Pensar en un proyecto de país

Por Daniel A. Sabsay, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

La agenda del gobierno de la Alianza desde su instalación en diciembre de 1999 puso de manifiesto la ausencia de consideración de la problemática ambiental. Es de recordar que la reorganización ministerial que produjo la nueva administración, inmediatamente después de haber asumido, importó para esta temática la atomización de las atribuciones del organismo nacional competente.

Por lo tanto, no es de sorprender que como consecuencia de este estado de cosas, no se cuente aún con políticas públicas que aseguren la construcción de un modelo apto para el desarrollo sustentable. Recordemos que se trata de un objetivo contenido en nuestra Constitución nacional desde 1994 que obliga a orientar a todas las actividades productivas hacia la satisfacción del desarrollo humano, entendido éste como un sistema que se compone de elementos económicos, ambientales, sociales y ético-culturales desde una visión transversal.

En este mismo orden de ideas desde hace casi siete años está demorada la sanción de leyes de “presupuestos mínimos” contempladas en el artículo 41 de la Ley Fundamental. A lo que se agrega el escaso avance en la implementación de las medidas aptas para la aplicación de muchos de los tratados que integran el régimen internacional del ambiente. Es cierto que estos déficits son responsabilidad tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, pero ello no es óbice para considerar que la falta de compromiso del primero detrás de políticas y de estrategias, en nada estimula la acción del Congreso.

Frente a la falta o poca respuesta de los poderes políticos, cabe destacar la positiva acción de la justicia, la que a través de una serie de fallos ha facilitado, en muchas ocasiones, el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva. Asimismo, esta jurisprudencia ha hecho operativas las nuevas garantías para la defensa de los mismos, que incorporó la reforma constitucional del 94, como así también ha reconocido y definido el perfil de varias herramientas propias de una democracia participativa, como son las audiencias públicas y el proceso de evaluación de impacto ambiental, entre otras.

Frente a un panorama tan poco alentador, merecen ser mencionados algunos esfuerzos llevados a cabo sobre todo en los niveles provincial y municipal, gracias a nuevas instituciones, por caso las audiencias públicas. Esto da lugar a acontecimientos que arrojan una cuota de esperanza sobre posibles cambios. Ojalá que estos hechos positivos inauguren una etapa en la que la libertad, la igualdad y la calidad de vida inspiren el accionar gubernamental hacia el logro de un desarrollo que asegure -en un marco de solidaridad- la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

La noción de desarrollo sustentable sólo aparece declamada en el discurso de los decisores, pero esta prédica no encuentra su correlato en los actos efectivos de gobierno. Pareciera que ante la emergencia financiera, las consideraciones económicas sean las únicas que encuentran espacio en las políticas públicas.

Creemos que más allá de considerar a las exigencias de la crisis, se debe programar la acción gubernamental desde una óptica que permita la durabilidad de sus decisiones en el tiempo. De no ser así, será muy difícil detener la situación de decadencia que vive nuestro país y al menos mitigar la fuga de profesionales hacia otras latitudes.

En suma, se impone pensar en un proyecto de país, para el cual el marco que brinda el desarrollo sustentable, como contenido y forma, constituye un alentador punto de partida.

Artículo de opinión sobre el Desarrollo Sustentable en la Argentina.
(c) Revista Ecología&Negocios-2001. E-mail: [email protected]. Septiembre 2001