso con la naturaleza y los seres humanos a través de la agroecología, la tecnología y empresas cooperativas.

Se trata de un nuevo concepto económico, que apenas está tomando vuelo. Brasil tiene desde el año pasado una estrategia nacional de bioeconomía, y el G-20 adoptó en septiembre de 2024 “diez principios de alto nivel sobre bioeconomía”.

Miedo y represión para inhibir cambios

Sin embargo, implementarlo significa un cambio de paradigma y precisa de un ambiente sereno con un debate democrático y científico, algo imposible en este momento.

“Mucha gente está consciente de la problemática ambiental, pero está agobiada por la precariedad económica y aterrada por la inseguridad, y el miedo frena”, considera Alberto Acosta.

No hay que olvidar tampoco la persecución, la criminalización y la violencia ejercida sistemáticamente contra líderes ambientales, apunta, por su parte, Ana Leyva.

América Latina es la región donde más ambientalistas son asesinados. Según Global Witness, en 2023 murieron 166 defensores ambientales en la región. Una pérdida lamentable, considera Salazar, “porque hoy necesitamos más que nunca una diversidad de productos, de ideas y de recursos para poder avanzar.”

A pesar de mostrarse preocupados, los expertos comparten la esperanza de que la Justicia frene esas iniciativas, mientras la sociedad resista, recapacite sobre el bien común y las nuevas generaciones tomen las riendas para enderezar el rumbo.

(ms)