La demanda busca que la Justicia ordene medidas urgentes y efectivas para mitigar el impacto ambiental de esta infraestructura, cuya construcción fue financiada por el Estado Nacional y ejecutada por el gobierno santiagueño.
El canal fue diseñado para abastecer de agua a poblaciones y fomentar el desarrollo ganadero en la región.
Si bien su primera versión —excavada en tierra a fines de los años 70— presentaba deficiencias técnicas y falta de mantenimiento, en 2020 se puso en marcha una nueva obra revestida en hormigón, con una extensión total de 250 kilómetros. Sin embargo, el rediseño, lejos de solucionar problemas, habría generado otros de gran magnitud.
Una trampa para la fauna
Según denuncian las organizaciones, el canal presenta paredes de hormigón resbaladizas y en pendiente, lo que impide que los animales que caen al agua puedan salir.
En apenas seis meses, se documentó la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies —entre ellas varias amenazadas— incluyendo osos hormigueros, tortugas terrestres, corzuelas, pecaríes, mulitas y matacos.
Es que, en rigor, la obra se emplaza en plena ecorregión del Chaco Seco, una de las zonas con mayor deforestación y degradación ambiental del mundo.
“El Canal de la Patria está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas“, advirtió Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN.
El canal también representa un riesgo para la salud humana. Las organizaciones alertan que la gran mortandad de animales y su descomposición podrían contaminar el agua que consumen miles de personas.
“El acceso al agua segura, asequible y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas es un derecho humano fundamental, pero la infraestructura para garantizarlo no puede construirse sin el debido cuidado ambiental“, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
“Pedimos a la Corte Suprema que dictamine sobre esta obra llamada Canal de la Patria, que en realidad es el canal de la infamia“, subrayó.
En concreto, la demanda exige la elaboración y puesta en marcha de un plan de recomposición ambiental que contemple:
- Monitoreo de fauna muerta y calidad del agua.
- Zonificación del canal para identificar tramos críticos.
- Proyección de obras de mitigación y plazos para su ejecución.
- Un plan de gestión ambiental integral y evaluaciones periódicas.
“La demanda por daño ambiental se funda en una obra pública que ha sido mal diseñada —nunca se tuvo en cuenta los efectos graves que produce sobre los animales y la biodiversidad— y luego de construida nunca fue monitoreada ni corregida“, explicó José Esain, abogado patrocinante de las organizaciones demandantes.
“Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 genera la obligación prioritaria de recomponer el ambiente. El canal debe existir porque cumple una función social, pero debe hacerlo sin comprometer la biodiversidad“, agregó el letrado.
El reclamo se presenta tras años de denuncias, informes científicos y exhortaciones oficiales que no lograron respuestas concretas. Entre ellas se destaca la Resolución N°53/24 de la Defensoría del Pueblo, que en diciembre pasado intimó al Gobierno Nacional y a Santiago del Estero a implementar medidas correctivas y de mitigación.
Tres organizaciones ambientales —Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)— presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero por lo que consideran un “grave daño ambiental de incidencia colectiva” provocado por la
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