Bosques Nativos: el proyecto de presupuesto nacional 2024 le asigna apenas el 7,37% de lo que le correspondería a la Ley de Bosques

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Desde Fundación Vida Silvestre expresan preocupación por la falta de fondos para la protección de los bosques nativos de Argentina. Si bien el monto en pesos aumenta de forma considerable, el porcentaje disminuye en comparación al presupuesto anterior 

Noviembre 2023- En Argentina contamos con una herramienta fundamental para la protección de nuestros bosques: la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, en todos estos años, su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración.   

El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2024 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien existe una discrepancia entre las planillas Anexas y el Artículo 17 del Proyecto de Ley (donde las partidas aparecen invertidas), se puede entender que se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $15.004.325.000 (quince mil cuatro millones trescientos veinte cinco mil pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $1.500.480.600 (mil quinientos millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos pesos). Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 7,37% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente. 

En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese 0,3% para 2024 debiera ser de 203.532.806.865 (doscientos tres mil quinientos treinta y dos millones ochocientos seis mil ochocientos sesenta y cinco), una cifra que difiere bastante de los 15.004 millones estipulados en este proyecto. El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.

Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre afirma: “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 15.004 millones de pesos al año. En definitiva, estamos pensando que 300 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 25 pesos por mes por hectárea. Lo que venimos pidiendo año tras año es que se cumpla la Ley de manera correcta. Sin el adecuado estímulo financiero, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación”. 

Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.

Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies. 

“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” agrega Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. 


¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?

• La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe no más del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
• Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
• Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
• La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 76% de la deforestación ocurra en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas),  Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
• Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.