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La AGN juega un papel central en el análisis y seguimiento del uso de recursos públicos y preservación de riquezas naturales. ¿Qué dicen algunos de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre las problemáticas vinculadas al medioambiente?
El cuidado del ambiente es una prioridad de las agendas mundiales y en Argentina no es la excepción. Como organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene un rol fundamental. ¿Por qué es tan importante que la AGN se involucre en estas cuestiones? Porque es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión estatal, también en lo vinculado a la sustentabilidad y la preservación de riquezas naturales.
Desertificación, glaciares, energías renovables, pasivos ambientales, bosques nativos, saneamiento del Riachuelo son algunos de los temas que el organismo consideró para sus informes. Estos estudios permitieron identificar deficiencias y puntos a mejorar. Si bien siempre hubo un compromiso de parte del organismo con la gestión ambiental, en 2001 se creó un área específica para esa labor que es el Departamento de Control de Gestión Ambiental (DCGA).
Desertificación
Una de las grandes preocupaciones en materia ambiental es la desertificación. Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) señaló el “escaso cumplimiento” de las gestiones de cuidado del medio ambiente. El estudio se centró en la gestión desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, y el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
La auditoría encontró “graves falencias” para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra. Según el informe, las acciones no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
Hallaron que no impulsó una nueva legislación sobre suelos y desertificación, y que el presupuesto y recursos humanos son insuficientes para la efectiva implementación del programa. Entre los factores ajenos al programa, señalaron la situación del ASPO por COVID-19 que obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.
Parques nacionales
Otro aspecto analizado por la AGN es la gestión de los Parques Nacionales. La Auditoría evalúa la eficacia de las políticas y medidas implementadas para su protección, con el objetivo de asegurar que se cumplan los objetivos de conservación y se minimicen los impactos negativos en espacios naturales que albergan un patrimonio invaluable.
A mediados de 2021, el organismo de control aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS). De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo de control en 2016, solo se habían resuelto ocho.
Entre las observaciones realizadas se detalló que no se encontró personal con estabilidad laboral (de planta permanente) en las áreas protegidas ni guardaparques contratados y que en muchas ocasiones el control y vigilancia o acciones ante emergencias ambientales son cubiertas por pobladores locales que actúan como guardaparques de apoyo.
La AGN también resaltó la importancia de elaborar una estrategia que redefina las prioridades considerando una mejor administración de las áreas protegidas con alta participación, mejores niveles de investigación científica, realización de monitoreo de la biodiversidad y programas de vigilancia eficiente. Sobre este punto, advirtió el progreso en el proceso de planificación, “aunque persisten dificultades que limitan la gestión eficaz de las AP”.
Sobre la cuenca Matanza – Riachuelo
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitía una sentencia que fue pionero en materia de recomposición y prevención del daño ambiental: el fallo “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros” mediante el cual se obligó al Estado a desarrollar un plan para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para el desarrollo de la causa, la AGN tuvo un accionar clave en el aporte de pruebas.
El informe de la Auditoría daba cuenta que el 65,9% de los hogares de la Cuenca no tenía acceso a los servicios de cloacas, y afirmaba que las principales fuentes de contaminación eran los vertidos cloacales e industriales (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel e hidrocarburos y sus derivados) y la falta de una gestión adecuada de los residuos.
Desde entonces, cada año la Auditoría realiza un estudio de gestión y de seguimiento de las tareas que Acumar realiza en la Cuenca. El último fue aprobado en abril de este año sobre el desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos.
Glaciares
En lo referente a glaciares, la Auditoría ha realizado informes para evaluar la implementación de la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Estos análisis son fundamentales para asegurar que se cumplan las medidas de protección necesarias y evitar el deterioro de estos ecosistemas únicos.
En 2018, aprobó un informe en el que se concluyó que existe una “ausencia de monitoreo” de los lagos que se forman en torno a los glaciares de la zona oeste del país y, por eso, se está ante un “riesgo potencial catastrófico”. El organismo de control encendió las alarmas luego de analizar la labor del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los auditores explicaron que cuando los lagos se desbordan “arrastran sedimentos y escombros que generan aluviones de gran magnitud, pues recorren distancias extensas debido a la pendiente, y son considerados uno de los peligros más importantes por su potencial destructivo de poblaciones cercanas”.
Pasivos ambientales
La AGN examinó la gestión de la Secretaría de Minería en materia de manejo de los Pasivos Ambientales Mineros. Observó fallas en el fortalecimiento de la administración y en la estandarización de marcos normativos. Los organismos auditados, entre enero de 2018 y mayo de 2020, fueron la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
De acuerdo al análisis del organismo “no existieron acciones de fortalecimiento” de la gestión minera y tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los residuos. Sumado a esto, el informe expuso que la Secretaría de Minería “no fue eficaz ni eficiente” en el cumplimiento de objetivos.
Bosques nativos
Sobre la preservación de bosques nativos, la Auditoría General de la Nación realizó varios informes y la aplicación de la Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos para su protección.
El ordenamiento territorial es clave para la conservación de los bosques y, según la Auditoría, presenta debilidades que la autoridad de aplicación nacional no pudo modificar. Una de las fallas detectadas es que por no coordinar con las provincias se produjeron fallas en la coherencia ecorregional, en la definición de bosque nativo, en la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y en el cumplimiento de plazos para su actualización.
Energías renovables
En función del cumplimiento de las metas del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, la AGN analizó la gestión de la Secretaría de Energía. El período analizado va desde el inicio del año 2018 hasta dos años después, a fin de febrero del 2020, y los avances y acciones registrados en ese lapso no fueron suficientes.
Se encontraron programas subejecutados y falta de coordinación entre las partes involucradas, no logrando garantizar el futuro cumplimiento de los compromisos asumidos.
¿Qué se audita en 2023?
Según el Programa de Acción Anual de la AGN presentado ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, este año la AGN realiza el estudio de la gestión de la Administración de Parques Nacionales sobre el Parque Nacional Campos del Tuyú, Mburucuyá, Talampaya; las acciones en función de la calidad del aire impulsadas por el Ministerio; el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos; la implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales que hagan al cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
También forman parte del listado la gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos; la producción sustentable. contingencias y pasivos ambientales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; la gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos; la gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad, comunidad wichí, Salta; y el relevamiento de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
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