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Punto de encuentro entre las Empresas, el Medio Ambiente y la Sustentabilidad

ALMADA Hugo N.c/ COPETRO S.A.

 Daños y perjuicios.  Prevención

Suprema Corte de Buenos Aires mayo 19, 1998

Oído el Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:

1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

Caso negativo.

2. ¿Lo es el de inaplicabilidad deley?

1ª cuestión. El Dr. Hitters dijo:

I. Sostiene el apoderado de la accionada que la Cámara omitió el tratamiento de tres cuestiones primordiales con violación del artículo 168 Const.Prov., a saber:

1. El asunto referido al análisis de la crítica efectuada a la pericia química.

2. La ubicación de Copetro S.A. enel llamado polo petroquímico, con existencias de otrasfuentes contaminantes.

3. Del tema referido a la competencia dela autoridad administrativa (artículo 2611 CC) y que dejara de lado la normativa invocada por la apelante al respecto.

II. Como sostiene el Procurador General en su dictamen, el recurso no puede prosperar.

Estoy de acuerdo con los fundamentos expuestos por el mismo con referencia a cada uno de los agravios señalados.

1. En lo que atañe al punto I.1., tiene dicho esta Corte que los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones no revisten el carácter de “cuestiones esenciales” en los términos del artículo 156 Const. Prov., ya que únicamente tienen esa entidad aquellos planteos que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio y no cualquiera que las partes consideren de ese modo (Ac. 40.687, sent. del 6/3/90 en AyS 1990-I-298; Ac. 47.688, sent. del 22/10/91; Ac. 54.363, sent. del 6/9/94).

2. Con respecto al punto I.2. no puede tenerse en cuenta lo expresado por el recurrente, por cuanto la cuestión que propone quedó desplazada por los argumentos vertidos por el sentenciante, dentro de los límites de la litis, responsabilizando a la demandada y condenándola a indemnizar, y como tiene dicho en ese sentido este tribunal, no existe omisión de cuestión esencial si ésta ha quedado desplazada por el razonamiento seguido en el fallo, sea cual fuere su acierto (Ac. 36.487, sent. del 0/9/89; Ac. 44.018, sent. del 13/9/91).

3. Coincido, asimismo, con el Procurador General, acerca de la cuestión de la competencia que el recurrente dice omitida (punto I.3.), por lo que me remito altratamiento que tuvo la misma en el punto V: “De la competencia”(ver fs. 2697 vta.&2703 vta.) no configurándose por ende- la causal prevista en el artítulo 168 Const. Prov.

Es doctrina de esta Corte que no se viola el artículo 168 Const. Prov. si los temas que se dicen referidos han sido explícitamente tratados en el fallo cuestionado, siendo ajeno al recurso de nulidad extraordinario el acuerdo o mérito con que lo haya hecho (Ac. 43.963, sent. del 17/12/91; Ac. 53.550, sent. del 25/10/94).

Voto por la negativa.

Los Dres. Pisano, Laborde, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del Dr. Hitters, votaron la primera cuestión también por la negativa.

2ª Cuestión. El Dr. Hitters dijo:

I.a) En lo que interesa destacar para el recurso traído, la Cámara a quo comenzó tratandola naturaleza de los derechos y pretensiones en juego, como así también la legitimación y la violación de congruencia planteada por el apelante.

Refiriéndose a anterior resolución de fs. 1947/1951, rebatió el agravio concerniente a la mudanza de la pretensión originaria, que según el representante de la demandada fue transmutada en una acción popular por el juez de primera instancia, provocando quiebra del principio de congruencia y exceso de jurisdicción.

Fundamentó el aquo, en defensa del criterio del juzgador de origen, que aún cuando en aquel momento no se había incorporado explícitamente en el ordenamiento jurídico acción popular alguna, mediante la legislación existente (artículos 14 y 33 CN.; 4 y 5 Convención Americana de Derechos Humanos) no podía negarse la tutela de los intereses difusos, afectados por la agresión al medio ambiente, ya que si bien se acudió al concepto clásico del derecho subjetivo para abrir la jurisdicción, no es pudo soslayar que para ” evitar el daño temido, neutralizar su agravamiento o detener la continuidad de su producción, el mandato judicial preventivo o la condena impeditiva, han de ir más allá de la parcela del interés individual del pretensor o demandante individual” (ver fs. 2693 vta.) y así, refiriéndose a la citada resolución transcribió: “fáciles comprender cuan vana y absurda sería una sentencia amparada en el carácter individual de las acciones y tras comprobar los efectos contaminantes denunciados, pretendiera limitar los alcances de su mandato a la relación jurídico procesal bilateral nacida en cada proceso individual y mandara, por caso, que los efectos contaminantes cesaran tan sólo cual sifuera posible para los actores de autos, más no para con el resto de la comunidad afectada”.

Agregó que de todos modos legitimaba individualmente a los actores el art. 2618 CC. para el reclamo individual de cese de la contaminación y para volver las cosas a su anterior estado los artículos 1083 y 1113 párrafo2·, 2· parte del mismo cuerpo legal (hecho de las cosas que el empresario tiene bajo su dominio y guarda).

Desarrolló luego, basándose en características doctrina nacional y extranjera, las argumentaciones tendientes a la superación del concepto trilógico clásico de Jellinek: derecho subjetivo interés legítimo interés simple, señalando que aún antes de la sanción de la nueva Constitución, el artículo 33 permitía la acción a los titulares de los llamados intereses difusos, los que conceptualiza.

Aludió al explícito contenido actual de nuestra nueva Carta Magna, que la Convención Constituyente consagrara en 1994, con transcripción delos nuevos artículos 41 y 43, los que no dejan ya lugar a dudas sobre el tema planteado.

b) Se refirió entonces a las cuestiones de competencia traídas por la demandada en su expresión de agravios, remitiéndose al precedente sentado en autos “Sagarduy, Alberto O. S/incidente medida cautelar”,el que transcribió en su parte pertinente. Al respectoconcluyó que ” lo que la sentencia apelada dispone es el cese de las libranzas al exterior de elementos contaminantes, no el de la actividad productiva” (ver fs. 2702 vta.) y prueba de ello es el programa de eliminación del daño ambiental propuesto por el juzgador de primera instancia.

c) Mediante examen de las probanzas rendidas y partiendo del valor que la pericial debe aportar como “instrumento productor de la convicción del juez” (ver fs. 2711vta.), señaló la excelencia de la sentencia de primera instancia por su adecuación a los textos constitucionales vigentes (artículos 41 CN. y 28 Const. Prov.).

d) Indicó después el a quo,que adquirieron firmeza los siguientes hechos, al no haber sido materia del recurso de apelación de la demandada:

1) La existencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s) en las partículas carbonosas que se desprenden del material depositado al aire libre y quesegún dictamen del Dr. Catoggio, superan los niveles de tolerancia.

2) La aptitud carcinogénica del B(a) P, en consonancia con la calificación que de dicha sustancia efectuara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como “sustancia carcinógena sospechosa para el hombre (ver ADLA LI-B p. 2012 y 2052)” (f. 2717).

Confrontó los conceptos de la prueba pericial de autos con las disposiciones vigentes del decreto reglamentario de la ley 24.051 (de residuos peligrosos) que determina las proporciones tolerables de contaminación y ahondó en la investigación de los hechos afirmados con la lectura de bibliografía citada en la misma, llegando a la conclusión de que “los riesgos que se ciernen sobre la salud de los convecinos a partir de la contaminación que genera la actividad de la accionada, en la forma y modo en que la misma es actualmente desarrollada, son ciertos y significativos (artículos 2499 CC.; 384,474 CPr.)” (ver fs. 2720 y vta.).

e) Por tal causa desechó los agravios referidos a la aplicación del art. 2618 CC., por exceder la situación la “normal tolerabilidad” que dicha norma exige, con mención del “respeto debido al uso regular de la propiedad y la prioridad en el uso” (ver 2720 vta.), y con respecto a esto último destacó el indiscutible preestablecimiento del antiguo barrio de Campamento en la zona, y que tal circunstancia “ofende y lastima al más mínimo sentido de justicia social y solidaridad, el parapetarse tras tal argumento para instalar y levantar `en las mismas narices’ del antiguo barrio, frente a las puertas y ventanas de sus viviendas, una empresa cuya actividad, en la forma y modos que se desenvuelve desde su fundación y aún en la actualidad, aunque con mayores cuidados, contamina la atmósfera de la comunidad aledaña, generando diversos riesgos sobre la salud de sus habitantes y degradando, como ya vimos, el modo y estilo de vida de los mismos y el valor de uso, goce y cambio de sus propiedades”(ver f. 2721).

f) Teniendo por comprobado, entonces, el daño al ambiente causado por las instalaciones de la demandada, y más allá de la ausencia de signos patológicos en los autores quienes esgrimieron fundamentalmente en su demanda la pretensión de cese definitivo de dicho daño-,la Cámara, haciendo uso del mandato preventor para “evitar que el daño temido se transforme en daño cierto, efectivo e irreparable” (ver f. 2722), puso en actividad la norma del artículo 42 CN. que garantiza el derecho aun ambiente sano y equilibrado, no sólo para todos los habitantes, sino también para las generaciones futuras.

De tal manera, desde el moderno papel de “juez protector y acompañante” y frente al giro que la realidad impone, dentro del ámbito del derecho preventor de daños, invocando el principio de la instrumentalizado flexibilidad de las formas, encaró la adecuación de la ejecución de la sentencia, agregando a las tareas que el pronunciamiento de primera instancia encomendara al perito de la Universidad Nacional de La Plata, la información respecto de “los límites de concentración permisibles de benzo-alfa-pireno para áreas urbanas que estatuyen las legislaciones de otros países, los que difunden las organizaciones mundiales vinculadas a la salud y los estudios científicos más recientes, parangonando todos ellos con el dictaminado en el informe Catoggio y los vigentes en nuestra legislación nacional y provincial” (ver fs. 2723 vta.).

g) Incorporó, por último, los conceptos del “Convenio sobre diversidad biológica” de Río de Janeiro, suscripto por la Argentina en 1992, según el cual no es necesario contar con pruebas inequívocas ante la amenaza a tal bien jurídico.

h) Después de un minucioso examende las cuestiones de hecho y prueba, a partir de la premisa del daño cierto tanto material como moral- que la instalación de la empresa demandada había producido a las propiedades aledañas y a sus moradores, así como del daño futuro, rubro éste insoslayable según el juzgador de grado, en razón de la materia involucrada, concluyó el sentenciante haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación de los actores, confirmó en lo principal la decisión de primera instancia y elevó los montos de condena de la misma, con intereses y con costas a la demandada vencida, ordenando, por lo tanto, al perito de la Universidad Nacional de La Plata designado en autos, un informe comparativo de legislaciones de otros países e informes de organizaciones mundiales, estudios científicos sobre el tema con relación a la proporción tolerable de concentración de benzo-alfa-pireno, todo ello para cotejarlo con el dictamen del perito Catoggio y la legislación argentina vigente.

III. Interpone contra dicho pronunciamiento el apoderado de la accionada recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando:

a) Violación global del artículo384 CPr. con relación a los principios de bilateralidady contradicción y artículo 18 CN. (1).

b) La resolución del a quo respecto de la delegación a peritos de la Universidad Nacional de La Plata de la labor para la evaluación de las emanaciones, considerándola como violatoria al principio de congruencia y artículos 384, 457, 459, 463, 469, 473, 474 y 476 CPr., variante sui generis que transgrede el artículo 163 inc.6 (ppio. de congruencia).

c) Como absurda la interpretaciónque de la prueba ha efectuado el a quo en la sentencia recurrida.

d) La violación de los artículos 1113, 2· parte, 2618, 1068, 1069, 901/9 CC y 14, 16, 17y 18 CN.

e) En el capítulo V del recurso;el que titula “Impugnación concreta a la base legal del fallo”, los siguientes agravios:

1) Competencia: acerca del tema alude el recurrente a la desestimación de la competencia federal que en “Irazu v. Copetro” efectuara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundándose en que la Cámara a priori limitó su decisión al comprometerse a no propiciar el cierre del establecimiento, para luego sostener lo contrario.

Enumera, por lo tanto, los fundamentos dados por el a quo, para variar esa decisión y emprende su ataque a los mismos invocando la Ley de Puertos 24.093, la que establece en su artículo 22, concordante con el 21, que la autoridad de aplicación es nacional.

Tampoco considera óbice para la competencia federal que se haya convenido entre los gobiernos nacional y provincial el traspaso de la administración y explotación, ya que el dominio sigue en cabeza de la Nación, lo que lo incluye como “nacional” en la clasificación del artículo 7 inc. 1 de la citada ley.

Aduce que a pesar del mandato de “no contaminar” que contiene la sentencia, aún cuando considera que su mandante no lo incumple, debe el a quo descartar el cierre del establecimiento, que conlleva la paralización de la carga de buques, motivo éste por el cual se autorizóa Copetro a instalarse, y por el que no puede argumentarse quedichas instalaciones no son parte de un establecimiento de utilidad nacional.

Expresa que ello configura la “invasiónen la esfera privativa de las autoridades nacionales para determinarlos criterios esenciales el establecimiento de interésnacional de que se trata” (f. 2781), que prohibe la ConstituciónNacional y aún cuando se considere a dicha actividad comoun aspecto secundario, no deja de ser un elemento principal estructuralmentehablando y es desde allí que debe analizarse el problemade la competencia, denunciando violación de los artículos 116 y 117 CN.

Considera, por lo tanto, erróneay absurda la apreciación que determina la posibilidad decierre y paralización de dicho establecimiento y cita jurisprudencia de este tribunal con relación a la competencia federal.

2) Estima que el a quo ha llegado a conclusiones absurdas acerca de la peligrosidad del coque de petróleo, al acudir a la manda que contiene la sentencia respecto del informe solicitado a los peritos de la Universidad Nacional de La Plata; desarrolla luego apreciaciones acerca del tema y finaliza denunciando la violación del artículo 2618 CC.

f) En el capítulo VI como arbitraria la sentencia, para luego insistir con la valoración absurda de la prueba pericial, esta vez basándose en las citas bibliográficas de la pericia, las que se refieren al coque de hulla y no al coque de petróleo, considerando entonces que nulifica su valor con violación de los artículos 384 y 474, 163 inc. 6, 266 y concs. CPr. y a la doctrina legal del artículo 2618 CC.

Con relación a la atribución de responsabilidad exclusiva a Copetro, sostiene el recurrente que la sentencia ha dejado de lado hechos de público conocimiento, ya que la zona tenía antes de la instalación dela empresa características industriales y que la apreciación de la prueba testimonial ignorado hechos de público conocimiento, se traduce en una ” incorrecta, dogmática y arbitraria apreciación de la prueba, que descalifican a la sentencia como acto razonado, que viola el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional y la sana crítica del artículo 384 CPr.” (ver fs. 2786 vta.).

Ataca luego el plan de control que estableciera el juez de primera instancia, por el que considera que el mismo se ha excedido en sus facultades.

Considera arbitrario el apartamiento dela autoridad administrativa, que a su entender ha incurrido dicho magistrado al respecto, poniendo en juego a peritos de la Universidad Nacional de La Plata. Aduce también que el a quo no ha hecho mención de su objeción acerca de la mayor idoneidad de dicha autoridad con transgresión a los artículos 163 inc. 6 y 266 CPr., así como la errónea interpretacióndel artículo 2611 CC. y de su nota, insistiendo que no se trata en la zona de la única empresa contaminante.

Expresa una crítica a la conclusióna que arribará la Cámara a quo en el considerando IX, frente a la valoración de las mediciones efectuadas por el Ministerio, concluyendo en que se han observado progresos en las nuevas estimaciones y se refiere a que ante la políticade la empresa de mejoramiento del ambiente resulta excesiva la amenaza de cierre inmediato que pende sobre la misma.

g) En el capítulo VI (rectius VII,ver f. 2785), como agravio puntual, la violación de normas constitucionales: artículos 14, 16, 17, 18, 116 y 117 CN.y de derecho de defensa en juicio, bajo la denominación de caso federal.

h) Como agravio la falta de prueba tanto del daño a la salud de los actores, como de su nexo causal, así como de la imputación del mismo a la actividad exclusiva de la actora, por lo que considera violados los artículos 903, 1068 y 1113 CP.

Relacionado con la defensa de prescripción que fuera desestimada por el juez de primera instancia, criticala accionada la fundamentación de la Cámara a quo en lo que coincide con la de aquél y se agravia de la innovación de la alzada con respecto a la normativa aplicada: el artículo 4023 en lugar del 4037 CC., en contra de lo que fuera materia de debate, por lo que denuncia exceso de jurisdicción con transgresión al artículo 18 CN. e invocabilidad del principio lura curia novit en la Cámara, agregando que dicho tribunal no distinguió bien la procedencia del daño invocado por los actores al aplicar dicha prescripción.

Finaliza sus agravios con el referido al monto de resarcimiento de los daños, aduciendo que el aquo incurrió en discrecionalidad en la fijación del mismo, con quiebra de las reglas de la sana crítica del artículo 384 CPr., con violación de los artículos 1068, 1069, 1078, 1084 y concs. CC. y 163 incs. 5 y 6, 165, 260, 266, 267 y concs. CPr., con crítica a los elementos de prueba que dicho fallo computara al respecto.

III. El recurso a mi criterio- no puede prosperar.

a) En el agravio relativo al tema de la competencia, el recurrente se basa entre otros argumentos, queno repito brevitatis causa- en la autolimitación que la cámara se ha impuesto de no propiciar el cierre del establecimiento (ver supra punto II.1).

No alcanzan dichas aseveraciones a conmover lo establecido a fs. 2702 vta. por el fallo impugnado, que aclara, refiriéndose al de primera instancia: “lo que la sentencia apelada dispone es el cese de las libranzas al exterior de elementos contaminantes, no el de la actividad productiva”, señalando asimismo que ello no significa ” ignorar ni eludir considerar que el apercibimiento final ha de desmayar siempre en el cierre de la planta industrial. Más ha de advertirse que ello avendrá, tan solo como consecuencia de que persista la nociva contaminación del ambiente que la sentencia tiene por acreditada y ordena cesar, en mandato que lejos de interferir, menoscabar o dificultar los fines del interés nacional, se compatibiliza con el mismo hasta defenderlo en uno de sus planos más elevados” (ver fs. 2702 vta./2703); y acto seguido así lo hace, con la subsunción del caso en el artículo42 CN., que impone a las autoridades la protección del ambiente, derecho que contempla el artículo 41 CN., y que en el artículo 28 de la provincial también se consagra sin cortapisas: “Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”. El cierre del establecimiento industrial como bien lo ha señalado la sentencia del a quo- estaría superditado a la falta de cumplimiento de la demandada, con la violación de la carga constitucional aludida de no contaminar y dicha conducta antijurídica le resultaría suficiente a la misma,según sus propios argumentos, para nulificar todo el largo proceso.

Coincido con el a quo que ello implicaría un escándalo ético-jurídico, por lo que de manera alguna puede ser tachada de absurda tal aseveración, que no viola tampoco la doctrina legal de esta Corte, como lo aduce el recurrente a f. 2782, ni resulta aplicable la Ley de Puertos 24.093, como lo pretende el recurrente.

Por otro lado, en reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha referido a la cuestión de la competencia en materia ambiental en una causa sobre inconstitucionalidad de la ley 11.366, llegando a la conclusión de que si bienen dichos actuados la misma actora plantea el caso federal, si predomina en la causa dicha materia, la competencia ha de ser local: “Que ello trae aparejado que sean las autoridades administrativas y judiciales del Estado de la provincia de Buenos Aires las encargadas de valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección del medio ambiente. En efecto, corresponde reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como también valorar y juzgar si los actores que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución, la que, si bien establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones  locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (artículo 41 párrafo 3· CN.; inre “Roca, Magdalena v. Provincia de Buenos Aires”, publicado en JA 1995-IV-64)”.

Ante esos argumentos, sin réplica adecuada, se desmorona el andamiaje recursivo articulado y no sólo con respecto a la competencia, como he de señalar al tratar los siguientes agravios.

b) En la correspondiente aclaratoria de la sentencia impugnada (ver fs. 2749 vta./2750), la Cámara a quo expresó el alcance de su decisión, remitiéndose a la resolución de fs. 1947/52 y al considerando XII dela misma, acerca del nombramiento de los peritos cuya ” referencia era indicativa de los tres peritos designados por la Universidad Nacional de La Plata, los cuales ya se encuentran fiscalizando el plan preventivo ordenado por el juez de Primera Instancia en los autos “Sagarduy, A. O. S/incidente medida cautelar” y al rechazar el resto de los pedidos, que excedían indudablemente el marco de la aclaratoria, agregó que las medidas propuestas” habrán de sustanciarse y decidirse por ante el juez de Primera Instancia a cuyo cargo está la instrucción del proceso en sus diversas etapas y el contralor de la evolución de la situación contaminante, tal como se señala en el ya mentado considerando XII de la sentencia de esta Cámara”, con lo que han quedado consolidados los derechos que se dicen conculcados.

Con referencia a la atipicidad de la medida, debo señalar que ante el nuevo sustrato fáctico y jurídico actual, es inevitable la flexibilización de las disposiciones procesales, en tanto y en cuanto no se conculque la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, las que observo se mantienen incólumes en el caso traído.

No se advierte tampoco la alegada violación al principio de congruencia, ya que en el nuevo marco procesales papel irrenunciable del juez el que hace a su participación activa con miras a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse “prevenir más que curar”(Cappelletti, “La protección de los intereses colectivos y de grupos”, texto de la conferencia pronunciada en ocasión de la Asamblea General de la Sociedad de Legislación Comparada, publicada en Revista de la Facultad de Derecho, México, N· 105-106, enero-junio, 1971, p. 76).

Al respecto opina Morello que “acasolo preventivo de la protección y lo efectivo de la tutela que debe dispensar la jurisdicción sean las notas que enla década actual profundice la evolución de los principios y nuevas fronteras, impulsadas, en la mitad del siglo, por las señeras lecciones de Couture y Calamandre, primeroy, más tarde, intensificadas por el pensamiento de Cappellettiy Trocker. El Movimiento de Acceso a la Justicia confirma el vigor de esa tendencia que se estampa en el artículo 15 de la Constitución de Buenos Aires, reformada en 1994: “La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva” e “interna y externamente contamos con nuevas garantías y, además, que es lo que en verdad significa, que son más efectivas y llevan a cabo respecto de los ciudadanos- una estimulante tarea docente que contribuye a repensar el derecho y a un cambio de mentalidad acorde con el panorama de nuestro tiempo” (“Las garantías del proceso justo y el amparo con relación a la efectividad de la tutela judicial”, LL 1996-A-1476).

En el libro “Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos” (LEP Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1986) que el autor antes citado escribiera en colaboración con Gabriel A. Stiglitz, refiriéndose a las medidas cautelares y a guisa de conclusión 3·del capítulo X, se expresa: “El carácter marcadamente preventivo, operante para restablecer situaciones de hecho o impedirdes de el comienzo al avance de la destrucción o de la polución, saca las medidas cautelares de su quicio tradicional para hacerlas jugar en una función cuya justificación es con natural a situaciones regidas no sólo por el derecho privado sino por el derecho público. Masivas, continuadas, que se proyectan al futuro” (ver p. 167).

A conclusiones similares se llegó en el XI Congreso de Derecho Procesal (La Plata, 1981), donde quedó claro que debe admitirse la procedencia de una acción de cesación preventiva de toda manifestación, que al producir daños, vgr., al medio ambiente o a la ecología, requiera la enérgica y perentoria neutralización de sus efectos negativos (4· conclusión).

Para que tengan vigencia estos postulados” debe concederse a los jueces y estos deben ejercerlos-mayores poderes deberes ello implica que los magistrados judiciales deben ejercitar dinámicamente todos los resortes que las leyes le confieren” (véase, Morello y otros, “Lajusticia entre dos épocas”, Ed. Platense S.R.L., p.232).

Luego, en la misma obra, dicen al tratar el derecho al ambiente como derecho de la personalidad: “De allí el imperativo de transformar las concepciones judiciales para brindar tutela no sólo al derecho subjetivo, y ampliarla a los fenómenos reales de la vida colectiva, típicos de la sociedad moderna, que ponen en escena intereses impersonales y difusos, incuestionablemente dignos de la más enérgica y anticipada protección” y “en este marco, elderecho a vivir en un medio ambiente agradable, viene entendiéndose como una ampliación de la esfera de la personalidad humana. Sucede que si bien el entorno natural se halla formalmente situado fuera del hombre, éste lo siente y defiende como propio,como parte de sí mismo, como un valor interior sobre el que no puede detentar una relación de dominio. En fin, en virtud de su doctrina e íntima conexión con la supervivencia y bienestar humano, el ambiente es jurídicamente un atributo fundamental de los individuos. Por dicha razónel derecho al ambiente halla ingreso en el ordenamiento jurídico como un derecho de la personalidad, atento inclusive que otros de ellos hoy indiscutidos (como la integridad física y la salud), se sustentan en el equilibrio ecológico propicio e indispensable para el bienestar psicofísico del hombre. Máxime en virtud que la categoría de los derechos personalísimos no configura un elenco cerrado y debe recibiren su seno nuevos intereses surgentes de las transformaciones sociales. Ahora bien, en cuanto los derechos de la personalidad son objeto de concreta tutela jurídica, las limitaciones o restricciones al pleno desarrollo de la persona derivadas dela contaminación ambiental (aún no generando un daño personal y directo a los individuos), son por símismas causa de responsabilidad civil del agente, en cuanto concluyan los presupuestos generales del Derecho de daños” (verps. 192/3).

He transcripto tales argumentos que comparto totalmente- pues con líneas precisas y claras resumen la índole de los derechos en juego en el sub lite y la gran amplitud de criterio que merece el tratamiento de los temas del ya indiscutiblemente nacido y en pleno desarrollo- derecho ambiental, que requiere justamente de una participación activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos.

Como sostiene el autor español Luis De la Morena y De la Morena: “Las leyes ecológicas, ni se promulgan ni se derogan, simplemente se descubren y se acatan. Ello coloca necesariamente al Derecho a todos los Derechos, dada la universidad del fenómeno- en una posición de dependencia respecto de la Ecología y a las decisiones que, en aplicación de él, deban tomar gobernantes y juristas bajo el pie forzado de los informes que, en cada caso, emitan los técnicos de turno” (De la Revista de la Administración Pública, n. 94, ene.-abr. 1981, Madrid, “Actividades clasificadas y protección del medio ambiente”,p. 93). También nuestra doctrina, en “La protección del ambiente en la reforma de la Constitución Nacional”,de Humberto Quiroga Lavié (LL ej. del 18/3/96), se ocupa del tema desde el ángulo penal, y considero ilustrativa su inclusión para destacar sus nuevas implicancias. Dice el autor que “la referencia a la naturaleza abre, a nuestro juicio, un trascendente debate sobre la definición o contenido del tipo penal ambiental. Porque si el bien jurídico tutelado es no violar las leyes de la naturaleza y éstas no suelen ser conocidas con precisión sino después de haberse producido una afectación concreta, podríamos decir que el postulado de la tipicidad como ley previa puede quedar desplazado de esta materia. Si realmente hay un reenvío de la ley positiva al orden legal de la naturaleza y este ordenamientose encuentra en proceso de descubrimiento y precisión permanente, será difícil aplicar los postulados de la tipicidad penal, como ley previa, además, a la hora de disponer una condena. Si la ley natural no está codificada ni escrita, pues se está develando en pericias e investigaciones de impacto abiertas a la investigación, ¿cómo se compagina el principio de tipificidad con esta realidad natural que verificamos fácilmente?” (al analizar la segunda parte del artículo 41 CN.). Por ello, mutatis mutandi, vemos que no sólo en el campo del derecho procesal civil se abren redefiniciones del pleito y del papel del juez frente a las nuevas realidades circundantes.

Acudiendo otra vez a Morello y Stiglitz, aunque esta vez en “Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el compromiso social de la justicia” (nota a fallo LL 1987-D-364) al referirse a la medida preventiva tomada por el juzgador de primera instancia del fallo que comentan, dicen: “Creemos, sin embargo, que ese proceder de carácter propio de órgano jurisdiccional y sabor cautelar por su rol preventivo, en consonancia con la responsabilidad social que le incumbe, corporizándose en mandatos positivos a las partes y a los funcionarios públicos, era el más idóneo. Que no podía ser reemplazado por otras vías, salvo cruzarse de brazos hasta que aconteciera otro daño irreparable similar, que hubiera provocado la promoción de otra acción resarcitoria, dispendio de actividad y resultado social insolidario, con la consecuencia de volver a condenar a un resarcimiento de daños causados, que debieron evitarse. El jeuz actuó así perfectamente: reparó la lesión presente y dispuso las previsiones útiles de acuerdo a las circunstancias, destinadas a evitar que se siguieran produciendo en el futuro”, y “desde este enclave no hay, pues, quiebra alguna del principio de congruencia, toda vez que lo que venimos analizando responde a otros registros que es frecuente converjan en un caso judicial: poderes inherentes al juez que respondan su actuación en la armoniosa aplicación de todo el ordenamiento, pues, con responsabilidad social, le impele a ejercer activamente. Despliega así un régimen de obligaciones procesales y fijación de competencias y prestaciones activas a cargo de una o varias de las partes, de terceros o de funcionarios públicos. Que revisten fuertes tintes de carácter preventivo, cautelar, de urgencia einciden, por consiguiente, en el objeto (cosa o bien de la vida) o contenido del litigio determinante. Y no valen sólo interpartes sino que, con amplitud subjetiva necesaria, cubren la finalidad de prevenir daños indeterminados o potencialmente colectivos, frente a la amenaza cierta (incomprobada) de una causa productora de daños. Que ni el juez ni la sociedad deben recorrer el riesgo de que acontezcan si, jurídicamente, son y pueden(deben) ser evitados”.

Es a todas luces evidente que no se ha quebrado en autos el principio de congruencia, antes bien, el a quo no ha ejercido ni más ni menos que las potestades que le son inherentes y que en el marco de su actividad jurisdiccional le otorgan las normas que rigen la misma (artículos 34 incs. 4 y 5; 36 incs. 2 y 5, 163 incs. 5 y 6 y 272 CPr.).

No se advierte con referencia al tema tratado-la aducida violación a las normas que denuncia el recurrente.

  1. c) Tampoco le asiste razón al quejoso cuando ataca las conclusiones del fallo respecto de la prueba pericial, que en uso de sus facultades evaluara el a quo, teniendo con cuenta todo el contexto probatorio y en la que no se configura el absurdo que trata de demostrar (artículos 384 y 474CPr.).

Arriba el a quo, como lo detallara en el punto I de esta sentencia, a un certero dimensionamiento del daño material y moral, adhiriendo a la nueva impronta constitucional del artículo 41 CN.

Tiene continuamente dicho esta Corte quela apreciación de la fuerza que la apreciación dela fuerza de convicción de los dictámenes periciales es facultad privantiva de los jueces de la isntancia ordinaria y sus conclusiones son irrevisibles en casación, salvo supuesto de absurdo (Ac. 33.858, sent. del 23/10/84; Ac. 34.162,sent. del 4/6/85 en AyS 1985-II-22; AC. 41.229, sent. del 26/9/89; Ac. 46.688, sent. del 17/3/92; Ac. 51.728, sent. del 15/3/94) y que cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias ,tal como lo es la valoración de una pericia, es imprescindible demostrar fehacientemente a más de denunciar- que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio por las circunstancias de la causa (Ac. 50.167, sent. del 6/4/93; Ac. 56.490, sent. del 15/11/94;ac. 51.683, sent. del 7/2/95; Ac. 56.510, sent. del 14/2/95; Ac.59.875, sent. del 20/2/96), lo que no se advierte en la especie, ya que el intento del recurrente no alcanza a conmover la apreciación de la prueba y las conclusiones a que llega el a quo y que resumiera supra en los puntos I.a), b), c), d) y f), con fundamentos que comparto por coincidir con la moderna doctrina que llevo expuesta.

También es ineficaz la alegación de absurdo respecto del método valorativo de la prueba pericial sustentada en la mera discrepancia del recurrente, sin evidenciar la existencia del error grave y grosero que supone tal vicio de la lógica (Ac. 49.752, sent. del 8/6/93),y, por último, que la propia versión expresada al fundar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a la valoración de la prueba de peritos, sin evidenciar que la del juzgador contravenga las leyes de la lógica resultando absurda, es insuficiente para demostrar el quebranto del artículo 474 CPr., ya que no media el error que caracteriza tal vicio (conf. Sup. Corte Bs. As., Ac. 60.666, sent. del 4/6/96).

  1. d) Es razón de lo que llevo expuesto, pierde también idoneidad el agravio concerniente a la existencia de otras fuentes contaminantes en la zona, ya que lo que se evalúa principalmente en la presente causa, es el venteo del material que deposita inadecuadamente la empresa demandada y que produce la amplia gama de daños verificados por el a quo en su extensa, circunstanciada y muy razonada sentencia, basándose en cuestiones de hecho y prueba que le son inherentes.
  2. e) Resulta, por lo tanto, insuficiente el agravio relativo a la aplicación del artículo 4937, ya que no ataca el fundamento de la conclusión del a quo, luego de la exposición del tema que efectúa en el capítulo VI (de la prescripción en la sentencia impugnada), en el que más allá de la normativa que el sentenciante declara que resultaría aplicable, en función de elementos que le son permitidos valorar, no encuentra “constancias adecuadas para permitir concluir con que dos años antes del inicio de las acciones en juicio los demandantes conocían con fehaciencia el origen de los daños y quien debía cargar con la responsabilidad por los mismos” (ver fs. 2706vta.) y la determinación del punto de partida del plazo de prescripción, y su cómputo, constituyen una cuestión de hecho, ajena como tal a la competencia de esta Corte, salvo denuncia y cabal demostración de la existencia de absurdo (Ac. 43.522, sent. del 21/5/91; Ac. 49.681, sent. Del 2/1/93 yenED 157-156, o DJBA 145-299; Ac. 52.032, sent. del 6/12/94; Ac.51.708, sent. del 20/2/96), circunstancia que tampoco demuestra el recurrente.
  3. f) Por último, carece también de andamiento el agravio referido al monto de resarcimiento de los daños. Al respecto tiene dicho este tribunal que tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo (Ac. 50.510, sent. del 29/12/92 y que es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a oponer ala valoración de la prueba efectuada por el juzgador, en función que en principio se le reconoce como privativa, argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas del interesado, insuficientes para conducir en la instancia extraordinaria a la revisión de conclusiones derivadas de la apreciación de circunstancias de hecho y prueba (Ac. 33.678, sent. del 9/10/84; Ac. 47.339, sent. del 4/5/93; Ac. 56.487, sent. del 12/12/95).

Para que la sentencia sea descalificada por ese tipo de vicio debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas (Ac. 39.239, en AyS 1988-II-438; Ac. 42.296, en AyS 1989-IV-305;Ac. 46.064, sent. del 24/3/92), lo que no logra el recurrente.

Doy mi voto por la negativa.

Los Dres. Laborde y Negri, por los mismos fundamentos del Dr. Hitters, votaron la segunda cuestión también por la negativa.

A la misma segunda cuestión planteada,el Dr. Pettigliani dijo:

  1. Adhiero al voto del distinguido colega preopinante Dr. Hitters.
  2. Al expresar sus agravios, entre otros afirma textualmente la demandada que “las acciones individuales promovidas resarcitorias de los daños que dicen los actores haber sufrido- mudaron en la sentencia los objetivos iniciales llevando aun apercibimiento judicial de cierre de la planta industrial en caso de no cesar las emanaciones que se considera pueden llegara ser peligrosas. Globalmente corresponde denunciar que la sentencia que someto a revocación quebranta las reglas que rigen la prueba con violación del artículo 384 CPr., enpunto al principio de bilateralidad y contradicción, la garantía mayor del artículo 18 CN. (f. 2776).

Luego que la modalidad de cumplimiento establecida en el fallo “se alza contra la exigencia elemental del artículo 163 inc. 6 CPr., que manda que la sentencia `condene o absuelva’, lo cual no congrua con el mandato que la aquí atacada contiene de supeditar a la opinión científica de un tercero agotada, obviamente la etapa de la prueba y la garantía de control y crítica que el enjuiciamiento civil reconoce a las partes. Esto equivale a la violación del citado artículo 163 inc. 6 CPr., los mismos que los artículos 384, 457, 459, 463, 469, 473, 474 y 476 CPr.” (fs. 277 vta.).

Como quedó expresado por quien me precediera con su voto en este decisorio, no le asiste razónen ninguno de tales cuestionamientos. No existió conculcación de la garantía de defensa en juicio de los derechos, ni se alteró el régimen de la prueba que estatuye el Código adjetivo, ni el fin del juzgador se apartó de la congruencia que necesariamente debe guardar lo decidido con la causa petendi de la acción, cuestión esta última que me suscitó inicialmente alguna duda, disipada tan pronto como incursioné en los fundamentos de la opinión que paso a exponer.

Ello, sin perjuicio del rechazo de los restantes agravios por los fundamentos expuestos en el voto al que adherí.

  1. Liminarmente, advierto que el objeto de la pretensión deducida en autos, en cuanto referido al cese de la contaminación ambiental imputado a la demandada, reviste una naturaleza sustancialmente expansiva, de difícil acotabilidad, en cuanto la preservación del medio ambiente no puede restringirse a una mera tutela nominal, sino que implica una profunda revisión y alteración de los factore sdegradantes, con un sentido tuitivo trascendente, que debe salvaguardar con amplitud el abanico de intereses sociales comprometidos.

Detectado entonces el peligro ambiental, la medida del interés particular es superada rápidamente, no bien se avizora la magnitud en que el factor riesgoso afecta el bien común, no pudiendo de ninguna manera la protección judicial detenerse en aquel estadio, sino por el contrario acometer hasta donde sea preciso para embridar la amenaza desbocada.

Tales características propias de la materia litigiosa han de ser aprehendidas en la misma medida por quien resulta demandado, convirtiéndose de ese modo en vicisitudes asaz previsibles, que no pueden calificarse de sorpresivas desde un miraje estrictamente procesal, debiendo, contrariamente, ser barruntadas desde la sagacidad media que es exigible en todo contenedor procesal razonablemente avisado.

Por otro lado, tiene decidido este tribunal que el juzgador puede hacer mérito de una causa superviviente, cuando ésta sea el mismo hecho afirmado existente (Sup.Corte B. As., Ac. 15.730, 1/11/69), a la vez que conforme resolviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación no debe omitirse el pronunciamiento sobre cuestiones decisivas o elementos de juicio conducentes para la correcta solución de la causa (Corte Suprema, Fallos 289-495), por lo que a fortiori el pedimento desencadenante de la protección ambiental debe extenderse al momento de la decisión judicial a todas las cuestiones sobrevinientes derivadas del hecho fundamental de la relación procesal.

No medió entonces repito- violación perceptible ni embozada ni, en definitiva, mengua alguna del principio constitucional de la defensa en juicio de los derechos.

  1. En cuanto a la supuesta transmutación de las pretensiones individuales originarias en una acción popular con quiebra del principio de congruencia y exceso de jurisdicción denunciados, creemos que con más precisión cabría afirmar que nos encontramos frente a la necesidad de trocar esa aspiración inicialmente personal en una tutela compartida, de raigambre solidarista, ya que por una parte la protección singular sólo será efectiva si se extiende al conjunto,del cual el sujeto forma parte como de un todo inescindible, entanto por otra parte la justicia no podría admitir un recorte al bien común basado en una economía procesal más emparentada con un excesivo rigorismo formal que con la vocación de satisfacer el derecho material, dotándolo de un sentido finalista.

Respecto de la obligación de amparar intereses llamados “de pertenencia difusa”, concretados en el caso en la defensa del medio ambiente, más específicamente del “hábitat” que alberga a un sector de la comunidad, pronto advertimos que, como señalara Bidart Campos comentando un fallo de este tribunal, “la titularidad personal de un derecho o un interés legítimo no desaparece cuando el derecho o el interés son compartidos con y por otros, o con y por todos los demás que se hallan en igual situación” (ED 142-357). Es en definitiva el interés legítimo de cada reclamante el que conforma con los demás, en la suma de todos y cada uno de ellos ese interés de pertenencia difusa, o más que difusa, extendida, en tanto su invocación y consecuente concreción posibilita individualizar el universo al que se extiende.

Esta imbricación de intereses entre el uno y la comunidad ya había sido captada por el derecho romano, en la forma que refiere Enrique Lozano y Corbi, para quien si el populus, en cuanto tal pudo intervenir como parte en el proceso, constituyéndose en un verdadero acto popular, integrándose en el proceso real y ciertamente, también le fue posible hacerlo al ciudadano como conformador de dicho populus. Esto se explica si reparamos en que -en cualquier momento que consideremos la evolución histórica de Roma- “siempre nos encontraríamos con una estrecha ligazón del populus con el individuo que lo integra, de tal manera que, en la mentalidad romana, el daño ocasionado al populus en cuanto tal, a la comunidad jurídicamente organizada,compartaba a la vez un daño de naturaleza similar para todos y cuales quiera de los miembros integrantes de dicho populus”. “Por ello, el ciudadano integrado en ese populus, al sentirse dañado como ciudadano- precisamente tiene verdadero interésen proteger ese derecho colectivo lesionado, ese bien común perjudicado, que a él, tan directamente le atañe. Más este interés nada tiene que ver con los vínculosque este particular pueda tener con su familia o con la comunidad, organizada en cuanto tal, sino que recalcamos- se trata de un interés como ciudadano afectado en sus propios intereses” (“La legitimación popular en el proceso romano clásico”, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, Capítulo V,p. 47). Y agrega el autor referido que “el ciudadano es sujeto de derecho porque puede litigar, pero litiga porque él se ha sentido dañado en algo propio suyo, de él-,que le pertenece como ciudadano y que el ordenamiento jurídico-creado por él- protege. Por lo tanto, este ciudadano asumirá la iniciativa del proceso popular, solicitará una sanción para aquel o aquellos que hayan transgredido ese “derecho suyo” como ciudadano. Es decir, tutela los derechos colectivos, porque son también suyos” (id. Íd., p. 48).

Como se puede advertir, aún a riesgo de reiterar la remanida figura de las caras de una moneda, interés individual y plural se corresponden sin que resulte posible escindirlos.

Aludiendo a esta situación, en un reciente trabajo señala Gabriela García Minella “que con la reforma constitucional se genera una concepción a partir de la cual el hombre es parte del medio ambiente y por lo tanto se concibe la posibilidad de prevenir y resarcir el daño ambiental independientemente de la afección individual-“.En este caso, la Constitución Nacional define un nuevo y particular modo de daño. Entendemos, siguiendo a Gustavo de Santis (“La protección constitucional del ambiente. La legitimación del artículo 43 de la Constitución Nacional después de la reforma”, LL 1995-D-1117=, que el daño ambiental goza de algunas particularidad es respecto del daño normativizado por nuestro Código Civil (artículo 1068 CC.). Conforme ello, las reglas para su reparación no podrán equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, simplemente porque este tipo de daño puede conculcar además otro tipo de prerrogativas, que han sido bautizadas por el constituyente reformador de 1994 como “derechos de incidencia colectiva”(“daños por contaminación ambiental urbana e inmisiones materiales”) (ED 176-917).

Pero esta dualidad no resulta en absoluto excluyente, sino por el contrario acumulativa. El individuo ostenta un interés propio, y por añadidura, conforma o forma parte de otro interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa, si se quiere, pero que también le confiere legitimación para accionar, aunque en este último caso precisa con acierto Bustamante Alsina- debe tratarse de “un interés razonable y suficiente, no desde la estimación subjetiva del accionante, sino desde la valoración objetiva y en abstracto que haráel juez considerando la posible real afectación del reclamante por su vecindad espacial con el hecho o la circunstancia determinante del interés difuso” (“Derecho ambiental”, Ed. Abeledo-Perrot, 1995, p. 86), notas que sin ninguna duda concurreny han conferido conforme apreciación de los jueces de grado-suficiente legitimación a los reclamos de autos.

Sin pretender incursionar en la que conceptuamos algo artificiosa y abstrusa distinción entre intereses difusos o de pertenencia difusa y colectivos (ver al respecto Lorenzetti, Ricardo, “Reglas de solución de conflictos entre propiedad y medio ambiente”, LL 1998-A-1024 y Bustamante Alsina, Jorge, “El daño moral colectivo es daño jurídico resarcible”, LL 1998-A-1033, prefiriendo acordar por ahora sinonimia a ambas expresiones, diremos con Bustamante Alsina (ob. cit.) que “en sentido amplio daño colectivo (sufrido colectivamente) es `aquel que afecta a varias personas, simultánea o sucesivamente’, de acuerdo a como lo define Leonardo Colombo. Dentro de esta noción cabe la suma de daños individuales, según lo precisa Matilde Zavala Rodríguez. Se trata de daños sufridos por víctimas plurales a raíz de un mismo hecho lesivo”, y que como prosigue diciendo el autor mencionado “el daño grupales calificable como difuso, en el sentido de que el goce del interés se muestra extendido, dilatado; se esparce, propaga o diluye entre los miembros del conjunto, sea que éste se encuentre o no organizado y compacto”.

La actividad de la demandada, a la vez que lesionó individualmente en su materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los actores, ocasionó un perjuicio cierto al medio ambiente, como patrimonio colectivo o de pertenencia difusa, alterando el equilibrio ecológico como bien de uso común del pueblo y esencial para la calidad de vida (conceptos que trae el artículo 225 de la Constitución de Brasil de 1988, que entendemos de aplicación a nuestra realidad jurídica) y también en este aspecto damnificó al conjunto de la comunidad, de la cual los reclamantes forman parte.

  1. La reforma constitucional operada en 1994 en el plano nacional ha conferido a estos intereses emanados de derechos de incidencia colectiva (como los menciona su artículo 43 párrafo 2·), o de pertenencia difusa, una explícita protección, legitimando a toda persona afectada para ello, conforme al nuevo texto de los artículos 41 y 43. Prosigue así la firme línea trazada por la doctrina, la jurisprudencia y la corriente constitucional más progresistas, continuada a su vez en las recientemente sancionadas constituciones provinciales de Córdoba (2) 1987, artículo 11), La Rioja (3) (1988, artículo 66 párrafos 1 y 3), Río Negro (4) (1988, artículo 85 párrafo 2·, secciónVII, artículos 84/92), Tierra del Fuego (5) 1991, artículos 54/56), Salta (6) (artículos 30 y 88), Jujuy (7) (artículo 22), Formosa (8) (artículo 38), Chaco (9) (artículo 39), Tucumán (10) (artículo 36), San Luis (11) (artículo 47), San Juan (12) (artículo 58), Chubut (13) (artículo 99/108, 109/11).

El artículo 41 establece el derecho y deber de todo individuo a gozar de un ambiente sano y deja expresamente establecido que lo elemental en esta materia es la obligación de recomponer; es decir, retornar las cosas a su estado anterior.

El artículo 43 reconoce acciónde amparo al individuo concretamente afectado, al defensor del pueblo (en concordancia con lo establecido en el artículo 86 CN. y 55 Const. Prov.) y a las asociaciones que tengan interésen la protección del medio ambiente.

Estas normas, que reconocían antecedentes en la finalidad que informaba leyes nacionales como la 20.284 (14), de preservación de los recursos del aire, 22.190(15), de protección de las aguas y 24.051 (16), sobre residuos peligrosos y de la Provincia de Buenos Aires, como la 5965, sobre protección de las fuentes provenientes de cursos de agua, la 11.469 (17), que crea el Instituto Provincial del Medio Ambiente y la 11.459 (18), relativa a las industrias instaladas y a instalarse, fueron seguidas en este último ámbito por la sanción de leyes tales como la 11.720 (19) sobre residuos especiales (en coincidencia con la nacional 24.051 (20)) y la 11.723 (21) (sobre medio ambiente), habiendo recibido expresa aplicación en precedentes emanados de la C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3·(“Schroeder, Juan v. Secretaría de Recursos Naturales”),8/9/94, LL 1994-E-92.711) y de la C. 1· Civ. y Com. LaPlata, sala 3· (“Sagarduy, Alberto”, 15/11/94,LL Bs. As. 1995-935 y ss.) Por el primero de estos pronunciamientos se reconoció legitimación activa al vecino de una localidad para interponer amparo relativo a un concurso público convocado para la selección de proyectos de inversión,instalación y operación de plantas de tratamiento de residuos peligrosos. En “Sagarduy”, por su parte, se estableció que “la pretensión de cese del daño ambiental expresa al lado del interés individual que la impulsa, el del sujeto titular e instrumentador de la acción, un interés colectivo y difuso, el que poseen todos los integrantes de la comunidad aledaña a la empresa en la salubridad del medio ambiente que se dice contaminado por ella, sin cuya tutela y amparo no puede lograrse la de aquel interés particular que no es más que un fragmento o porción del mismo interés supra individual referido”.

Abrevando en ese pensamiento, tuve oportunidad de pronunciarme como juez de primera instancia autorizando a un ciudadano el Intendente municipal a la sazón- para peticionar en defensa de derechos de su comunidad que podían verse transgredidos, estimando que el interés social de su presentación los tomaba dignos de ser atendidos (in re “Municipalidad de General Pueyrredón s/medida cautelar”, Juzg Civ.y Com. Fed. Mar del Plata n· 2, 14/5/91, ED 144-662, con comentario aprobatorio de Germán J. Bidart Campos).

La mencionada legitimación existía ya por entonces, aún sin norma específica que la consagrara (a diferencia de lo que ocurre con la acción popular o acción civil pública brasileña, las class actions del derecho anglosajón, o de sistemas legales específicos, como ocurre en Francia y Alemania, conf. Bidart Campos, Germán José; comentario al fallo de la C. Nca. Civ., sala K, 28/2/91, en ED 142-666), con sustento en el artículo 33 CN.

Inspirada en la misma concepción y concordando con el texto de la Carta Magna nacional, la de nuestra Provincia ha incorporado también en 1994 los artículos 28 y 20 inc. 2.

Por el primero de ellos se asegura a los habitantes de la Provincia “el derecho a gozar de un ambiente sano… en su provecho y en el de generaciones futuras” (párrafo1·); garantizándose del mismo modo el derecho “a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales” (párrafo 3· in fine).

Mediante el inc. 2 del artículo 20 se otorga la garantía de amparo “cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos”.

El fallo recurrido en este aspecto no ha hecho pues, sino aplicar expresas directivas constitucionales y ratificar una corriente de pensamiento recogida ya desde antes por la legislación y la jurisprudencia.

  1. Especial reflexión nos merece el fallo en crisis, en cuanto afirma que “la primera y gran arma con que cuenta el derecho es la prevención” (verfs. 2698 vta. y 2721 vta.), por compartir dicha premisa no sólo en su enunciado sino especialmente en el acierto de su aplicación al sub judice.

Una de las más principales características que exhibe el actual derecho de daños es su finalidad de prevención o evitación de los entuertos que puedan generarse.

Las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en Mar del Plata en 1993 habían tenido oportunidad de concluir de lege lata que “el derecho a la preservación del medio ambiente es una de las garantías implícitas en nuestra Constitución Nacional”,que “la legitimación para hacer efectiva la garantíaconstitucional de la preservación del medio ambiente corresponde a cada uno de los miembros de la comunidad” y que en cuanto al objeto de la acción “según el caso podrá solicitarse la prevención del daño, su cesación o su reparación” (conclusiones 1·, 3·y 5· respectivamente, Comisión N· 2 “Derecho a la preservación del medio ambiente, responsabilidad por daño ecológico”).

Desde el ámbito doctrinario también se ha señalado esta función de prevención y evitación de los daños como una de las modernas orientaciones que se vienen imponiendo en el estudio del derecho que se ocupa de ellos (ver al respecto el trabajo de la distinguida profesora marplatense Graciela Nora Messina de Estrella Gutiérrez,”La responsabilidad civil en la era tecnológica. Tendencias y perspectivas”, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1989).

Se ha dicho así que el derecho a la previsión de los daños encuentra fundamento normativo en los principios vigentes de la Constitución Nacional (a fortiori añadimos nosotros desde que tuvo lugar la reforma de 1994) y justificativo específico y concreto en los artículos 911 y 2499, 2· parte CC. y 623 bis CPr.

El asunto se trató en el encuentro que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1987, organizado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y laUniversidad Nacional de La Plata, que recomendó otorgar legitimación procesal, entre otros, a los particulares para defender los intereses difusos y la facultad de hacer cesartoda actividad daños a al medio ambiente a los órganos jurisdiccionales.

A continuación en las Terceras Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal celebradas en Junín en 1988 se enfatizó la necesidad de reconocimiento de los intereses difusos (comentario BII-10, de lege ferendae),y se propició la previsión de los daños porla vía judicial (pto. II 9).

Desde otro ámbito, por cierto trascendente, la Comisión Económica Europea en sus “Directivas” tendientes a la protección del consumidor y del medio ambiente puso en marcha un concepto distinto del derecho de daños, al acudir primero ala prevención y cesación antes que la reparación (aut. y ob. cits., ps. 211/212).

Morello-Stiglitz, al mencionar las funciones del control jurisdiccional en la evitación de los daños, entienden que “La procedencia del remedio preventivo deviene incuestionable cuando se trata de contrarrestar los efectos lesivos que ya ha comenzado a originar una determinada actividad con el fin de paralizar el daño, deteniendo su desarrollo. Tiene por objeto el daño todavía no provocado pero que podría ser posteriormente causado si la actividad prosiguiera; o actúa después que el daño ha empezado aocasionarse para combatirlo obstaculizando su producción, atacándolo en su causa, en su raíz” (Morello, Augusto Mario-Stiglitz, Gabriel A., “Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el compromiso social de la justicia”, LL 1987-D-364, donde comentan un fallo de la C. Civ. y Com. Morón, sala 2·, inre “Altamirano Elsa v. Cerámica San Martín S.A.” y la sentencia de primera instancia que, señalan estos fecundos autores “transita el camino abierto por el Dr. Gualberto Sosa que ordenaba oficiosamente la adopción de medidas adecuadas para hacer cesar los daños derivados de las actividades industriales degradantes del medio ambiente” (cit. Por Messina de Estrella Gutiérrez, ob. cit., ps.212/13).

Atilio Aníbal Alterini, Roberto M.López Cabana, Ricardo Luis Lorenzetti y Silvia Y. Tanzi reseñan en una medulosa ponencia otros precedentes significativos al respecto con referencia específica del daño ambiental:

Primeramente, la Constitución Nacional con los preceptos que consagra el artículo 41 introducido por la reforma de 1994 “en su primera parte y por ello conel máximo valor normativo (conf. artículo 75 inc. 22)”.

El Tratado de Asunción, fundacional del Mercosur, que en su Preámbulo impone “la preservación del medio ambiente”.

La Declaración de Río de Janeiro sobre desarrollo sostenible emitida por la C.N.U.M.A.D. (principio 4), como consecuencia de la aprobación de la Carta de la Tierra, por parte de sesenta países dentro del ámbito de las Naciones Unidas, para ser firmada el 14 de junio de 1992. En el principio 15 contempla la prevención: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de una certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costes para impedir la degradación del medio ambiente”.

Arriban los autores a la conclusión de que “en teoría general, la prevención del daño plantea un problema de tutela preventiva tendiente a impedir la realización posible de los daños, ya que, cualquiera sea su fuente, deben ser evitados”, como así también que “cuando se trata de la protección de los intereses difusos, el seguro y el acceso a la justicia, la tutela inhibitoria adquiere una especial significación y por ello ¿ante el menos cabo, actual o potencial, a intereses difusos, es proponible una pretensión cautelar o principal, tendiente a hacerlo cesar o a evitarlo” (conf. I Congreso Internacional de Derecho de Daños, Buenos Aires, 1989) (Párágs. VIII, III y IV, XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 26 al 28 de octubre de 1995, Mar del Plata, Conclusiones de las Ponencias, publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata).

En la legislación nacional esta tutela anticipatoria se materializa a través del artículo 2499 CC. reformado por la ley 17.711, que establece que quien tema que de un edificio u otra cosa pueda sobrevenir un daño para sus bienes puede pedir al juez cautele esa posible situación, como también del artículo 623 bis CPr., que se ocupa de la forma de materializar esta “denuncia de daño temido” y del trámite consecuente.

Se trata de normas de marcado carácter preventivo, que constituyen importantes instrumentos a ese fin, siendo destacable que las mismas no requieren la calidad de vecino para habilitar la petición.

Igualmente se ha recurrido a los fines de precaver la producción de este tipo de daños, con ostensible funcionalidad disuasiva para futuras conductas, a la imposición de montos indemnizatorios elevados (tal lo resuelto en el recordado caso “Sagarduy” por la sala 3·de la C. Civ. y Com. La Plata). Sin embargo, esta peculiar manera de advertir a los potenciales damnificadores que su actitud lespuede resultar harto dispendiosa, no puede estar exenta de razonabilidad, como marcó el tribunal que integró en el fallo “Tapera Arteche S.C.A. v. Municipalidad de Magdalena” (LL Bs. As.1996-772 y ss., con comentario del Dr. Eduardo Luis Tinant), frente a la actividad depredadora consistente en extraer conchilla de la ribera.

Completamos estos antecedentes con la recomendación formulada por el 5· Congreso Internacional de Derechos de Daños (ver Diario LL, actualidad del 14/7/97, p. 4),a través de su comisión n· 4 (“Mercosur. Los derechos ambientales. El impacto industrial y residuos peligrosos”, bajo la presidencia del Dr. Félix Trigo Represas Argentina) en estos términos: “Remarcar la importancia de las acciones preventivas en el daño ambiental especialmente a cargo del Estado, dirigidas a evitar, reducir o minimizar sus riesgos, a través de normas que regulen la actividad industrial y la implementación de un control eficaz”.

Señala García Minella en su referido trabajo sobre el tema que en el caso “Moro, Carlos E. V. Municipalidad de Paraná”, del fallo de la instancia surge que: “A los fines de que la prevención del medio ambiente no sea una fórmula meramente declarativa, la Constitución Nacional anticipa y constitucionaliza el llamado daño ambiental y la obligación consecuente, categorizando una nueva categoría de daños que obligan a recomponer lo ocasionado” (ob.cit., nota 16).

Asignamos a la prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente semanifiesta en hechos que provocan por su mera consumación un deterioro cierto e irreversible de tal modo que permitir su avance y prosecución importa una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos, por lo que su cesación se revela como una medida impostergable. En otros términos, el bien ambiental es, a diferencia de otros bienes, esencialmente limitado y su consumo irreparable en cuanto cada vez con mayor nitidez se advierte la imposibilidad de un reiterado, continuo e inmediato reemplazo, al punto de preverse en muchos casos de persistir una utilización irracional- su agotamiento inminente, con la consecuente repercusión directa y obviamente negativa que ello conlleva respecto de la calidad de vida humana.

Se ha sostenido que alcanzar y mantenerla calidad de vida humana es el objetivo primordial de la normativa ambiental (conf. Lily R. Flah y Miriam Smayevsky, “La regulación procesal en el derecho ambiental americano”, LL 1993-E-935;Graciela Messina de Estrella Gutiérrez (ob. cit.), a la vez que aquella se ha constituido en una especie de complemento necesario del hábitat, expresando la voluntad de búsqueda de cualidades vivenciales más allá de lo cuantitativo, que es el nivel de vida (Bustamante Alsina, “El daño moral colectivo…”), conceptualizándose como comprensiva del conjunto de cosas y circunstancias que rodean y condicionan la vida del hombre (Bustamante Alsina, “Responsabilidad civil por daño ambiental”, LL 1994-C-1052).

Atendiendo justamente a estas características de la materia en juego señala con precisión Peyrano que “la tutela del medio ambiente, patrimonio de todos, justifica soluciones expeditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la justicia”, ya que como el mismo autor colige “lo cierto es que el deterioro ambiental progresa de modo casi exponencial y las soluciones tradicionales aparecen como inapropiadas para detenerlo”, por lo que “interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como una indebida limitación a las libertades individuales”, pues “como con justeza se ha interpretado (trae una cita de Valls, Mario F., “Instrumentos jurídicos para una política ambiental”, JA 1996-IV-955) no hay libertad para dañar el ambiente ajeno ni para restringirla libertad que tiene todo individuo de usar y gozar del ambiente”.

Finaliza, por lo expuesto, que “la importancia de la preservación y defensa del medio ambiente justifica un cierto grado de transgresión de normativas que no se ha adaptado a la realidad” (Peyrano, Guillermo F., “El cumplimiento efectivo de la sentencia ambiental”, JA 1997-IV-1036).

En la especie, no sólo no se ha transgredido normativa alguna, sino que por el contrario la tarea del Juzgador fue llevada a cabo con ajuste a pautas intrínsecamente flexibles, propias de una materia que presenta las características que hemos adjudicado a la temática ambiental, no pudiéndose advertir en tal cometido un apartamiento del principio de congruencia, sino en todo caso, según quedó dicho, sólo una derivación razonable de su aplicación en aquel terreno, haciendo jugar principios tan caros a la estimativa jurídica actual como son los de prevención y evitación del daño, en particular, a un bien precipuo como es la calidad de vida del ser humano.

El sentenciante, por otro lado, con argumentos no rebatidos eficazmente, valoró con mesurado y minucioso análisis la prueba producida (fs. 2710 vta./2720; 2725vta./2728 y 2156 vta./2170, por remisión de fs. 2737 vta./2738y vta.) direccionando su criterio hacia la que seleccionó, también con atinado fundamento como conducente para darle una adecuada solución al pleito, teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer el interés comprometido en su vertiente bifronte: individual y difusa o colectiva (para Bidart Campos según refiere García Minella en su trabajo ya citado N· 3- los derechos de incidencia colectiva de la Constitución Nacional son equivalentes a los intereses difusos), acordando correctamente para la representación de ambos, legitimación al reclamante de autos (fs. 2152 vta./2153), y dispuso la cesación del perjuicio, adoptando un temperamento preventivo a través del control del accionar futuro de la demandada, en orden al aseguramiento de la efectividad de la sentencia y a la evitación de todo daño prospectivo (2723; 2749 vta./50, 2170 vta./72 y 2182vta./2183 vta.).

  1. La solución a la que arribó el juzgador no sólo resguarda valores fundamentales que hacen a la dignidad del hombre y del entorno en que está llamado a proyectarse, sino que consulta igualmente la necesidad de dar primacía a una concepción eticista y solidaria de la vida en sociedad.

El ser humano es la figura basilar en un medio ambiente conformado por su adyacente natural físico y social, que le presta las condiciones esenciales para alcanzar un desarrollo pleno. Todo acontecer que altere esos factores desequilibrándolos produce menos cabo en uno de sus derechos fundamentales, lo que aparece agravado cuando la disminución de la función biótica se proyecta no ya sobre un ser humano, sino sobre un conjunto de ellos. Por cierto que esta derivación resulta virtualmente inevitable en razón de las notas de comunicabilidad e indivisibilidad que visceralmente caracterizan aquel medio.

Por tal motivo, cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la calidad de vida de cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o disuadida. Si ya hubiere comenzado a generar el daño, habrá de cesar, sin perjuicio de la reparación integral del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien perjudica el medio ambiente debe resarcir, pero quien resarce no por ello puede seguir produciendo el perjuicio. En esto no sólo va comprometida la salud y el bienestar de quienes sufren actualmente la ofensa, sino también de las generaciones futuras a las que no puede de ningún modo conculcárseles sus posibilidades vitales.

Refiere Eduardo Pablo Jiménez (“Losderechos humanos de la tercera generación”, Ed. Ediar,Bs. As., 1997, p. 185) que “la doctrina… al referirse a la tutela medioambiental, ha dicho que más que de un derecho individual, se trata de un derecho social, cuya reglamentación resulta indispensable para armonizar el derecho aun ambiente sano con el derecho a desarrollar actividades productivas” (concita de Badeni, Gregorio, “Reforma constitucional e instituciones políticas”, Ed. Ad Hoc, 1994; Camps, Enrique y Nolfi,Luis, “La recepción constitucional de la protección al medio ambiente: operatividad y eficacia”, ED del 21/5/96).

Estamos de acuerdo en que la significación social del medio ambiente prevalece sobre la prerrogativa individual atinente al mismo, agregando por nuestra parte que ésta lejos de tener un alcance absoluto- deberá ejercerse de conformidad con las leyes que la reglamentan en la preceptiva del artículo 14C:n- o en sentido lato funcionalmente, evitando su utilización abusiva. Pero si bien es cierto que no puede concebirse una actuación de la potestad particular divorciada de la necesaria función social que le adjudica su funcionamiento en un espacio que presenta esta última impronta, lo ciertoes que por su naturaleza difícilmente puede imaginársela escindida del interés colectivo, siendo por el contrario habitualmente confluentes. La actividad en esta materia debe orientarse decididamente bajo la perspectiva del solidarismo, que ha fundado avances doctrinarios y legislativos tan importantes en el derecho civil como son el reconocimiento de los principios de la buenafe y el abuso del derecho, que entre nosotros tuvieron soberbia manifestación en la reforma operada por la ley 17.711 y constituyeron la avanzada más fecunda en la transformación de un ordenamiento por entonces ávido de ser aggiornado.

Solidarismo que, como dijera Bidart Campos,”sólo puede, por lo tanto, significar una posición que, articulando al hombre con la sociedad, supone al derecho como hecho social emplazado en la vida individual. O, en otros términos, que el derecho existe por el hombre, con el hombre y para el hombre, en cuanto este hombre convive en una estructura social políticamente organizada. Exponiendo una tesis solidarista, Joaquín Azpiazu asocia en un principio básico de ella, el fin personal de la vida social y el fin social de la vida personal (“El Estado corporativo”, Madrid, 1940,p. 57) o como dice Sánchez Agesta, el bien común da a la persona una nueva especificación como bien de la persona en la vida social (“Principios de teoría política”,p. 47). Sin el último, el fin social, estaríamos en el individualismo; pero sin el primero, ignoraríamos el valor eminente del hombre y nos plegaríamos a cualquier “ismo” denigrante colectivismo, totalitarismo, etc.-(Germán J. Bidart Campos, “Individualismo y solidarismo”,en “Estudios de Derecho Civil en Homenaje a Héctor Lafaille”, Ed. Depalma, Bs. As., 1968, p. 97).

Y que, como prosigue diciendo el mismo autor más adelante “nos guía a pensar la obligación de reparación no solamente como efecto de la responsabilidad por un hecho ilícito, sino como resultado de la solidaridad social (que eso es, a la postre, lo que se deriva del principio`quien goza del commodum debe sufrir el periculum correlativo’). “Tributo, al fin que se paga a la comunidad por las ventajas que el hombre le reporta la convivencia, y con la convivencia, el progreso técnico, el trabajo ajeno prestado en su favor,los recursos del maquinismo, del transporte, etc. No se puede asumir las facilidades sin los riesgos… la responsabilidad acusa también el impacto de eso que aún con nombre impreciso y hasta dudoso, llamamos solidarismo” (id. Íd., p.106).

Justamente la admisión del abuso del derecho en nuestro sistema civilista nos lleva de la mano a una de sus más fecundas aplicaciones consagradas a través del artículo 2618 CC., referida a la exigencia de que se haga un uso regular de la propiedad.

Esta disposición, inspirada en el artículo 844 CC. italiano, que a su vez abrevó en las aguas de sus similares alemán (artículo 906) y suizo (artículo 684), presenta relevantes aristas que fueron tenidas en cuenta en la situación de autos (fs.2707/2708). Siguiendo a Borda, indiscutido mentor de aquella progresista reforma diremos que en principio, la enumeración que trae el artículo es meramente enunciativa, pudiendo los jueces añadir cualquier otra molestia de cualquier naturaleza, en tanto exceda de lo razonable aunque se pretenda calificarla de tolerable. La molestia debe suprimirse o atenuarse independientemente de la culpa del vecino, sin que la acción quede trabada por la circunstancia de que la actividad cuente con autorización administrativa. El juez tiene amplias facultades para ordenar el cese, incluso poniendo fin a la actividad molesta. También puede en la sentencia- fijar cuáles han de ser las medidas a adoptarse. Los criterios de exigencias de la producción y de prioridad del uso no revisten autonomía, siendo complementarios, pudiendo operar la supresión por más que el vecinos e haya instalado cerca del foco productor de las molestias cuando el mismo ya existía. La decisión que se adopte respecto de la entidad de las molestias escapa al recurso de casación, según tienen decidido los tribunales italianos (Borda, Guillermo A., “La reforma de 1968 al Código Civil”, Ed. Perrot, Bs. As., 1971, n. 270/273, ps. 380/384).

Queda así sin sustento el agravio de las recurrentes, en cuanto endilgan al a quo omisión de tratamiento de los presupuestos del artículo 2618 CC. (f. 2783).

Del mismo modo, sin rebatir exitosamente la afirmación del fallo en el sentido que la actividad contaminante de la demandada excedió notoriamente la situación de normal tolerabilidad que el artículo 2618 CC. Exige como presupuesto, en la forma que intenta esta última af. 2795.

Resumiendo, no existió por parte del a quo apartamiento alguno del principio de congruencia como se denuncia por la recurrente, sino que, contrariamente, al pronunciarse así, se encaminó en el derrotero trazado por directivas insoslayables provenientes de demandas sustanciales de tan elevada jerarquía como son las contenidas en los artículos 41 y 43 CN., y en los preceptos legales, interpretaciones jurisprudenciales y doctrinas elaboradas en torno a los mismos, obrando en consecuencia dentro de los límites de su mandato de impartir justicia conforme a la ley, en consonancia con las exigencias que éstaimpone en materia ambiental.

  1. Tampoco es atendible la queja formulada en el sentido de que la sentencia debe limitarse a condenar o absolver, en tanto se aduce que se sujeta el resultado del juicio a la opinión científica de un tercero sin garantía de control ni crítica- dado que la sentencia ha condenado a resarcir los daños causados a los actores, disponiendo por lo tanto el cese de las inmisiones contaminantes y previniendo con miras a la obligación de hacer que corresponde efectuara la demandada en lo futuro- su adecuado y efectivo control por parte del perito actuante, en etapa de la ejecución de sentencia, cuya intervención podrá ser a su turno debidamente fiscalizada y eventualmente impugnada por ante la instancia correspondiente, lo que de ninguna manera implica menoscabo de la garantía de defensa en juicio (artículo 18CN.), ni apartamiento de la normativa contenida en los artículos 384, 457, 459, 463, 469, 473, 47 y 476 CPr.

Por los argumentos desarrollados y los que surgen del voto al que antes adherí, me pronuncio en consecuencia por la negativa.

Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Por lo expresado en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General con respecto al de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios interpuestos, con costas (artículos 289 y 298 CPr.).

El depósito previo efectuado queda perdido para el recurrente (artículo 294 CPr.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución 760/68, modificado por la Resolución 868/77 y de conformidad con la Resolución 1993/94.

Notifíquese y devuélvase. Alberto O. Pisano Héctor Negri Elías H. Laborde Juan C. Hitters Eduardo J. Pettigiani (Sec.: Adolfo A. Bravo Almonacid).

(1) LA 1995-A-26. (2) LA 1987-A-972. (3) LA 1986-B-2150. (4) LA1988-B-2907. (5) LA 1992-A-1506. (6) LA 1986-A-710. (7) LA} 1990-C-4029.(8) LA 1995-A-968. (9) LA 1995-B-2581. (10) LA 1991-A-1505. (11)LA 1987-A-1428. (12) LA 1986-776. (13) LA 1994-C-4034. (14) ALJA1973-A-586. (15) LA 1980-A-53. (16) LA 1992-A-50. (17) LA 1993-C-3754.(18) LA 1993-C-3738. (19) LA 1995-C-3705. (20) LA 1992-A-50. (21)LA 1996-A-757.

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