Hay que destacar que esta es la segunda vez que una medida judicial impulsada por los vecinos frena las obras de la construcción del relleno sanitario: la vez anterior fue el 29 de diciembre último, cuando el juez federal de Quilmes, Luis Armella, hizo lugar a otra medida cautelar y ordenó que se frenara la obra hasta que se contrataran a expertos de las universidades nacionales para analizar la viabilidad y el potencial contaminante del traslado de residuos a ese relleno sanitario.
“Unos días después de ese fallo, llamativamente y creemos que por presiones del gobierno nacional, el juez Armella, que se había declarado incompetente por una cuestión de la jurisdicción, dio de baja a las medidas adoptadas, en plena feria judicial. Por eso, los vecinos decidimos volver a presentar una cautelar, esta vez ante la Justicia de Mercedes”, explica Viviana Novelle, dueña de Tallo Verde, una huerta orgánica de Open Door, dentro del partido de Luján, en la que trabajan 60 personas y que podría perder la certificación de orgánica si en los predios vecinos se instala un relleno sanitario.
“Nosotros vamos a presentar nuestro descargo en estos días. Nos parece increíble que, pese a que hace más de una semana está vigente esta medida judicial, desde la Municipalidad la ignoran completamente. No solo eso, sino que los camiones municipales siguen llevando la basura al basural a cielo abierto, donde todos los días hay quemas, y se contamina el aire y el suelo. Siguen operando como si la medida no existiera”, cuenta Novelle. Y agrega: “Nosotros hicimos de forma privada estudios del suelo, estudios muy costosos y, para eso, contratamos un laboratorio de Canadá y los resultados indican que el nivel de contaminación de esos residuos es altísimo. Por eso, exigimos que se investigue y se informe la verdad. Muchos vecinos cercanos al basural tienen todo tipo de problemas de salud y eso tiene que ver con que allí se vierte no solo basura domiciliaria, sino residuos industriales y patogénicos, el barro de las curtiembres y todo sin ningún tipo de control”.
El texto de la resolución señala: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, previa caución juratoria, ordenando la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto (BCA) ubicado en el partido de Lujan, debiendo disponerse, en un plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento, a cargo de las demandadas Estado Nacional y Municipalidad de Luján, y se abstengan de ejecutar cualquier otra obra o acción sobre el predio Sucre (el lugar donde se está construyendo el relleno sanitario) del partido de Luján, hasta que se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo planteada en autos”.
La medida destaca “los peligros de daño ambiental” que constan en los informes técnicos aportados por los amparistas “que denuncian falencias socioambientales para la instalación del relleno sanitario en el predio Sucre, incertidumbres respecto al saneamiento integral del basural a cielo abierto existente en Luján, que podrían generar un riesgo aun mayor al de la situación presente, agravándose si se sigue efectuando el vuelco de residuos a cielo abierto durante las tareas de saneamiento proyectada”.
“Este fallo es un dislate y por supuesto que lo apelamos”, argumenta Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. “Es evidente que el juez copió tal cual los argumentos del fallo anterior sin interiorizarse ni siquiera sobre la situación de avance de la obra. Este grupo de vecinos dicen que no se hicieron estudios de impacto ambiental con participación vecinal, que no se presentaron los informes correspondientes. El planteo es ridículo. ¿Un organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es quien financia la obra, accedería a entregar las partidas si no hubiéramos seguido las más estrictas normas que ellos exigen? En realidad, acá no se trata de un reclamo de vecinos de Luján, que están muy interesados en que se solucione el problema del basural, sino de un pequeño grupo de productores orgánicos que creen ver amenazado su negocio y que, en algunos casos, se extendieron a terrenos que en realidad son fiscales”, dice.
“Estamos ante un nuevo intento de detener este proceso de saneamiento y de sustentabilidad ambiental al tema de los residuos en el partido de Luján. Un flagelo que lleva más de medio siglo. Una vez más, como viene sucediendo desde el comienzo, desde un sector minúsculo se busca poner trabas e impedir que esta obra continúe”, escribió el intendente de Luján, Leonardo Boto, en sus redes sociales, luego de que se conociera el fallo. “Vamos a tomar todas las medidas y vamos a estar concentrados en superar este nuevo obstáculo y continuar con la obra nuevamente”, agregó.
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