El gobierno negocia financiamiento climático con multilaterales y FMI

La posición de Argentina es que los acreedores financieros del país son deudores ambientales. Massa llevó ese concepto a las últimas giras internacionales. El mes pasado, en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se realizó en India, pidió “discutir otras alternativas de financiamiento”, además de las que otorgan los organismos multilaterales, y proporcionar “alivio financiero”, sobre todo en un contexto de creciente suba en las tasas de interés.

Así lo aseguró Massa frente a sus pares del G20: “Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, indicó.

En el Palacio de Hacienda buscan conseguir dólares para que no se frene la actividad. La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar las proyecciones de la cosecha por la sequía, y la estimó en 50 millones menos de toneladas, un impacto en exportaciones de u$s19.000 millones. De no compensar la cantidad de dólares para abastecer las importaciones, la consultora PxQ estima una caída del PBI del 3%. Sin detallar medidas concretas, una alta fuente de Economía aseguró: “En el segundo trimestre va a haber medidas para compensar con otros instrumentos la menor entrada de dólares para que no haya caída en la actividad”.

En la Secretaría de Cambio Climático, que encabeza Nicolini, consideran que existe una correlación entre el cambio climático y la actual sequía, por cómo la suba de las temperaturas genera estrés hídrico, haciendo más extremos fenómenos como La Niña. A causa de las sequías, se estima que en las últimas dos décadas Argentina perdió más de u$s24.000 millones en la producción de soja y maíz.

Costos millonarios

A fines del año pasado, el Ministerio de Ambiente presentó un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, con 250 medidas para llevar a cabo de cara al 2030, y así avanzar en la transición energética, movilidad sostenible, innovación en procesos productivos y conservación de la biodiversidad. En diálogo con Ámbito, Nicolini explicó que estiman el costo total en más de u$s200.000 millones. “El costo de inacción puede ser muy elevado también”, explicó.

Nicolini señaló que existe una “deuda” de los países desarrollados que en 2009 se comprometieron a otorgar u$s100.000 millones para los países en desarrollo para financiamiento climático que no se cumplió. Actualmente, los países en desarrollo reclaman que esa cifra se triplique, y llegar al billón anual. “En las convenciones internacionales nos exigen más esfuerzo en acelerar la descarbonización, la respuesta es que sí, fantástico, estamos comprometidos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un plan, pero para eso necesitamos fondos de cooperación”, explicó Nicolini.

Ante la consulta de este diario sobre si existe una contradicción entre los objetivos de descarbonización y los planes para desarrollar más la minería y los hidrocarburos en Vaca Muerta, Nicolini explicó que la clave no pasa por la “prohibición de actividades”, sino por buscar métodos de producción “más sostenibles”.

“Hay sectores que son funcionales para la transición ecológica, por ejemplo, la minería de litio y cobre se necesita para la electrificación, la electromovilidad y los parques eólicos y solares”, explicó Nicolini. Sobre el caso puntual de Vaca Muerta, aseguró que “hay un consenso” sobre que el gas es importante para la transición energética, como una energía mucho menos contaminante que el carbón. “Hay países que tienen hasta el 50% de su matriz con carbón, exportando gas vamos a poder tener un impacto en la transición de nuestra matriz, pero también en la de otros países”, agregó.

Autora: Florencia Barragan
Fuente: ambito.com/