La detección de un color extraño en las aguas del río Pilcomayo a la altura de Villa Montes, en el Estado Plurinacional de Bolivia, preocupó nuevamente a las comunidades indígenas de la zona, que denunciaron esta situación.
La novedad se conoció el viernes último cuando el diario El Deber, de Bolivia, informó que el representante de la Asociación de Pescadores del Pueblo Weenhayek, Francisco Nazario, había reportado “un derrame de hidrocarburos por la rotura de un ducto proveniente desde el campo Los Suris”.
Shell Bolivia Corporation (SBC) aclaró ayer mediante un comunicado que lo ocurrido fue consecuencia de las actividades de abandono programadas, una vez concluido el contrato de operaciones de la Planta de Gas La Vertiente, ubicada en Villa Montes, en el departamento Tarija. La empresa declaró que realizó “pruebas hidráulicas en las líneas de flujo que cruzan el río Pilcomayo para proceder a su abandono de manera adecuada y definitiva”.
La firma indicó que el 19 de agosto, en coordinación con “YPFB realizó dichas pruebas en una línea de recolección de gas que cruza el Río Pilcomayo y que se encuentra fuera de operación desde el año 2019”. Explicó que el objetivo “era realizar una prueba hidráulica con trazador (colorante biodegradable de fácil identificación visual), en una línea de recolección de 8 pulgadas para lograr así el abandono definitivo de la misma en los próximos meses. Como la línea se encontraba sin uso hace tres años, no genera ningún tipo de riesgo medioambiental”.
La empresa añadió que antes de estos trabajos se comunicó a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Weenhayek y las concesiones pesqueras de la zona, que “dieron su autorización para proceder e, incluso, participaron de la prueba con sus respectivos monitores socio-ambientales”.
Sin embargo, el Pueblo Weenhayek desmintió esta afirmación. “Me consta que ellos no han mencionado nada, ni comunicado nada, hasta que la gente reaccionó. Tal vez lo dijeron a algunas personas pero no a la Nación”, dijo a Salta/12 el capitán grande de la Nación Weenhayek en Bolivia, Pablo Rivero. Sostuvo que en total son 180 comunidades que conforman esta Nación y que las consultas deberían haberse dirigidas a las autoridades reconocidas, y convocar así a una audiencia pública para poner en conocimiento los trabajos a realizar. Esta versión contrarresta la de Pablo Pérez Saqueo, quien en otros medios dijo ser el capitán grande de esta misma Nación y haber autorizado, junto a algunas comunidades afectadas por el emprendimiento, que la empresa realice los estudios.
“No es un vecino nuevo”
Rivero indicó que la SBC “no es un vecino nuevo”, dado que en 2001 se firmó un convenio por el cual se debe pagar a su Nación unos 180 mil dólares anuales por tener los pozos petroleros en su territorio. Las comunidades ribereñas de la zona se dedican a la pesca del sábalo, un producto de consumo masivo en el país vecino.
El convenio firmado hace más de dos décadas, indica que la empresa debe atenerse a lo dispuesto en la legislación boliviana realizando las consultas públicas necesarias. Ante situaciones de alerta como la actual además se debe “poner en conocimiento a las comunidades”, y “no esperar que las comunidades se den cuenta por sí mismas de que algo sucede”.
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