Decreto 758/25 – Creación del Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Visto el expediente Nº EX-2024-09704397- -GDEMZA-ENERMIN; y

Que en el marco de la Ley N° 9585, que establece directrices para la política pública de gestión integral del cambio climático y la acción en materia de mitigación y adaptación en la Provincia de Mendoza, se busca un avance significativo en esta temática.

Que alineados a los fines de la mencionada ley, la Provincia crea el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero como medio de obtención de datos y promoción de planes de mitigación de emisiones.

Que el derecho a un ambiente sano comenzó a ser reconocido por el Derecho Internacional a partir del año 1972, cuando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano expresó que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. Desde entonces, se inició una tendencia cada vez más extendida de consagración de este derecho a nivel nacional.

Que la reforma constitucional del año 1994, lo incorporó en el capítulo “Nuevos derechos y garantías” como un derecho fundamental de todos los habitantes a “gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Que el Artículo 124 del mismo cuerpo normativo, establece que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que goza de jerarquía constitucional (Artículo 75, inc. 22 CN), reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y el deber de los Estados de adoptar medidas apropiadas para asegurar este derecho, entre otras, mediante la utilización más eficaz de los recursos naturales (Artículo 11); también consagra el derecho a la salud y, entre las acciones que se deberán implementar para dotarlo de plena efectividad, se menciona el mejoramiento del medio ambiente (Artículo 12). El sistema interamericano lo incorporó en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -conocido como Protocolo de San Salvador-, como el derecho que posee toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos y determina que los Estados deben promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Que, por su parte, la República Argentina, mediante las Leyes Nros. 24.295, 25.438 y 27.270, aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, respectivamente.

Que, durante la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), se lanzó oficialmente el primer acuerdo internacional para limitar las emisiones globales de metano. Y que actualmente más de 100 países, incluido nuestro país, adhirieron al Compromiso Global de Metano, comprometiéndose al objetivo colectivo de reducir las emisiones globales de metano en al menos un 30% desde los niveles de 2020 para 2030. Cumplir con este compromiso global reduciría el calentamiento en al menos 0,2°C para 2050.

Que creemos necesario extender esta limitación a todos los gases de efecto invernadero que se emiten y sus precursores.

Que la Ley N° 27.520 y su Decreto Reglamentario N° 1030/2020 sobre Presupuestos Mínimos para Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global establece que, dentro de los principios de las políticas públicas relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático, es fundamental que este aspecto sea considerado de manera transversal en las políticas estatales. Esto implica la integración y consideración de todas las acciones, tanto públicas como privadas, así como la evaluación y contabilización de su impacto en el cambio climático por parte de acciones, medidas, programas y proyectos.

Que, como Provincia, buscamos alinearnos a normas nacionales similares como la Resolución N° 970/2023, de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, mediante la cual se creó el “PROGRAMA NACIONAL DE MEDICIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES FUGITIVAS DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS”, cuyos objetivos centrales son: la detección, medición, cuantificación y validación de las emisiones fugitivas en las instalaciones y componentes asociados a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, organizar y sistematizar la información, propiciar la implementación de planes de mitigación y reducción de emisiones. Si bien es específica del sector de hidrocarburos, tomamos el antecedente y tenemos la intención de extenderlo a más sectores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero.

Que la Ley N° 5961 de la Provincia de Mendoza tiene como objetivo la preservación del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público. Declara de Interés Provincial, las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos.

Que la Resolución de la ex Secretaría de Medio Ambiente N° 399/2008 creó la Agencia de Cambio Climático, cuyos objetivos son el desarrollo sostenible de la Provincia de Mendoza, la coordinación y promoción de medidas de mitigación y/o adaptación, de corto, mediano y largo plazo, destinadas a la protección y conservación de los ecosistemas humanos y naturales provinciales y la integridad de sus recursos en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, entre otros.

Que en tal sentido, se reconoce que, para garantizar que la comunidad mundial cumpla el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento muy por debajo de los 2ºC, al tiempo que se persiguen para limitar el calentamiento a 1,5°C, deben lograrse reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial para 2030.

Que logrando reducir las emisiones de metano, se podría disminuir de manera acelerada la tasa de calentamiento a corto plazo, convirtiéndose en una de las estrategias más eficaces para combatir el cambio climático. Esto se debe al significativo potencial de calentamiento global del metano y a su corta vida en la atmósfera.

Que, para hacerle frente al cambio climático, es importante el control riguroso de las actividades más contaminantes y el compromiso constante para reducir los gases de efecto invernadero generados en todos los sectores productivos. De esta forma, resulta indispensable establecer medidas para mejorar la calidad del reporte, la transparencia, la precisión, la actualización y la coherencia de los datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente,