La denuncia había sido archivada por el Juzgado Federal de Mercedes, medida que fue revocada por la Cámara Federal de San Martín.

La cartera ambiental estimó que el supuesto accionar ilícito denunciado “guarda relación con propietarios de cotos de caza, cazadores, taxidermistas, coleccionistas privados y demás personas que se vincularía con actividades ilegales, circunstancia que podría configurar el delito de asociación ilícita”.