Audiencia Pública: Represas en Santa Cruz
La opinión de los ministros nacionales
El Ministro de Energía, Juan José Aranguren abrió la audiencia pública sobre las represas del río Santa Cruz. Defendió las modificaciones que se hicieron al proyecto original. Luego, el Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, resaltó que es la primera vez en la historia que se hace una audiencia pública de este tipo.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió hoy las modificaciones al proyecto original para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, por entender que la iniciativa impulsada durante el kirchnerismo era “muy cara y no estaba completa”.
Aranguren se expresó así en la apertura de la audiencia pública que se realiza en el Congreso para debatir el estudio de impacto ambiental del proyecto de represas. El funcionario dijo que al hacerse cargo del Ministerio se encontró con “un proyecto que era muy caro y no estaba completo, un mecanismo de actualización de los costos de la obra contrario a la regulación vigente, y un estudio de impacto ambiental ineficiente”.
De esa manera justificó que el Gobierno haya modificado el proyecto original de ambas represas elaborado por la administración anterior, de modo tal que ambas tendrán menos turbinas, menos cota y menos embalse, medidas que implicaron un ahorro de 1.300 millones de dólares.
El ministro de Energía explicó que una de estas dos obras permitirá “hacer frente a los momentos donde hay mayor demanda energética en el día” y destacó que “tiene un bajo costo operativo y alta confiabilidad, la mínima emisión de gases”.
También subrayó que “en la Patagonia puede ser un muy buen complemento de energía eólica”, al tiempo que señaló que uno de los objetivos en materia energética es que para el 2025 la Argentina tenga “un 20% de la energía eléctrica de fuente renovable”.
Por otra parte, celebró “poder tener en el Congreso la presentación de un estudio de impacto ambiental de estas características”, en referencia a la evaluación realizada por la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA).
Además, Aranguren rechazó una denuncia realizada por Solanas contra la ejecución de la obra, que planteó presuntas irregularidades porque el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, es a su vez el director de EBISA y fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental en 2006.
Al respecto, indicó que el “estudio expeditivo” que realizó IATASA “no era un estudio ambiental, sino un catálogo de proyectos realizados entre los ´60 y ´80”, y que, además, “se hizo en 60 días y no se puede considerar un estudio”, como afirmó la denuncia de Solanas. En este contexto, elogió el relevamiento hecho por EBISA y destacó que “insumió casi 40 mil horas de trabajo, ocupa 9 carpetas con más de 4 mil páginas, 65 planos específicos y estudios temáticos realizados por expertos en la materia”.
Por su parte el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, destacó que “es la primera vez que se realiza una audiencia de esta magnitud con la intervención de un ministerio de ambiente”.
Sostuvo que el estudio de impacto ambiental con sus informes complementarios “se presentan en un plan de gestión ambiental. No es la presentación de una carpeta para cumplir con la ley”.
Bergman, apuntó al estado de las inversiones y la importancia de las represas al asegurar que “los compromisos asumidos con China condicionan la decisión del Estado sobre la construcción de las represas”. Y frente a esto se trabajó minuciosamente en la revisión y reformulación del proyecto original, para garantizar el menor impacto posible, y evitar (según afirma) la afectación del lago Argentino y el Glaciar Moreno, además de garantizar la preservación del macá tobiano y el desplazamiento de los peces a lo largo del río.
Bergman también afirmó que “se van a crear áreas protegidas y corredores de conservación”, en la zona
La postura del Gobierno de Santa Cruz
El Vicegobernador, el Ministro de producción y el Secretario de Ambiente expusieron en representación del gobierno provincial. Reivindicaron la importancia de la obra como fuente de trabajo y de producción de energía. Aseguraron que se tomaron los recaudos ambientales y hablaron de los proyectos incluidos en un programa de compensación por el impacto que generará la obra
El gobierno de Santa Cruz estuvo representado en la Audiencia Pública por las Represas por el Vicegobernador Pablo González; el Ministro de la Producción, Leonardo Álvarez; y el Secretario de Medio Ambiente, Mariano Bertinat.
Los dos primeros mencionados enfatizaron la importancia del proyecto en la generación de fuentes de trabajo y la producción de energía para la región y para el país
El vicegobernador mencionó que la construcción de las represas generarán “6000” puestos de trabajo “directos” y “15000 indirectos”, “empleos calificados e investigación”.
También indicó que “estas represas no determinan que no puedan llevarse adelante otras actividades generadoras de energía y que se complementen con ella”, como la energía eólica. “Pero para generar la misma energía que generarán las represas se necesitarían 800 generadores, en una distancia de 80 kilómetros por un kilómetro; lo que también significaría un impacto visual importante.
González dijo que en Santa Cruz hay “una larga trayectoria de preservar el medio ambiente. Y puso como ejemplo que “es la provincia que tiene la mayor cantidad de áreas protegidas “. Detalló los 7 parques nacionales y 27 áreas protegidas que representan la mayor cantidad de hectáreas protegidas del país.
Al concluir su exposición, el vicegobernador instó a “aunar esfuerzos para que en un futuro nadie pueda recriminar nada”.
Por su parte, el Ministro de la Producción Leonardo Álvarez, destacó que “las represas tienen una importancia determinante en la historia futura de las próximas generaciones”
También resaltó la “generación de empleo directo y la construcción de una red de proveedores” como “salida a la crisis económica estructural que atraviesa una provincia”.
Además Álvarez, recordó que Santa Cruz “aceptó aún en disconformidad los distintos planteos que la administración de Mauricio Macri impuso como condicionante para continuar la obra, desde el achicamiento de su potencia de 11 a 8 turbinas hasta el cambio de régimen, que la convirtió en una represa que generará energía “a demanda” en lugar de tener “generación de energía continua”.
“Si el gobierno de Alicia Kirchner y los santacrueños aceptaron cada una de estas condiciones es simplemente porque la construcción de las represas sobre el rio santa cruz tienen una importancia determinante en la historia futura de las próximas generaciones que habiten nuestro suelo provincial”, dijo el funcionario provincial
El Ministro recodó que la reactivación de la construcción de las represas lleva 18 meses de paralización “acarreando la quiebra de los proveedores de insumos y el consecuente despido de sus trabajadores.
“El gobierno del presidente Mauricio Macri les pide a los gobernadores que migren su matriz de empleo del estado a la actividad privada, pero se nos niega paradójicamente a los santacruceños la posibilidad de avanzar en una obra que permitiría una alternativa a ese propósito”, reclamó.
El tercer funcionario provincial en hacer uso de la palabra fue el Secretario de Ambiente, Mariano Bertinat, quien repasó los diferentes pasos “de la historia reciente” referidos al proyecto de las represas, y señaló que a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia se concretó la audiencia pública donde hoy se expone la evaluación de impacto ambiental.
“Por decisión de la Gobernadora Alicia Kirchner se decidió dar lugar al cumplimiento de todos los fallos, a tomar cada una de las observaciones que se han hecho en el marco del respeto por las instituciones y a favor del diálogo para que esta obra tenga todos los requerimientos que hagan falta y la licencia social que es necesaria para proyectos de semejante envergadura”.
Además, agregó “desde la Secretaría de Ambiente hemos tomado todas las observaciones y requerimientos hechos por la cartera del Ministro Bergman” y “en un marco de trabajo conjunto hemos llegado a unificar muchos de los criterios que hacen que esta obra tenga esta instancia de participación ciudadana de cara a la reactivación de las obras”
Bertinat resaltó el trabajo conjunto con Nación en la realización de los estudios complementarios pedidos por la Corte Suprema de Justicia y remarcó que se ha “hecho un programa de compensaciones abierto al público, en el cual se incluyeron diversas obras en varias localidades, como retribución por el impacto ambiental que genera la construcción de las represas.
“Todas estas medidas son propuestas que los vecinos de Santa Cruz y el Estado han elaborado y solicitamos el pronto tratamiento por parte del Estado nacional en conjunto con la provincia para desarrollar y complementar este plan de medidas de compensación”.
El programa presentad incluye 23 proyectos que deberían ser financiados por la UTE a cargo de las represas, y que totalizan más de 230 millones de dólares. Dicho listado está sujeto a análisis junto al Estado Nacional.
La mención de este programa de compensación ambiental trajo cuestionamientos posteriores por parte de los oradores en representación de ONG ambientalistas y de particulares, quienes dijeron que si la compensación es tan multimillonaria es porque el daño ambiental seguramente será mayor al que plasma el Estudio de Impacto presentado.
Los argumentos de las ONGs contra las represas
Tras la presentación del proyecto por parte de funcionarios nacionales, y la exposición del gobierno provincial, fue el turno de representantes de las ONG. Al unísono y con argumentos varios cuestionaron el estudio de impacto ambiental y ratificaron su rechazo a las represas.
El Congreso de la Nación fue el espacio de una audiencia pública histórica sobre el mega proyecto hidroeléctrico Kirchner- Cepernic.
Tras la presentación de los detalles de la obra, por parte de ministros y otros funcionarios de Energía y Ambiente, hablaron los representantes de las ONG.
Vida Silvestre, Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Flora y Fauna y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron graves deficiencias en el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado y alertaron sobre el daño ambiental que se avecina en los próximos años.
El primero en tomar la palabra fue Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, quien alertó la falta de garantías sobre el daño ambiental que producirán las represas y el riesgo institucional de llevar adelante un proyecto con un Estudio de Impacto Ambiental incompleto, y solo impulsado por un condicionado contrato con el Estado chino. “Si tienen que hacer las represas por el contrato firmado con China, díganlo directamente y háganse cargo”, reclamó. Y concluyó diciendo que “hacer este proyecto tal como está es producir energía a cualquier costo”, concluye Andrés Nápoli de FARN.
La postura de la coalición de ONGs ambientalistas se sostiene en cinco puntos: salvar al macá tobiano de lo que aseguran será la extinción si se hacen las represas; Evitar el impacto de las represas en el glaciar Perito Moreno; reclamar una energía con menor costo ambiental y social; defender un desarrollo real de Santa Cruz y de la Patagonia que no depende de las represas; y proteger al último rio glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, destacó la extrema fragilidad del área, y dijo que “no hay compensación posible para un área tan frágil e importante que se destruye como el estuario del río Santa Cruz”.
También recordó que “la Administración de Parques Nacionales elaboró un informe diciendo que la mayor parte del río Santa Cruz es un área prioritaria para la conservación. Y la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) envió una nota al presidente Mauricio Macri expresando su preocupación por la construcción de las represas y la conservación del macá tobiano.”
Casañas también cuestionó el programa de compensación ambiental al que se refirió el secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat. “No es compensable cuando se destruye algo que es irreparable. Si destruyo a la Gioconda no lo reparo con 20 Milo Lockett”, graficó.
El referente de Aves Argentinas recordó que “hace 10 años todos los ambientalistas hablábamos del cambio climático y se nos reían en la cara. Hoy está en todos los discursos de funcionarios”.
“Ojalá en 10 años no estén todos lamentando las represas”, concluyó.
Por su parte, el director de Fundación Vida Silvestre Manuel Jaramillo, afirmó que “este proyecto tiene muy escasa oposición política”. Ironizó diciendo que su “mejor ventaja ha sido cerrar la famosa grieta”, haciendo notar que los políticos del oficialismo como de la oposición están de acuerdo en la construcción de las represas.
“Es por ello que seguramente deberemos esperar que la justicia se expida a favor de la libertad del río Santa Cruz” agregó, dando por sentado que no agotarán el reclamo contrario a la obra.
También Jaramillo agregó un reclamo a la falta de consulta a los pueblos originarios: “No existió consulta previa e informada a los pueblos originarios. Pero se considera que es posible remover o inundar una gran cantidad de sitios arqueológicos que son testigos de su cultura. En este contexto no puede considerarse válido este estudio de impacto ambiental”, afirmó.
A su turno el constitucionalista Daniel Sabsay, quien también integra la FARN (aunque no habló en su nombre), apuntó contra el doble rol de Jorge Marcolini como funcionario del Ministerio de Energía y director de la empresa que realizó el estudio ambiental, algo que ya denunció penalmente el senador Fernando “Pino” Solanas.
Pero además Sabsay criticó particularmente el contrato y la unión transitoria de empresas (UTE) que realizará la obra. El letrado subrayó que “la UTE está conformada por Gezhouba (empresa china) y Electroingeniería” y que “el contrato lo firmó el señor José López (exsecretario de Obras Públicas), el hombre de los bolsos, hombre de (el exministro de Planificación Julio) De Vido, que hoy tuvo el desparpajo de hablar”.
Sabsay advirtió que “Gezhouba no tiene grandes antecedentes” y dijo que fue “sancionada por el Banco Mundial”, mientras que “Electroingeniería no tiene ninguna experiencia en la construcción de represas”.
Por su parte el representante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, señaló que si bien con el nuevo proyecto que achica las represas, no surgen indicios de que el Glaciar Perito Moreno sea afectado por la obra, critica que el Estudio de Impacto Ambiental no tiene información actualizada sobre la cantidad de glaciares que hay en la zona y la superficie total. “Existen importantes inconsistencias y omisiones en la información relativa a los glaciares de la cuenca del río Santa Cruz, lo que consideramos debería ser objeto de un estudio específico”, afirman
Fuente: ahoracalafate.com.ar/ – 20/7/17
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