A 16 años del fallo de la Corte por el Riachuelo: piden al Gobierno que no abandone el trabajo de saneamiento de la cuenca

Pero eso no ocurrió. Aunque el Riachuelo se convirtió en este último tiempo en un río más amable, y volvieron los pájaros y algunos peces, y ahora se mantienen limpias sus orillas y ya no flotan lavarropas, ni bolsas de nylon, ni latas de pintura y ni zapatillas viejas sobre la superficie, una década y media más tarde, el trabajo está lejos de completarse. Por caso, apenas se logró relocalizar al 40% de la población que vivía en condiciones indignas y sumamente expuestas al daño ambiental.

“Las omisiones y demoras en el cumplimiento integral de la sentencia son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas. Este cuadro de situación se agrava al advertir el contexto actual”, expusieron organizaciones sociales y ambientalistas que integran el cuerpo colegiado de la causa.

Lo escribieron en un documento que días atrás presentaron ante la Corte Suprema para reclamar el llamado del Máximo Tribunal a una Audiencia Pública y que le exija al Gobierno nacional la reasignación de partidas presupuestarias para la Acumar, la autoridad tripartita de la cuenca, nacida a la luz del fallo, y que de ese modo esta pueda cumplir, aunque sea mínimamente, con lo exigido en la sentencia judicial. Con las medidas económicas de ajuste del último tiempo, sostienen, el plan quedará a la deriva si no se actúa rápido.

Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), que integran el cuerpo colegiado, resulta “de vital trascendencia” un pronunciamiento de la Corte para evitar que las obras para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo “se sigan demorando y así lograr que los cronogramas se cumplan en los plazos previstos”. Y agregaron: “Indudablemente, para que esto pueda lograrse es fundamental que la Acumar cuente con un presupuesto actualizado y se dejen sin efecto los retrocesos institucionales que ha sufrido en los últimos meses. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”.

Del último informe de Acumar presentado ante la Corte se desprende que se solucionó el 41% de la situación habitacional, es decir, 7.247 casos terminados, y proyectan para fin de año un total de 8.433, es decir, llegar al 47%. Según fuentes de la Corte consultadas, la Autoridad destacó que en los últimos 5 años avanzaron “notoriamente”: de 2010 a 2018 se entregaron 3.992 soluciones habitacionales; mientras que de 2019 a 2024, se entregaron 3.255 soluciones. “El Juzgado Federal de Morón tuvo gran injerencia en la aceleración, al dictar resoluciones que acotaron la discrecionalidad política a la hora de fijar prioridades respecto de sus políticas públicas en materia de acceso a la vivienda”, explicó una fuente del tribunal supremo.

Sin embargo, hay complicaciones. A mediados de mayo, el gobierno nacional decidió cortar el vínculo laboral con 40 trabajadores de Acumar, la mayoría empleados que operaban sobre los territorios y no en oficinas administrativas. Integrantes y ex integrantes del organismo advirtieron en ese momento lo perjudicial que puede ser eso para el plan de trabajo contra la contaminación. “Si no hay gente que opere las embarcaciones que limpian el Riachuelo, se va a volver a ensuciar”, explicaban.

En 2008, la Corte resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, los magistrados establecieron ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia.

“Podemos constatar que todavía subsisten demoras en la ejecución de obras y que los indicadores utilizados por Acumar apenas reflejan la complejidad que implica la medición del cumplimiento de la sentencia, además de observarse un bajo nivel de ejecución”, explicaron desde FARN. Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, detalló que “las infancias y adolescencias son más vulnerables a la contaminación del aire, suelo y agua, por lo que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos” y aseguró que “los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes”.

Según un informe de mediados de junio publicado por Naciones Unidas, la contaminación atmosférica se convirtió en el segundo factor de riesgo de muerte, más preponderante que el tabaco y la mala alimentación, incluso en niños menores a cinco años. Estudios anteriores cifraban las muertes por esta causa en siete millones anuales, pero el último relevamiento, publicado por el Instituto de Efectos sobre la Salud, con sede en Estados Unidos, concluyó que la contaminación ambiental cargó a su cuenta 8,1 millones de muertes en todo el mundo en 2021. “Es un avance constante”, advirtió Naciones Unidas.

El cuerpo colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz.

“En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena. Es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN.

“Se observan algunos avances sustantivos y un alto grado de incumplimiento en este fallo. El juicio de 2008 ordenó la institucionalidad, hay una Autoridad de cuenca que tiene bastante trabajo que hacer porque, según ellos, mismos advierten hay un alto grado de incumplimiento, en especial con la elaboración de soluciones habitacionales conveniadas en 2010″, coincidió Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, que también integra el cuerpo colegiado.

La causa judicial, conocida como “Mendoza y otros vs. Estado Nacional y otros”, llegó a la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia hecha en 2004. Dos años más tarde, el máximo tribunal intimó a los demandados -el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y 44 empresas- a presentar un plan integral de saneamiento.

Así nació Acumar, que tiene la misión de coordinar las acciones para descontaminar y proteger a las poblaciones afectadas. En 2008, finalmente, la Corte ordenó crear un cuerpo colegiado que supervisara el trabajo. Dieciséis años después, empezaron a verse buenas noticias, como por ejemplo la liberación total del camino de sirga.

Hace unos años se suspendió de forma preventiva la navegación de barcos que desde los primeros tiempos trasladaban frutas, verduras, arena, materiales de construcción a lo largo de todo del cauce, que nace en Cañuelas, hasta La Boca. Esto es porque la navegación remueve los lodos impregnados de la toxicidad letal acumulada en las décadas.

Además, se inició una transformación de la zona con la instalación de calles, bicisendas, parques y espacios de recreación. Los puentes levadizos, antes en uso, quedaron inhabilitados para el levantamiento, excepto el puente ferroviario del tren de carga.

La limpieza y recuperación implican el trabajo de embarcaciones especializadas que levantan constantemente la basura que flota o es llevada por las corrientes. Decenas de miles de toneladas se quitan cada año del agua o de las márgenes, donde hombres y mujeres de cooperativas trabajan con la limpieza de las orillas, o al menos lo hacían hasta la asunción del nuevo gobierno. Las estaciones de bombeo juegan un papel crítico en la prevención de inundaciones al remover el agua cuando los niveles del río aumentan.

La contaminación del agua, sin embargo, sigue siendo un problema generado por vertidos industriales y cloacales. Solo el 56% de la población que vive alrededor del Riachuelo tiene acceso a cloacas, lo que genera que, por ahora, toda la materia fecal de la zona baje al río. Esto disminuye el oxígeno en el agua y afecta negativamente la vida acuática. Hay peces, pero son peces nadando entre excremento humano diluido en agua.

Un buen sistema de cloacas y tratamiento de aguas es clave para abordar el problema. Hay avances, como la construcción del Colector Margen Izquierdo de Aysa, una obra monumental y multimillonaria que se hace con un préstamo del Banco Mundial, lo que impide que integre la lista de obras públicas frenadas por Milei.

Según un informe de la Corte al que tuvo acceso este medio, los agentes contaminantes (aquellos que generan un impacto negativo en el aire, suelo agua o en el ambiente en general) pasaron de 847 (en 2018) a 434 (en 2024).

Las obras de saneamiento en Villa 20 están avanzadas, dicen en Acumar, con colectores y plantas de tratamiento casi finalizados. Se espera que la contaminación disminuya gracias a estos procesos biológicos que se activarán tras detener la contaminación. La iniciativa fue impulsada desde el gobierno de Cristina Kirchner, continuada por el de Mauricio Macri. Se esperaba que finalice bajo la gestión de Alberto Fernández, pero la pandemia demoró los trabajos. Sobre los planes que tiene el gobierno de Milei no hay información. Infobae intentó la respuesta de voceros pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.

Semanas atrás había retumbado fuerte un rumor difundido por el diario La Nación que indicaba que la Corte pretendía cerrar la causa Riachuelo. Las organizaciones del cuerpo colegiado reclamaron que haya especial atención sobre este punto. Una fuente cercana a los jueces del máximo tribunal despejó los temores ante la consulta de este medio e indicó que están trabajando en un documento que atienda el pedido del cuerpo colegiado, del que tomaron nota.

Esto sería requerir a la Acumar, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un plazo de 30 días elaboren un dispositivo que garantice una amplia participación ciudadana en los diversos aspectos de la implementación del programa de saneamiento y facilite la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de relocalización y reurbanización.