Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto LIAG en el Oeste de Formosa

Un caso de Administración de Conflictos

Por: Ing. Agr. Jorge Adámoli

Este estudio fue contratado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, con la finalidad de evaluar el impacto ambiental quepueda generar el Proyecto presentado por la empresa LIAG S.A. para desarrollar actividades agrícolas en un lote de 40.000 ha ubicado entre Laguna Yema y Pozo del Mortero, sobre la ruta nacional Nº 81.

ANTECEDENTES

Dentro del Programa de Desarrollo del Oeste de Formosa que lleva adelante el Gobierno Provincial, surgió a fines de 1996 una alternativa de inversión de la empresa LIAG S.A. El Proyecto consiste en desarrollar un área de agricultura irrigada sobre una superficie de 18.000 hectáreas, en un lote fiscal situado entre las localidades de Laguna Yema y Pozo del Mortero. La empresa mencionada es propietaria de un campo denominado Finca Tolloche en la localidad de El Quebrachal, Provincia de Salta, en el que desde fines de los años 80 desarrolló un proyecto equivalente, con una superficie irrigada de 15.000 hectáreas y la construcción de una desmotadora de última generación.

La perspectiva de contar con un emprendimiento de tal porte utilizandolas aguas del embalse de Laguna Yema, y el aval que implicaba la experiencia realizada en el otro campo, generaron un comprensible interés por parte de las autoridades provinciales. Para llevar adelante la iniciativa, fue necesario contar con el aval de la Legislatura Provincial, concretado con la Ley 1.218 sancionada el 22 de noviembre de 1996 y complementada por el Decreto 1806, del 11 de diciembre de 1996.

Poco tiempo después de las fechas mencionadas, surgen reclamos de organizaciones ambientalistas, que señalan una serie de posibles impactos negativos del proyecto, y reclaman una evaluación de impacto ambiental previa, en cumplimiento de la Ley 1.060 que establece los objetivos y alcances de la política ecológica y ambiental de la Provincia.

El Gobierno Provincial por su parte, establece los contactos paradar comienzo a una evaluación de impacto ambiental, iniciativa que se concreta mediante la firma del correspondiente contrato en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) el 15 de mayo de 1997. La duración de los estudios fue fijada en 7 meses, en el curso de los cuales debían entregarse tres Informes Parciales (uno cada dos meses) y un Informe Final al final del contrato.

LA TEMATICA AMBIENTAL EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

La creciente incorporación de las consideraciones ambientales en el mundo y el peso creciente que dichas normas adquieren en los procesos de toma de decisiones, evolucionan constantemente, generando un cuerpo doctrinario y normas de aplicación que, lejos de constituir trabas, favorecen la sustentabilidad del desarrollo con beneficios para todos los protagonistas. La permanente evolución que presenta el tratamiento de la cuestión ambiental en el país, implica el desarrollo de análisis sobre los efectos que determinadas acciones puedan generar en forma directa o indirecta, de forma de resguardar los intereses permanentes de la Provincia, optimizar las actividades empresariales, disminuir riesgos y evitar la transferencia de problemas a terceros o al Estado.

El tema del medio ambiente fue incluido como un asunto mundial en la conferencia de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972. Sin embargo, el impulso decisivo ocurrió a partir del Informe Bruntland preparado en 1987 por la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En esa oportunidad se acuñó el término “desarrollo sostenible”, para aludir a las opciones de desarrollo que tendrán a su alcance las futuras generaciones. Hoy el concepto de sustentabilidad forma parte del vocabulario de casi todos los líderes políticos y los creadores de políticas. La culminación de esta tendencia fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como “Río 92”. La creciente incorporación de normas ambientales en la Argentina, es fruto de una conciencia colectiva, que se fue plasmando en diversas instancias, hasta alcanzar un capítulo destacado en la reforma constitucional de 1994.

La tendencia mundial al respecto consiste en apoyar las políticas de desarrollo asumiendo las diversas formas de relación de los proyectos con la naturaleza, así como los condicionamientos que la naturaleza impone a los proyectos. La incorporación de costos ambientales en las ecuaciones económicas de los proyectos, no sólo es una forma justa de evitar que los costos externos generados por el proyecto sean transferidos a terceros; es esencialmente una forma de cálculo que fortalece la viabilidad del proyecto en el largo plazo. Esta creciente tendenciase opone a la exclusiva consideración de los beneficios inmediatos, lo que requiere pasar por alto los costos a largo plazo.

Una visión común en la economía, consistía en considerar que el aire y el agua eran bienes gratuitos y que la naturaleza los prodigaba en cantidades ilimitadas. Las funciones o servicios ambientales como el reciclaje del agua y los nutrientes, o la regulación del clima, eran descartados pues, al no haber un mercado para ellos, quedaban fuera del sistema de preciosy, en esencia, su precio era nulo. Los cálculos económicos no incluían ni la depreciación del capital natural ni sus requisitos de mantenimiento.

Al considerar al ambiente como una base de recursos o como un vertedero, se ha restado importancia a los efectos de las actividades de producción y de consumo sobre el medio ambiente. Esto llevó a pensar en efectos colaterales de tipo externo. Hoy se ganó conciencia en que siempre hay alguien que debe pagar estos costos “externos”. En este nuevo marco, los costos ambientales deben ser interiorizados, en vez de transferirlos a otras personas o a las futuras generaciones. En consecuencia, la interiorización de los costos, requiere que tanto los costos como los beneficios se evalúen con precisión, y que se distinga con claridad entre la genuina generación de ingresos y la erosión del capital natural a causa del agotamiento o la degradación de los recursos. Las manifestaciones físicas de la degradación ambiental, son indicadores tardíos y desorientadores de un desarrollo no sostenible.(Theodore Panayotou, 1994: “Ecología, medio ambiente y desarrollo”).

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ESTUDIO

Este estudio tiene características que difieren de las de evaluaciones tradicionales de impacto ambiental. Uno de los rasgos singulares de esta evaluación consiste en haber incluido la consulta con todos los actores sociales involucrados,como práctica permanente, aun antes del comienzo formal del trabajo lo cual si bien no representa una instancia formal de mediación, adscribe a dicho proceso. Los contactos con las autoridades provinciales, así como las diversas reuniones mantenidas con las organizaciones no gubernamentales o con representantesde la firma LIAG, no fueron resultado de exigencias contractuales, sino el resultado de una metodología de trabajo que requiere la permanente confrontación de ideas, para reunir la más rigurosa información disponible, asimilar críticas sobre los enfoques adoptados, o incorporar nuevas ideas, para acercar posiciones que permitan lograr un proyecto que satisfaga a los diversos actores involucrados.

Los ejemplos sobre esta positiva interacción son numerosos como ser: en la segunda reunión con organizaciones ambientalistas provinciales, realizada en la sede de la Universidad de Formosa, comentamos sobre el trascendente acuerdo logrado con la firma para limitar el área agrícola a 18.000 ha (la ley la habilita a ocupar hasta el 75 % de las 40.000 ha asignadas para agricultura, es decir 30.000 ha). Este acuerdo nos permitiría destinar las 22.000 ha restantes como Reserva de ecosistemas, dentro de las medidas de compensación ambiental. Varios representantes, particularmente del Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa, plantearon que sería más importante darle un status o categoría más abarcativo, paraque sin perder el carácter de área protegida, se pudieran incorporar técnicas de manejo sustentable del bosque. Esta excelente iniciativa fue incorporada al estudio.

Otra característica distintiva de esta evaluación, fue el hecho de que al momento de comenzar los estudios, no se disponía de un proyecto ejecutivo, donde constaran todoslos detalles de las actividades a ser desarrolladas. De hecho, se disponía de un anteproyecto, en el que se hacían referencias a dichas actividades, se establecían objetivos generales, metas etc., pero sin el nivel de detalle requerido para un Proyecto Ejecutivo. Como marco externo, existía una situación de virtual conflicto con organizaciones ambientalistas.

La alternativa de suspender todas las actividades hasta disponer de los detalles del proyecto, era la peor opción, pues en el marco del conflicto, no estaban debidamente identificados los canales de comunicación. El hecho de que los miembros de nuestro equipo tuvieran una fuerte inserción dentro de las actividades vinculadas con la conservación de los recursos naturales y con el desarrollo sustentable, y fundamentalmente un conocimiento de larga data acerca de las características del área, nos permitió plantear un esquema de trabajo adecuado a circunstancias de información imperfecta delproyecto y de enfrentamiento entre actores involucrados.

La experiencia de campo de los miembros del equipo, nos llevó a considerar que no había impedimentos para evaluar a nivel de todo el lote fiscal (40.000 ha), los posibles impactos sobre la flora, la fauna y la biodiversidad, o sobre la materia orgánica, la infiltración de las aguas, los riesgos de salinización, o de contaminación, así como sobre la relocalización de pobladores o el rescate de restos arqueológicos. Disponer de los detalles del proyecto, probablemente habría facilitado nuestra tarea, pero la situación real generó una nueva alternativa, que termina siendo más sólida, porque se pudo satisfacer un reclamo ambiental de larga data, que es el de poder realizar las evaluaciones de impacto en la fase de gestación del Proyecto, antes de que estuvieran cristalizadas las características finales del mismo.

Teniendo constantemente en cuenta los intereses de las partes y en función de ello manteniendo abiertos los canales de comunicación, tanto con los organismos de gobierno como con las organizaciones no gubernamentales y la empresa, pasamosa realizar las evaluaciones a nivel de todo el lote. A los fines prácticos, propusimos los términos de referencia para la elaboración del contrato definitivo.

Nuestras evaluaciones nos llevaron a pensar en una serie de criterios aplicables a cada etapa de desarrollo y operación del proyecto, los que fueron enriquecidos con los aportes de las organizaciones ambientalistas, de los funcionarios de gobierno y de la propia empresa, tanto que con la misma se llegó a un acuerdo total sobre incorporación de criterios ambientales básicos que deben ser atendidos. Ellos son:

Desmonte

1- El Desmonte será realizado por cadeneo, a razón de 2.000 ha/mes. De acuerdo con las leyes provinciales, la empresa LIAG deberá gestionar previamente las autorizaciones correspondientes ante la Dirección de Bosques de la Provincia de Formosa.

2- Inmediatamente después del cadeneo, se hará una siembra aérea de pastos, Gatton Panic o similar.

3- La retirada de la madera se estima en 400 ha/mes Ó 4.000ha/año. Es decir, el sector Norte (que la empresa propone habilitar en primer término), demandaría un período del orden de 1,5 año.

4- El desmonte y la retirada de la madera de valor comercial serán hechos a través de contratistas.

5- Como parte de los acuerdos alcanzados, se resolvió que la empresa entregará los productos del desmonte de 500 ha de bosques maderables en el Sector Norte, en canchón del ferrocarril, la mitad en la estación de Pozo del Morteroy la otra mitad en la estación de Laguna Yema. El producto de la comercialización de la madera, al ser efectivizado por las autoridades locales, se destinará a mejorar las condiciones de las escuelas y servicios de salud de las localidades de Pozo del Mortero y de Laguna Yema.

6- Se gestionará ante la Provincia que prevean con tiempo suficiente las autorizaciones para la retirada de la madera según las disposiciones legales vigentes.

7- Las tareas de desmonte se realizarán en un todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para optimizar la retirada de los productos de desmonte.

8- En las 1.500 ha del Sector Oeste del lote Norte, la empresa LIAG dejará instalado un sistema silvopastoril.

Cultivo
9- El límite máximo del área cultivada será de 18.000 ha. Se destaca la importancia de este punto, puesto que por la legislación forestal vigente, la empresa tendría la opción de expandir la agricultura hasta 30.000 ha es decir, un 75 % de la superficie total. Esta decisión permite configurar un área protegida de 22.000 ha como parte de los mecanismos de compensación.

10- El 100 % del área será cultivada dentro de los criterios de labranza conservacionista, como por ejemplo la siembra directa.

11- Se descartarán los métodos agresivos de labranza.

12- Los sistemas de irrigación a utilizar estarán basados en la optimización del uso del agua, compatible con los costos por hectárea. Se pondrá énfasis en la irrigación por aspersión con equipos de avance frontal o pivote central.

13- Se descartará el uso de sistemas de riego que provoquen pérdidas importantes en la cabecera de los lotes y que generen colas de riego, tales como riego por manto o los sistemas convencionales de riego por surco.

14- Se incorporarán los principios del Manejo Integrado de Plagas en un 100 % de la superficie a cultivar con trigo, soja y maíz. Para el algodón, se incorporarán las nuevas variedades BT en por lo menos 50 % de la superficie, mientras que los principios del Manejo Integrado de Plagas se incorporarán en forma gradual, a partir de un mínimo del 20 % de la superficie ocupada por dicho cultivo.

15- Se realizarán cursos de capacitación del personal de campo, particularmente sobre el uso y mantenimiento de maquinaria agrícola. Se darán cursos especiales, orientados al manejo de agroquímicos.

16- Se establecerán sitios especiales para la acumulación transitoria y posterior destrucción de recipientes de agroquímicos.

17- Si bien la aplicación de la labranza conservacionista y la existencia de una importante superficie destinada a área protegida, cubren las preocupaciones ambientales referidas a erosión y conservación, deberán dejarse cortinas rompe vientos estratégicamente ubicadas, según lo dispuesto enel punto 5 del Capítulo II -Régimen de desmonte-,de la “Reglamentación de trabajos de desmonte vigente en la Provincia de Formosa”.

Areas protegidas
18- Una superficie del orden de 22.000 ha que no serán destinadas a uso agrícola, cumplirá diversas funciones en carácter de áreas protegidas y en tal carácter, serán un instrumento central de materia de compensación ambiental. Los límites de estas áreas protegidas con las zonas de cultivo, serán adecuadamente protegidos.

19- Una vez completado el diseño de las áreas agrícolas, será necesario incluir corredores forestales o zonas de amortiguación, para favorecer la conectividad de las áreas protegidas.

20- Alrededor de la Colonia Aborigen Pozo del Mortero, se establecerá una zona de amortiguación (formada por una faja de bosque nativo), con la finalidad de reducir los efectos del choque cultural que podría implicar la tecnología agrícola a ser adoptada en relación con los hábitos de la población aborigen. Esta zona de amortiguación también servirá para disminuir los riesgos derivados de la aplicación de agroquímicos.

21- En los núcleos de áreas protegidas, la empresa implementará planes de conservación, de restauración y de manejo sustentable de los recursos naturales. Los criterios para la aprobación de dichos planes serán determinados por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología de la Provincia de Formosa, como encargada de la aplicación del Plan de gestión Ambiental. Como medidas iniciales, la empresa apoyará al vivero de árboles nativos del CEDEVA y aportará jornales para trabajos de enriquecimiento forestal; ofrecerá apoyo logístico para el Proyecto Loro Hablador; realizará 12 análisis de muestras compuestas de suelos de áreas a ser desmontadas; y construirá de 10 a 15 tajamares en sitios a ser determinados con criterios ambientales.

22- Se gestionará ante la Provincia la declaración del vaso de Laguna Yema como Area Protegida. En el momento de concretarse esta iniciativa, la empresa LIAG la apoyará a través de la construcción de una cabaña y de la compra de una movilidad.

Otros temas.
23- Las características del sistema de monitoreo serán definidas por la Subsecretaría de Recursos Naturales yEcología de la Provincia de Formosa, quien tendrá a su cargo el Plan de Gestión Ambiental.

24- Se gestionará ante la Provincia la instalación en terrenos del CEDEVA, de una Escuela Agrícola. La empresa LIAG apoyará esta iniciativa a través de esquemas de programas de capacitación equivalentes a los aplicados en Finca Tolloche.

25- La empresa LIAG apoyará la instalación en el CEDEVA de un Ecomuseo, cuyas primeras colecciones consistirán en los materiales retirados de los yacimientos arqueológicos identificados en el área del Proyecto.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS.

El proyecto no tiene impacto sobre el clima regional. No se prevén efectos de desertificación inducida. Por el contrario, aumentarían los Índices de productividad de la biomasa (lo inverso de la desertificación).

Los riesgos de erosión eólica o hídrica, fueron virtualmente eliminados con la adopción de medidas acordadas con la empresa, particularmente la adopción de los criterios de labranza conservacionista en el 100 % del área agrícola.

Los riesgos de contaminación del agua superficial por pesticidas se reducen por la aplicación de labranza conservacionista y de criterios de manejo integrado de plagas, pero no pueden descartarse. Por tal motivo, han sido objeto de especiales recomendaciones en el Plan de Gestión Ambiental.

No existen comunidades vegetales ni especies animales o vegetales que sean exclusivas del área a ser desmontada. Por el contrario, al estar ampliamente representadas regionalmente, la afectación de los tamaños poblacionales será muy reducida, no implicando riesgos para la sobrevivencia de especies.

Por lo anterior, el desmonte fue caracterizado como un daño admisible, lo que dio lugar, como medida de compensación, a la creación de una superficie de 22.000 ha de áreas protegidas, destinadas a restauración y al desarrollo de experiencias de manejo sustentable de flora y fauna.
Los tamaños poblacionales de las especies tendrían una afectación mínima, lo que junto con el hecho de no ser aplicables los criterios de fragmentación ni los de unicidad, permiten concluir que el proyecto no tendrá efectos negativos sobre la biodiversidad.

A pesar de no corresponder a esta evaluación, se consideró que la repetición de experiencias semejantes, requeriría de una zonificación ambiental del territorio provincial, con base en la aptitud potencial de las tierras, para evitar futuros problemas ambientales.

La relocalización de pobladores es un impacto negativo, independientemente de la cantidad de afectados y de su situación legal. Al mismo tiempo, es condición para la ejecución del proyecto. Por tal motivo también fue caracterizada como daño admisible, por lo que se implementaron adecuadas medidas de compensación.

El impacto de la generación de empleo en blanco será marcadamente positivo, en particular por la situación local de altas tasas de desempleo, trabajo transitorio y en su mayor parte en negro.
El proyecto generará una serie de exterioridades, a comenzar por el hecho de que tanto en las áreas agrícolas (como efectos de la siembra directa), como en las áreas protegidas, se prevé un aumento en los contenidos de materia orgánica de los suelos es decir, que los mismos funcionarán como verdaderos sumideros permanentes de CO2.

La Provincia podrá mejorar sensiblemente sus actividades vinculadas con el desarrollo de su política de aguas, tanto en lo referente a la información básica, cuantoa las normas de administración del recurso.

El hecho de haber instalado el tema de la zonificación ambiental basada en la aptitud potencial de las tierras surge como un beneficio para la Provincia, porque le permitirá disponer de una herramienta básica para la planificación sustentable de su desarrollo.

La propia actividad comercial de la firma, así como el movimiento generado por su empleados, tendrán una serie de efectos indirecto positivos sobre la localidades de su área de influencia.

CONCLUSIONES

Un elemento esencial de este estudio, consistió en mantener estrecho contacto con todas las partes involucradas, tanto las autoridades provinciales, como los representantes dela empresa y los miembros de las organizaciones ambientalistas, a efectos de administrar el conflicto, teniendo en cuenta los intereses de las partes involucradas. Al respecto, cabe destacar que aunque no fuera una exigencia del contrato, ni de la ley ambiental de Formosa, se mantuvieron diversas reuniones por iniciativa del director de este estudio; tres en Formosa con representantes de entidades ambientalistas locales, y dos en Buenos Aires con organizaciones ambientalistas de carácter nacional. La Audiencia Publica prevista por la Ley Ambiental 1.060 se realizó en la localidad de Laguna Yema, el 17 de junio de 1998.

Esta política de diálogo abierto con todas las partes, fue el punto central de los trabajos realizados, y la razón principal que permitió arribar a una serie de acuerdos que viabilizan al proyecto dentro de las pautas establecidas por las disposiciones vigentes en la provincia, ya tendiendo a los requerimientos de carácter ambiental.

Es necesario resaltar el papel cumplido por todas las partes. Ante la presentación del proyecto, las entidades ambientalistas cumplieron con la importante función de alertar sobre posiblesproblemas, reclamaron la realización de las evaluaciones de impacto ambiental y participaron en las reuniones con una actitudpositiva. El gobierno provincial decidió rápidamentela realización de los estudios, facilitó toda lainformación necesaria y fundamentalmente apoyó lasgestiones necesarias en diversas instancias. Los representantesde la empresa pusieron información a disposición y con una actitud constructiva, apoyaron las diversas alternativas de compensación que surgían de los estudios, dándoles un marco de aplicación realista.

Es importante destacar que se analizaron diversas alternativas y características de impacto, los que fueron considerados en función de tres niveles de percepción: Local, correspondiente al lote de 40.000 ha asignado a la empresa LIAG; Zonal, sobre una superficie 10 veces mayor que el lote (400.000 ha) y Regional, sobre 4.000.000 ha o sea 100 veces la superficie del lote.

Es importante discutir sobre el concepto de daño admisible,utilizado particularmente en relación con los desmontes previstos y con la relocalización de familias ocupantes del lote. En ambos casos aunque las medidas fueron consideradas necesarias para viabilizar al proyecto, se generaba un daño que como tal no ocurriría en la situación sin proyecto. Esto dio lugar a que se accionaran los mecanismos de compensación, en donde es necesario insistir que los resultados positivos que se alcanzaron, fueron gracias a las importantes contribuciones aportadas por los funcionarios de gobierno, las entidades ambientalistas y los representantes de la empresa, lo que permitió superar el conflicto.

Otra característica distintiva de este estudio, fue el hecho de no haber contado con un proyecto ejecutivo en el momento de iniciar la evaluación, tema que es analizado en la introducción de este Informe Final. Esto permitió utilizar los resultados y conclusiones de esta evaluación de impacto ambiental como virtuales términos de referencia para el futuro contrato con la empresa LIAG. Asimismo, permitió a la Provincia adquirir una experiencia en este tipo de enfoques, que puede ser extrapolada a otros ejemplos.

Tal vez el mayor rédito de este proceso, derive del hecho de que se pudo demostrar que el cumplimiento de las normas ambientales no sólo no tiene por ser una traba para el desarrollo,sino que precisamente hace que éste transite por los senderos de la sustentabilidad.

 (*) Jorge Adámoli. Ingeniero agrónomo graduado en la Univesidad de Buenos Aires. Posgrado en Ecología de la Université de Montpellier (Francia). Investigador del CONICET y profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Consultor en Ecología de organismos internacionales (OEA, IICA, Naciones Unidas, Banco Mundial), así como de Organismos Nacionales y empresas privadas.